Se asegura de la solicitud de una orden de aprehensión en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid por parte de la Fiscalía General de la República a un Juez Federal.

Fuentes extraoficiales lo señalan y que se deriva de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Al momento oficialmente ninguna autoridad ha confirmado o negado dicha información.

Tres ex funcionarios de la administración estatal que encabezó Francisco Vega de la Madrid fueron declarados como No Vinculados a Proceso por un juez de control del Poder Judicial del estado luego de una jornada de más de doce horas, durante las cuales se realizaron las audiencias de Formulación de Imputación y de Vinculación a Proceso. 

Fueron José Luis "N", Isauro "N" y Miguel Ángel "N", funcionarios de nivel subsecretaría de la extinta Secretaria de Planeación y Finanzas (hoy Secretaria de Hacienda) los acusados del delito de Abuso de Autoridad. El caso expuesto por la Fiscalía General del estado (FGE) se basó en la acusación de desvió de más de 1 mil 586 millones de pesos en adjudicaciones directas a 91 empresas que no se encontraba en el registro de proveedores ni teniendo un expediente que mostrara sus trabajos previos. 

El caso se derivó en el Número Único de Caso NUC 02-2019-42685 y se presentó ante juez bajo la Causa Penal 05760/2020. 

En la audiencia inicial de Formulación de Imputación, que comenzó a las 09:00 horas de este miércoles, el juez de control consideró legal la imputación del delito. 

Sin embargo, ya en la audiencia de Vinculación a Proceso y luego de la exposición de los antecedentes de investigación y la argumentación de las partes, el juez de control no encontró elementos para iniciar un proceso, es por lo que se decretó Auto de No Vinculación a Proceso en la presente causa penal. 

Aún así, la resolución del caso no significa que la investigación quede extinta por parte de la autoridad correspondiente y pueden reintentar la vinculación a proceso.

La Paz, Baja California Sur. El Diario Oficial de la Federación del 9 de junio informa que a empresa Anhelo Resort, propiedad del exgobernador bajacaliforniano Francisco “Kiko” Vega de la Madrid solicitó una renovación de concesión en la zona marítimo terrestre de Buenavista, al norte de Los Cabos, donde pretende construir una marina yates con una inversión millonaria.

La empresa Anhelo Resort S.A. de C.V. consiguió una renovación de su concesión, por lo cual deberá pagar una contraprestación de 25 millones de pesos. El desarrollo turístico, que incluye una marina para más de 500 yates de hasta 200 pies, dos hoteles, lotes residenciales, condominios, áreas de eventos y un campo de golf de nivel profesional con 18 hoyos, fue anunciado en 2009, cuando fue adquirido por “Kiko” Vega, siendo gobernador de Baja California, por 58 millones de pesos.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) anuncia la renovación “por conducto de la Dirección General de Puertos”. La modificación al título de concesión al que se refiere es relativo a que se modifique el área de afectación de los bienes de dominio público de la federación, así como la Condición Segunda, estableciendo que la inversión aproximada de las obras será de 371 millones de pesos y que se realizará en un plazo de tres años.

El DOF informa que Anhelo Resorts pagó al Gobierno de México la documentación que acredita fehacientemente el otorgamiento de una fianza cuyo monto será por la cantidad de 25 millones 970 mil pesos, correspondientes al 7 por ciento del valor de la inversión de la obra marítimo-portuaria, conforme a lo estipulado en la Ley de Puertos, en favor de la Tesorería de la Federación.

El proyecto, de acuerdo con la manifestación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), incluye la construcción en la zona federal marítimo terrestre de un canal de acceso, dos rompeolas, un área de operación, muelles, áreas de exclusividad, una grúa para yates de hasta 200 pies de eslora, una rampa de botado y un muelle para abastecer combustible. Esto en un área destinada de 113 mil 139.78 metros cuadrados, de los 213 mil 67.16 metros cuadrados concesionados previamente.

La información oficial no permite saber cuándo comenzarán las obras para la construcción de este nuevo proyecto turístico inmobiliario.

Tomado del periódico Independiente de Baja California Sur

Este día durante la transmisión en vivo el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez mostró una nota periodística de un medio de Baja California Sur donde señalan que la empresa Anhelo Resort, propiedad del ex mandatario Francisco Vega de la Madrid solicitó una renovación de concesión en la zona marítimo terrestre de Buenavista.

"Primero se fue a robar el dinero en Baja California y lo fue a invertir en Baja California Sur porque si no aquí lo iban a linchar" expresó Bonilla 

Destacó que los comentarios que ha hecho en contra de Kiko Vega es porque siempre tiene fundamentos. 

"Nomas opinamos porque tenemos razón" reiteró 

De acuerdo al medio señalan que se trata de un desarrollo turístico que adquirió el ex mandatario panista por 58 millones de pesos. 

"Una verdadera historia tétrica del ex Gobernador y su partido" 

Bonilla Valdez dijo que el nombre de "Anhelo resort" es por el anhelo que tiene Kiko Vega por el dinero.

"Hay dos cosas que no se pueden olvidar, el amor y el dinero y este señor le gusta el dinero que se robó de los BajaCalifornianos" manifestó

La ex presidenta del DIF Estatal, Brenda Ruacho de Vega, no acudió a la Fiscalía General del Estado para firmar el acuerdo reparatorio que implicaba la devolución de 6.8 millones de pesos y el desistimiento de un amparo.

El fiscal central Hiram Sánchez Zamora advirtió que esta firma deberá de ser personalísima, es decir que no puede acudir algún representante legal de la demandada.

Aunque se había mencionado una cantidad superior a los 20 millones de pesos de recursos desviados, la fiscalía sólo pudo acreditar 6.8 millones y señalan que con eso se da por concluido los procesos en contra de Brenda Ruacho.

Se desconoce cuándo citarían de nueva cuenta a Ruacho de Vega para que estampe su firma en el acuerdo al que llegaron con la fiscalía y que proceda con la transferencia a las cuentas de la Secretaría de Hacienda de Baja California.

Pagos en exceso y adjudicaciones directas  en contratos de obra pública; Falta de información sobre el destino de recursos obtenidos por la contratación  de Deuda Pública

En la Comisión de Fiscalización del Gasto Público que preside la diputada Eva Gricelda Rodríguez


La Comisión de Fiscalización del Gasto Publico de la XXIII Legislatura del Congreso local (CFGP), que preside la diputada, Eva Gricelda Rodríguez, no aprobó la cuenta publica  del Poder Ejecutivo de Baja California, correspondientes al periodo 2017 y 2018 encabezado por Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
 
           Según  el informe presentado por la Auditoria Superior del Estado (ASE),  la entidad fiscalizada presenta errores y omisiones significativos y generalizados en la elaboración de los estados y la información financiera , de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017 y 2018, al no haber atendido el marco normativo en materia de emisión de información financiera y otras regulaciones aplicables.
 
Además, los planes y programas institucionales no se ajustaron a los principios de economía, eficiencia, eficacia, valor público y de oportunidad de mejora, asimismo, omitió el cumplimiento de las obligaciones legales en materia administrativa, correspondiente al manejo de los recursos públicos.
 
           También, careció de documentación que sustente debidamente afectaciones al gasto; contratos de adquisiciones y obra pública celebrados indebidamente por adjudicación directa. Asi como la  falta de control y registros contables en el rubro de efectivo; falta de depuración y corrección de saldos contables de cuentas de activo y de pasivo.
Y el incumplimiento al pago de obligaciones fiscales federales, falta de registro de pasivo a través de la figura de descuento de documento; falta de información sobre el destino de recursos obtenidos través de la celebración de contratación de financiamiento de Deuda Pública.
De igual forma, presentó amortizaciones de deuda pública no apegadas a tabla de amortización oficial; contratos de deuda no incorporados al Sistema de Alertas; falta de control y registros contables en el rubro de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos y  pagos en exceso en contratos de obras públicas.
 
           En el mismo sentido fue rechazada la cuenta pública del Fideicomiso de Inversión y Administración para los Empleados del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado , Confianza, Agremiados al S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C. y SNTE sección 37 del ejercicio fiscal 2018, , ya según el Informe Individual de Auditoría, la entidad fiscalizada presenta errores y omisiones importantes al no ajustarse a los principios de economía, eficiencia y eficacia; asimismo, incumplió con las obligaciones legales y normativas en materia de adquisición de servicios, referentes al manejo de los recursos públicos, entre otras.
 
           En otro sentido, fueron avaladas las cuentas publicas de los organismos Instituto Estatal Electoral de Baja California  (IEEBC), Fideicomiso Irrevocable para la Creación del Fondo Judicial del Retiro para el Pago de Haber del Retiro para Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Poder Legislativo del Estado  y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que según el Informe Individual de Auditoría las entidad fiscalizada presentan una seguridad razonable en los estados y la información financiera.