Las declaraciones del secretario general del gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, respecto al semanario Zeta, causaron reacciones a nivel nacional, en apoyo a Adela Navarro, co-directora del semanario y su equipo de trabajo.

Rodríguez Lozano fue cuestionado sobre su supuesta relación con el caso de corrupción que se ha venido ventilando en los últimos días y que llevó a la renuncia de la entonces secretaria de Inclusión y Bienestar Cinthya Gisel García Soberanes y quien fungiera como oficial mayor del gobierno del estado.

Rodríguez Lozano refirió que se trataba de una acción sin fundamento (relacionarlo), y mencionó a Zeta, afirmando que fue en respuesta a que no se les está comprando publicidad y por una investigación en torno a Gustavo de Hoyos Walther.

La respuesta de seguidores de Zeta, políticos, periodistas y público en general, no se hizo esperar y por todos lados surgieron reacciones en favor de los comunicadores.

La organización internacional Artículo 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, condenó públicamente las amenazas recibidas por la periodista Adela Navarro Bello, directora general del semanario Zeta, con sede en Tijuana.

De acuerdo con un comunicado emitido por la ONG, Navarro ha recibido ocho llamadas telefónicas amenazantes entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025. El mensaje ha sido directo y repetido: "Dile a Adela Navarro que se cuide", seguido de un colgado inmediato.

Las amenazas, detalló Artículo 19, fueron realizadas a números antiguos y al teléfono principal del semanario, el cual no cuenta con identificador de llamadas, lo que sugiere el uso de distintas líneas y posiblemente varios individuos involucrados.

Investigaciones incómodas y falta de respuesta oficial

Las intimidaciones comenzaron tras la publicación del reportaje “FGE oculta información de narcofosa” y se intensificaron tras una serie de notas que involucran presuntos actos de corrupción en el gobierno estatal de Baja California, incluyendo la revocación de visas por parte de EE.UU. a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su esposo Carlos Torres.

A pesar de que la periodista ya notificó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, hasta el momento no se ha iniciado una investigación formal ni se le ha ofrecido alguna medida efectiva de protección, subrayó la organización.

"La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público", denunció Artículo 19.

Exigen protección y acciones urgentes

La organización exigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrir una investigación inmediata, imparcial y con enfoque de género.

También hizo un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que brinde medidas de resguardo a Navarro y al equipo de Zeta, medio reconocido por su cobertura crítica del crimen organizado y la corrupción política en Baja California.

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció varios cambios en su gabinete, donde se nombraron nuevos funcionarios a la dependencias del gobierno de la capital del país, entre las que se destaca Amador Rodríguez Lozano, quien fue secretario general de gobierno en Baja California, entre 2019 y 2021, esto durante el mandato de Jaime Bonilla como gobernador de la entidad. 

Rodríguez Lozano ahora será el titular de la recién creada Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales, por lo cual ningún funcionario fue removido de su cargo para la llegada de quien también fue Diputado Federal y Senador de la República.

Rodríguez Lozano es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor titular de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la misma universidad, además que en su trayectoria profesional cuenta con una amplia experiencia en la administración pública en distintos niveles de gobierno. 

Otros de los cambios realizados en el gabinete de la jefa de gobierno son Nathalie Desplas Puel a la Secretaría de Turismo, Rebeca Olivia Sánchez Sandín como Directora General del DIF, Carlos Ulloa Pérez a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rigoberto Salgado Vázquez a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Rosario Castro Escorcia como la nueva directora General del Metrobús y Roberto Capuano como asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex). 

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A título personal el Delegado Federal Único en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, dijo que además de los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y de Lourdes Maldonado López, la autoridad también debe de investigar el homicidio de Héctor Miranda, mejor conocido como "El Gato Félix". 

"Tiene que ver otra -línea de investigación- en donde se revise los antecedentes que ha habido en Baja California y el más notable, digamos el primero que llamó la atención en Baja California y que es una especie de ícono en este tema del señor Héctor Miranda Félix, conocido como El Gato", comentó el funcionario. 

Señaló que todas las personas que hayan tenido conflictos con los periodistas deben de ser investigados por las autoridades. En el caso del homicidio de "El Gato", hizo una referencia al empresario casinero Jorge Hank Rhon. 

"Es imposible deslindar hasta la fecha las sospechas del señor que tiene caballos allá arriba, toda esa gente debe estar en la investigación porque hay antecedentes", declaró Ruiz Uribe.

Luego se llevó a cabo la expropiación de los campos de béisbol en Playas de Tijuana, el Secretario General de Gobierno, Armador Rodríguez Lozano, aclaró que la conocida manzana codiciada fue entregada a la liga para mantener los campos en buenas condiciones y no utilizarlo para otro fin.

Explicó que los directivos de la liga de béisbol estaban vendiendo los terrenos pues el 20 de septiembre del 2020 mediante un oficio emitido por administración urbana INCOBUSA solicita y obtiene autorización para construir 100 viviendas.

Indicó que de manera irregular una manzana de 10 mil metros cuadrados fue otorgada a nombre de Vanessa Lizeth Rodríguez.

Por su parte, el Gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, confirmó que esto se autorizó durante la administración del ex alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz.

Rodríguez Lozano, dijo que el objetivo de la expropiación es abatir el déficit de áreas verdes en la ciudad de Tijuana, abatir la falta de unidades deportivas, acceso equitativo espacios públicos de calidad a toda la población así como mejorar la calidad de vida.

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El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano aclaró que, sí presentaron la renuncia funcionarios de primer nivel, desde secretarios, subsecretarios, directores generales y hasta coordinadores de área, desmintiendo la versión de algunas personas de medios de comunicación y en redes sociales.

“Tal y como lo instruyó el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, y en coordinación con Oficialía Mayor, estamos revisando que ya todos hayan presentado la renuncia, sobre todo los puestos de primer nivel; y si hay alguien que se quiera pasar de listo, vamos a tomar las medidas pertinentes”, dijo el Titular de la SGG. 

Afirmó que la intención es dejar los puestos de primer nivel libres, tal y como sucede en cada cambio de administración estatal, donde el gobierno entrante coloca a los perfiles profesionales que más le convienen.

“Reiteramos nuestro compromiso de apoyar a la siguiente administración estatal a la cual le deseamos lo mejor, por el bien de los bajacalifornianos; pero si quiero desmentir categóricamente que haya una instrucción para que no renuncien, es completamente falso”, dijo Rodríguez Lozano.

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