El diputado Gerardo López Montes, informó que ya se analiza una posible vía jurídica para dar reversa al incremento de impuestos que se aprobó el último día del 2019.

En entrevista, el legislador del partido de la Revolución Democrática, dijo que lo que hicieron los diputados de MORENA con su mayoría no se justifica.

Cierto que hay una crisis financiera en la entidad, sin embargo, aumentar impuestos al sector empresarial será contraproducente.

Pensar que los empresarios van a absorber el impacto por el incremento de impuestos, es ilógico, pues seguramente habrá aumento de precios.

Estamos analizando las vías jurídicas para actuar en contra del incremento de impuestos, reiteró el diputado local.

En el 2022 el gobierno Municipal agregó por primera vez el Valor de la construcción de la vivienda al cálculo del predial a un 30%, dimos la batalla en el Congreso y quedó en un 17.5%, informó la regidora panista Brenda Valenzuela Tortoledo. 

Agregó "Ahora nuevamente se aprobó en cabildo otro aumento para el impuesto predial 2023, incrementando un 20% la tabla de valores catastrales y se aprueba mantener en la fórmula cobrar el valor de la construcción de la vivienda, pero ahora de un 17.5% se aumentó a un 22.5% lo que pagará el contribuyente del valor de la construcción."

Informó que además, la fracción de Morena y sus aliados aprobaron una sobretasa del 1.5 al millar para "Seguridad Pública" de un Plan de Seguridad que no se ha presentado y mucho menos aprobado por quienes integran el cuerpo edílico municipal.

Valenzuela Tortoledo adelanto que darán la batalla en el Congreso del Estado de Baja California a través de los diputados Alejandrina Corral Quintero, Diego Echevarria y Amintha Briceño del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para evitar otro golpe a la economía de las familias Ensenadenses.

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Integrantes del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), presentaron un amparo contra la Ley de Ingresos 2020 que aprobó la XXIII Legislatura.

El coordinador de COCI, Carlos Atilano Peña, indicó que este documento, presentado ante un juez federal tiene como objetivo que la aprobación del alza a impuestos quede sin efecto.

Argumentó que son varios los procedimientos legislativos que se violentaron para aprobar "en lo oscurito" los impuestos.

Se daña a la sociedad con el alza a impuestos porque al final el sector empresarial tendrá que incrementar precios lo que afectará al ciudadano.

Añadió que el gobierno estatal tiene que presentar el plan que tiene para utilizar los impuestos, puesto que no se sabe si el recurso va a gasto corriente o pago de deuda.

El coordinador de COCI comentó que ya hay antecedente de organizaciones que se paran contra el alza a impuestos.

Con el incremento al impuesto sobre nómina, Baja California se convierte en el estado que más paga, señaló Francisco Rubio Rangel, presidente de Canacintra Tijuana.

Además, dijo que el aumento de los impuestos ahuyenta a los inversionistas de ahí que pueda bajar el arribo de nuevas empresas.

Genera desconfianza que se aumenten los impuestos y que no nos muestren un plan para revertir la crisis en las arcas públicas.

Tampoco hemos visto si parte de los recursos que se recauden por el alza a impuestos se va a destinar a la infraestructura.

Anteriormente, Chihuahua era la entidad que más aportaba en el rubro del impuesto a la nómina, ahora será Baja California, lamentó.

Derivado del aumento a los impuestos en Baja California no se descarta la posibilidad de que se presenten margenes de inflación más altos, dijo el subsecretario de Economía en el estado, Rubén Roa Dueñas.

Una tasa de inflación de no más del 4.5 por ciento, que de acuerdo con el funcionario sería absorbida en algunos meses.

"Estariamos hablando de una tasa de inflación de no más del 4.5 por ciento... eso usualmente se puede absorber en unos cuatro meses", indicó.

Agregó que los indicadores macroeconómicos como el tipo de cambio y la tasa de interes se encuentran estables, por lo que duda que los impuestos tengan un efecto a largo plazo sobre la inflación.

Señoras y señores diputados locales de MORENA en Baja California deberían informarle a los bajacalifornianos cuál es su salario real y cuáles son sus canonjías, porque claro que las hay.

Sin embargo, los legisladores locales de MORENA y sus aliados del Verde, PT y Transformemos, y claro del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PBC, PRD e independientes se quedan calladitos, no les conviene decirlo.

Por lo que cada diputado seguirá recibiendo lo mismo que la pasada Legislatura que tanto fue criticada por sus abusos, o hasta más.

Para empezar además de incrementar impuestos supuestamente a los empresarios que terminarán pagando el pueblo, se aumentaron su presupuesto de egresos del 2020, es decir para ellos no habrá crisis.

En la pasada XXII Legislatura el presupuesto del 2019 fue de 730 millones 581 mil 818 pesos, y en este 2020 será de 791 millones 887 mil 541 pesos, es decir 61 millones 306 mil 723 pesos más.

El mayor incremento al presupuesto corresponde a la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) que en el 2019 ejerció 161 millones 758 mil 156 pesos, y ahora tendrá 203 millones 192 mil 999 nueve pesos.

Sabemos que ser diputado local en Baja California es sacarse la lotería porque viven como reyes, es un gran negocio sin invertir un peso. Por ejemplo, en la anterior XXII Legislatura cada diputado ganaba un salario neto de 63 mil pesos mensuales, es decir 756 mil pesos al año.

Además, en los servicios de traslado y viáticos (hospedaje en Mexicali, alimentación, gasolina y casetas) tenían a su disposición 46 mil pesos mensuales por diputado.

Por la partida de gasto social y cultural, son 56 mil mensuales por diputado.

Por gastos de representación tenían 300 mil mensualmente, es decir, 3 millones 600 mil por diputado al año. Y de ahí se “pagaban” los asesores de las comisiones y de honorarios asimilables, también se “cubrían” los sueldos de los asesores del grupo parlamentario y los asesores de comunicación, además de solventar los gastos de representación fuera del Estado y sus viáticos

Tenían una partida denominada ayuda social (humanitaria) a personas, por 200 mil pesos mensuales.

Estas cifras fueron tomadas del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019 del Poder Legislativo de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 31 de diciembre del 2018.