El exgobernador Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, no pagó agua de su vivienda y desarrollos inmobiliarios en los últimos cinco años, denunció el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

En su mensaje matutino, el gobernador morenista, exhibió documentos en los que acredita que el exmandatario panista no pagó el agua.

Afirmó que es indignante que ciudadanos, personas de la tercera edad, realicen el pago del agua y el exmandatario no haya cumplido.

Añadió que se procederá legalmente en contra de "Kiko'' Vega, porque no se vale que haya evadido el pago del agua.

Por otra parte, el delegado único Federal en Baja California, Jesús Alejandro Ruíz Uribe, dijo que cada día avanza más el tema de la reubicación de los colonos de la Sánchez Taboada.

Explicó que continúa el proceso de recabar firmas con los vecinos de la zona para que abandonen la colonia.

Los ciudadanos que se apeguen al esquema de reubicación recibirán apoyo económico estatal hasta en tanto tengan un lugar donde residir.

Pagos en exceso y adjudicaciones directas  en contratos de obra pública; Falta de información sobre el destino de recursos obtenidos por la contratación  de Deuda Pública

En la Comisión de Fiscalización del Gasto Público que preside la diputada Eva Gricelda Rodríguez


La Comisión de Fiscalización del Gasto Publico de la XXIII Legislatura del Congreso local (CFGP), que preside la diputada, Eva Gricelda Rodríguez, no aprobó la cuenta publica  del Poder Ejecutivo de Baja California, correspondientes al periodo 2017 y 2018 encabezado por Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
 
           Según  el informe presentado por la Auditoria Superior del Estado (ASE),  la entidad fiscalizada presenta errores y omisiones significativos y generalizados en la elaboración de los estados y la información financiera , de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017 y 2018, al no haber atendido el marco normativo en materia de emisión de información financiera y otras regulaciones aplicables.
 
Además, los planes y programas institucionales no se ajustaron a los principios de economía, eficiencia, eficacia, valor público y de oportunidad de mejora, asimismo, omitió el cumplimiento de las obligaciones legales en materia administrativa, correspondiente al manejo de los recursos públicos.
 
           También, careció de documentación que sustente debidamente afectaciones al gasto; contratos de adquisiciones y obra pública celebrados indebidamente por adjudicación directa. Asi como la  falta de control y registros contables en el rubro de efectivo; falta de depuración y corrección de saldos contables de cuentas de activo y de pasivo.
Y el incumplimiento al pago de obligaciones fiscales federales, falta de registro de pasivo a través de la figura de descuento de documento; falta de información sobre el destino de recursos obtenidos través de la celebración de contratación de financiamiento de Deuda Pública.
De igual forma, presentó amortizaciones de deuda pública no apegadas a tabla de amortización oficial; contratos de deuda no incorporados al Sistema de Alertas; falta de control y registros contables en el rubro de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos y  pagos en exceso en contratos de obras públicas.
 
           En el mismo sentido fue rechazada la cuenta pública del Fideicomiso de Inversión y Administración para los Empleados del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado , Confianza, Agremiados al S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C. y SNTE sección 37 del ejercicio fiscal 2018, , ya según el Informe Individual de Auditoría, la entidad fiscalizada presenta errores y omisiones importantes al no ajustarse a los principios de economía, eficiencia y eficacia; asimismo, incumplió con las obligaciones legales y normativas en materia de adquisición de servicios, referentes al manejo de los recursos públicos, entre otras.
 
           En otro sentido, fueron avaladas las cuentas publicas de los organismos Instituto Estatal Electoral de Baja California  (IEEBC), Fideicomiso Irrevocable para la Creación del Fondo Judicial del Retiro para el Pago de Haber del Retiro para Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Poder Legislativo del Estado  y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que según el Informe Individual de Auditoría las entidad fiscalizada presentan una seguridad razonable en los estados y la información financiera.

No cabe duda que a la ex primera dama de Baja California, Brenda Ruacho de Vega, le gusta retar a las 

autoridades estatales que la investigan, igual que a su esposo, el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Hace varias horas subió en sus redes sociales una fotografía de su nieta y sus palabras: 

“Quiero compartir con ustedes lo dichosa y bendecida que me siento al tener esta princesa en mis brazos de la que soy orgullosamente su abuelita. 

Brenna, siempre contarás conmigo. Deseo que Dios nos permita compartir muchísimas aventuras juntas...TE AMO! 😍#ByB #NuestraHistoriaApenasComienza #AmorDelBueno”.

El viernes de la semana que finalizó, la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa, dijo que entre los exfuncionarios investigados por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales destaca el exmandatario Francisco Vega, así como la expresidenta de DIF Baja California, Brenda Ruacho de Vega, esposa del panista.

Además, hay que recordar que Brenda Ruacho es investigada por la Fiscalía General del Estado por otros presuntos delitos, incluso su mansión en Tijuana fue cateada el

pasado 8 de mayo del 2020.

El cateo es por la investigación de la Fiscalía General del Estado a la ex primera dama por diversos delitos como fraude y enriquecimiento ilícito.

Dos días después que catearon la mansión donde vivía con su esposo el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, la ex presidenta del DIF, Brenda Ruacho envió en sus redes sociales, felicitaciones a las madres.

La Fiscalía General del Estado cateó su mansión por una investigación en contra de Brenda Ruacho derivada de una denuncia pena presentada por el gobierno de Jaime Bonilla.

La expresidenta de DIF Baja California, Brenda Ruacho de Vega, habría solicitado la devolución de un millón de pesos de la cuenta del DIF y así se detectó un quebranto al erario.

Amador Rodríguez Lozano, secretario de gobierno de Baja California, indicó que por tal motivo, esta tarde se formaliza ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia penal.

En entrevista, Rodríguez Lozano, señaló que el caso se trabaja desde hace meses derivado de varias cuentas bancarias que se abrieron en torno al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) y una estancia infantil.

Explicó que en la pasada administración se donó un terreno donde se construiría una estancia infantil y no se concluyó.

Refirió que entre la apertura de cuentas, figura una con la terminación 777, donde se hicieron depósitos que nunca llegaron al DIF.

En esta "operación" están involucrados la expresidenta del DIF estatal y otros exfuncionarios, añadió Rodríguez Lozano.