El fiscal regional Jorge Álvarez Mendoza, informó que el cuerpo desmembrado hallado en dos maletas el pasado 20 de noviembre en el fraccionamiento Residencial del Bosque corresponde al de un migrante salvadoreño.

En conferencia de prensa, explicó que Jorge Alexander Cerbano Melara de 35 años, ya tenía seis meses radicando en Tijuana.

Jorge Álvarez explicó que hay varias líneas de investigación y la más sólida deja entrever que el asesinato ocurrió por el comportamiento conflictivo de la víctima.

Refirió que el salvadoreño residía desde hace medio año en la zona norte del primer cuadro de la ciudad, incluí laboraba en una pizzería.

Detalló que un día antes de ser hallado desmembrado, estuvo en varios bares de la zona norte, desde donde se estuvo comunicando con su amigo.

Al amigo le insistía en que lo acompañara a tomar, y en un último mensaje le dijo que tenía problemas con una mujer, sin embargo, el amigo no acudió.

La esposa de Jorge Alexander denunció a una cadena televisiva que ella, sus dos hijos y su esposo esperaban una respuesta de la corte norteamericana para recibir asilo en la Unión Americana.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quedó muy furioso por la derrota de la Selecta ante la Selección Mexicana y aseguró a través de sus redes sociales que es momento de hacer algo para cambiar esa inercia.

"Yo creo que es hora de intervenir... Nos sancionan un par de años y luego volvemos jugando de verdad", escribió Bukele. 

Además, su hermano Yamil Bukele también dejó un mensaje en Twitter, a lo que el presidente se dio tiempo de retuitear para enfatizar en lo que la falta a la Selecta para un verdadero cambio hacia el éxito.

"Puede existir mucho talento, ganas e, incluso, coraje en algunos momentos. Incluso, la suerte puede estar presente. Pero, si no se aplica la psicología deportiva y la musculación en los nuestros, seguido del fortalecimiento de la liga, no veremos grandes cambios".

El Salvador marcha en penúltimo lugar del octagonal de la Concacaf, sin embargo, solamente se encuentran a tres puntos de Panamá, quien tendría de momento el boleto para el Repechaje, aunque la realidad es que luce complicado el panorama. 

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la Ley Bitcoin y el centroamericano se convirtió con ello en el primer país del mundo en reconocer la criptodivisa como moneda de curso legal de intercambio.

La iniciativa, que salió adelante gracias al voto a favor de 62 diputados de los 84 que componen el Parlamento de mayoría oficialista y entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, establece solo el curso legal del bitcoin y no de otras criptomonedas.

La medida no contó con los votos de 19 diputados, 14 parlamentarios de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), 4 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Arena, derecha) y uno del diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo, todos partidos opositores.

La normativa la dio a conocer a través de Twitter el presidente Nayib Bukele, quien ya el sábado anunció en un video difundido durante la conferencia Bitcoin 2021 celebrada en Miami que enviaría dicha propuesta de ley a la Asamblea, y fue introducida a la sesión parlamentaria sin mayor discusión legislativa.

De acuerdo con el decreto, la ley tiene como objeto la regulación del bitcoin como moneda de curso legal, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que la personas naturales o jurídicas públicas, o privadas requieran realizar.

La ley establece que el cambio entre el bitcoin y el dólar estará establecido "libremente por el mercado" y no estará sujeta a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal.

Y también que todo agente económico deberá aceptar el bitcoin como forma de pago "cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio" y que el órgano Ejecutivo creará la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda, de acuerdo a lo establecido en la ley.

Críticas e incógnitas

Desde que Bukele anunciara el sábado su intención de enviar el proyecto de ley a la Asamblea para su aprobación, la cuestión ha suscitado la crítica de los que señalan que quedan muchas incógnitas por despejar con respecto a la implementación del plan.

Ese mensaje fue el que repitió el diputado opositor Rodrigo Ávila durante su intervención en el pleno de la Asamblea.

Dijo que el bitcoin es "un mecanismo monetario volátil y su uso genera una situación grave si no se toman las medidas pertinentes" y advirtió que el bitcoin "se permite en varios países pero no ha sido oficializado como moneda de curso legal, lo que sí se está haciendo aquí sin un mayor análisis, ni la discusión debida".

Sin embargo, el presidente Bukele señaló en su Twitter que "la #LeyBitcoin es ambiciosa, pero sencilla, además está bien estructurada para que tenga riesgo 0 (cero) para quienes no quieran asumir riesgos".

Y apuntó que "el gobierno garantizará la convertibilidad al valor exacto en dólares al momento de cada transacción".

Ya en el video emitido el sábado en la conferencia Bitcoin 2021, considerada uno de los mayores encuentros sobre criptomonedas, el mandatario dijo que la autorización de la criptodivisa como moneda de curso legal "en el corto plazo generará empleos y ayudará a proveer inclusión financiera para los miles de personas que se encuentran fuera de la economía formal".

Y se anunció que El Salvador se asociará con Strike, una empresa de pagos digitales, para crear una infraestructura financiera moderna basada en el bitcoin.

La iniciativa obligaría a adecuar el sistema financiero en El Salvador para el uso general del bitcoin.

Sin embargo, varios expertos apuntaban a otras dudas por despejar sobre cómo se ejecutará el plan.

Jack Mallers, fundador de la plataforma Strike, dijo durante la conferencia que el uso del bitcoin puede ayudar a bajar los costos de las transacciones y a aumentar la inclusión financiera en un país como El Salvador donde una parte importante de la población no tiene cuentas bancarias.

"Adoptar una moneda digital nativa como moneda de curso legal proporciona a El Salvador la red de pagos abierta más segura, eficiente y globalmente integrada del mundo", dijo Mallers.

El corresponsal de la BBC Will Grant afirmó el sábado que se trata de un paso "atrevido" y destaca que gran parte de la economía de El Salvador se basa en las remesas del exterior y el cambio a una moneda digital puede permitir que las familias eviten las costosas tarifas que implica enviar dinero a casa cada mes.

"De cualquier manera, es un movimiento que probablemente refuerce la imagen de bitcoin como la 'moneda del futuro' y la posición del presidente Bukele entre sus partidarios como un innovador", asegura.

Para Rohan Gray, un experto de Digital Currency Global Initiative, Bukele es "un presidente joven que intenta capitalizar una imagen popular"."Hay mucho de relaciones públicas detrás de anunciar algo como esto, incluso si no se han resuelto todos los detalles", le dijo a la BBC.Gray advirtió que un país que adopte una criptomoneda como moneda de curso legal otorgaría un control considerable "a una red que no es estable, no tiene actores responsables y no tiene un historial de proporcionar el tipo de estabilidad de precios y liquidez que se supone que debe proporcionar una moneda".

Bukele ha sido defensor del uso del bitcoin desde, al menos, 2017.

Tras el triunfo obtenido por su partido "Nuevas Ideas", en las elecciones legislativas de febrero pasado, el mandatario cuenta con una mayoría absoluta a su favor para dar luz verde a sus propuestas.

En Japón, uno de los países más avanzados del mundo en el uso de criptomonedas, una reforma legal en 2017 convirtió al bitcoin en forma de pago, lo que algunos interpretaron como que se le había otorgado el estatus de moneda de curso legal.

Sin embargo, un reporte publicado en 2018 por el Banco Central de Japón aclaró que la criptomonedas como el bitcoin "no son una moneda de curso legal y su uso para pagos depende de la voluntad de la contraparte para aceptarlos".

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó esta mañana el asesinato de Victoria Salazar, migrante salvadoreña, a manos de policías de Tulum, Quintana Roo, y aseguró que es un hecho que llena de dolor y de vergüenza y garantizó que no quedará impune.

En conferencia de prensa y previo a dar la declaración de inauguración del Foro Generación Igualdad, impulsado por la ONU y copresidido por México y Francia, el titular del Ejecutivo federal reconoció que la mujer migrante fue brutalmente tratada y que se trató de un asesinato.

“Antes de leer este texto que escribí para esta ocasión, quisiera expresar mi pesar por un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México. Una mujer, Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, fue sometida por la policía, por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo fue brutalmente tratada y asesinada es un hecho que nos llena de pena dolor y vergüenza.

“Decir a sus familiares a las mujeres salvadoreñas mexicanas a las mujeres del mundo a todos hombres y mujeres que se va a castigar a los responsables. Ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que una característica de su gobierno, a diferencia de otros, es que antes había autoritarismo y se cometían estos hechos con frecuencia “y además había impunidad ahora no se respetan los derechos humanos y hay cero impunidad”.

“Se castiga a los responsables. En México estamos atendiendo la primera causa de la desigualdad que padecemos y creo que ese debe ser un enfoque a considerar para buscar la igualdad de género que no puede separarse verse como una cosa o un movimiento desprendido del hecho de que prevalece en el mundo un sistema político económico que oprime explota, que humilla a hombres y mujeres”, aseveró.

La mujer que murió el sábado a manos de la policía municipal de Tulum fue identificada como Victoria Esperanza Salazar Arrianza, originaria de Sonsonate, El Salvador, informaron esta noche fuentes del Ayuntamiento de Tulum.

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, se pronunció ante los hechos ocurridos y aseguró que ya se encuentran en contacto con los familiares de la víctima e investigando qué pasó. También informó que a través de la Embajada del país en México se estaban haciendo todas las diligencias pertinentes ante las autoridades mexicanas.

“A la familia de la víctima reiteramos el total apoyo y acompañamiento del gobierno del presidente @nayibbukele. Nuestras oraciones están con los seres queridos de nuestra compatriota”, tuiteó.

Ya estamos en contacto con los familiares de la salvadoreña que falleció en Tulum, Quintana Roo, México, en un hecho que está siendo investigado.

A través de nuestra Embajada de @ElSalvador_MX estamos haciendo todas las diligencias pertinentes ante las autoridades mexicanas.

— Alexandra Hill Tinoco (@CancillerAleHT) March 29, 2021

Su muerte, que la Fiscalía General de Quintana Roo investiga con carácter de homicidio en el que “probablemente participaron elementos de la policía municipal”, ha generado la condena de autoridades de todos los niveles, colectivos feministas y la sociedad en general que exigen justicia en este hecho.

La escritora y activista, Denise Dresser, se unió al señalamiento en redes “no murió, la mataron”, luego de que se difundiera un video en el que se ve a una mujer que muere mientras es sometida por cuatro policías de Tulum.

“En México, donde ser mujer es vivir en peligro permanente”, agregó en su mensaje Dresser a través de Twitter.

Por su parte, la Red Feminista Quintanarroense consideró que es resultado y muestra de la “nula capacitación y garantía de los Derechos Humanos, y la inexistencia de protocolos de detención” con perspectiva de género.

En tanto, anoche un grupo de personas se manifestó frente a las oficinas de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, de Tulum, donde aventaron piedras e ingresaron a las instalaciones, de donde se llevaron radios de comunicación y bicicletas.

Al respecto, el Gobierno de Tulum informó que todo ocurrió a partir de un reporte recibido sobre “alteración en la vía pública y agresión”, en donde una mujer estaba “agrediendo a trabajadores y transeúntes” en una tienda Oxxo ubicada en la colonia Tumben Ka.

De acuerdo con la versión oficial, cuando los elementos de la policía municipal llegaron al lugar, la mujer no estaba alcoholizada, pero sí mostró un comportamiento “agresivo”, por lo cual fue sometida por cuatro agentes. Ya en el suelo, esposada, boca abajo la mujer se quejaba, mientras una policía se colocó de rodillas sobre su espalda para inmovilizarla.

“Posteriormente se desmayó, la subieron a la Unidad y en el camino comenzó a convulsionarse; le quitaron las esposas y la trasladaron al centro de salud; demoraron en ingresarla y, cuando llegó la ambulancia, la declaró sin signos vitales”, se indica en el reporte.

Separan del cargo a policías que sometieron a una mujer

Los agentes que sometieron a la mujer fueron separados del cargo y presentados ante la Fiscalía General de Quintana Roo, que abrió una investigación sobre el caso.

La dependencia señaló que investiga lo ocurrido con carácter de “homicidio”, en agravio de una mujer de identidad reservada, en donde “probablemente participaron elementos de la policía municipal”.

En videos difundidos en redes sociales se observa a los cuatro oficiales, al pie de una patrulla, rodeando a la víctima, esposada, sometida en el piso por uno de los policías quien se encuentra arrodillado sobre su espalda.

Un grupo de al menos seis familias de una localidad del occidente de El Salvador fueron amenazadas por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), lo que ha obligado a estas personas a desplazarse forzosamente, según informaron este domingo medios locales.

Según información del periódico La Prensa Gráfica, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación del municipio de San Julián (occidente) confirmaron que familias del cantón Peña Blanca han abandonado sus viviendas luego de ser amenazadas por supuestos miembros de la pandilla MS13.

Señaló que el hecho circuló el sábado en redes sociales y que hoy agentes de la PNC lo confirmaron y dieron que fueron alertados que las familias estaban huyendo de sus casas por "amenazas de los pandilleros", según indicó un agente policial.

Otro medio informó de que un grupo de policías realizó la mañana del domingo un operativo en el lugar para localizar a los responsables e indicó que el alcalde de San Julián, Manuel Engelhard, solicitó a la Policía y a miembros de la Fuerza Armada más seguridad en la zona.

Por el momento no se ha brindado más información de parte de las autoridades de Seguridad.

Este hecho sucede días después de que el medio de investigación El Faro publicara un reportaje, que cita documentos oficiales y declaraciones de un líder de la pandilla, que señala que el Ejecutivo lleva negociando con la MS13 desde junio pasado y que el pacto incluye favores electorales para los comicios del 2021 y baja de los homicidios a cambio de privilegios para la pandilla.

El desplazamiento forzado generado por las pandillas, que también son señaladas de cometer la mayoría de crímenes en este país centroamericano, aún no es reconocido como un fenómeno por las autoridades gubernamentales.

Sin embargo, en enero pasado la Asamblea Legislativa aprobó una ley para la protección de las víctimas y restitución de derechos.

La aprobación de esta legislación especial se dio tras un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2018.

Dicha resolución judicial, que estableció que el sistema de protección de víctimas de violencia era "anacrónica, restringida y deficiente", se dio en respuesta a una recurso de amparo presentado en 2017 por una familia que fue víctima de las pandillas y de la Policía.

"El desplazamiento forzado interno en El Salvador encuentra como principales determinantes los altos índices de victimización, territorios con tejido social frágil, el control territorial por grupos criminales, así como las amenazas que obligan a las personas a abandonar sus hogares", reconoce la ley.

La normativa también contempla la creación de un registro único de personas desplazadas por la violencia, con lo que el Gobierno generará cifras oficiales del fenómeno.

El único dato oficial que se maneja en al actualidad es que el 1,1 % de la población salvadoreña "ha sido forzada a desplazarse" entre 2006 y 2016, porcentaje que representa a más de 70.000 personas.

Esta cifra fue dada en declaraciones a la prensa por la jefa de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país, Elisa Carlaccini, en noviembre de 2018.

Por otra parte, una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) estima que el 5,2 por ciento de la población adulta de El Salvador se desplazó por la violencia en 2018. Este dato equivale a más de 235.700 personas.

Cristosal y otras dos organizaciones sociales atendieron en 2019 a más de 600 víctimas.