Invitado especial al programa radial Brújula, Economía y Finanzas, que se transmite por Cadena 1550 de Grupo Cadena, Gabriel Camarena Salinas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana explica que la función de un organismo empresarial no es estar en desacuerdo con las políticas públicas per se.

Sin embargo, afirma que “tenemos políticas públicas, en cuanto a impuestos, en que se le pasó la mano”.

Al ser entrevistado por el contador público Octavio Corona Flores, uno de los conductores del Programa, explicó que “iniciamos con este gobierno con la expectativa de que no iban a aumentar los impuestos, por nuestra parte, el compromiso del sector productivo fue de invertir y seguir creciendo”.

Refirió que en Baja California vamos mejor que en otras partes del país, pues el PIB interno crece más que la media nacional, sin embargo, otras regionales nos han aventajado, como el Bajío y Nuevo León.

En el 2019 en Baja California se registró una desaceleración en cuanto a generación de empleo y PIB.

“Los economistas nos advierten que a más impuestos, menos competitividad; la inversión extranjera viene de picada”.

Ahora, con nueve diferentes cargas adicionales, “a algunos de estos nuevos impuestos no les entendemos bien. Sobre hospedaje, por ejemplo, tres por cierto es el máximo en el país y ahí nos ubicamos ya, somos 66 por ciento más caros en ese impuesto.

“Hoy podemos estar en una situación que podemos el cliente puede absorber el aumento por la disminución del IVA, que bajó del 16 por ciento como estaba, el poder adquisitivo le dio a nuestra gente la capacidad para adquirir más productos”.

Pero también ha habido afectos colaterales, por ejemplo, En Baja California el Gobierno Federal ha recabado menos IVA.

“Siempre tenemos el riesgo de regresar al 16 por ciento del IVA. ¿Qué pasaría si tenemos que regresar el IVA al 16 por ciento? “, se preguntó.

Sobre el aumento al impuesto sobre hospedaje, encuentra Camarena un escaso impacto en la economía del Gobierno del estado, ya que el 70 por ciento se va a promoción, el 20 por ciento a los ayuntamientos y apenas el diez por ciento al estado, lo que no impacta realmente en las finanzas estatales, “no le vemos la lógica”.

El otro impuesto que nos movió es a la gasolina y el gas, “lo que nos dicen los abogados y fiscalistas es que no tienen atribuciones en gasolinas y gas. Zacatecas perdió puso impuestos y perdió en tribunales. En Mexicali el daño ya está, ya subió el hidrocarburo”, finalizó.

El incremento de impuestos, incluso pretender cobrar por realizar un censo de autos de procedencia extranjera, son medidas que aplica el estado por falta de recursos, Señaló Jorge Hank Rhon, presidente del Grupo Caliente.

Son medidas para obtener recursos porque las autoridades estatales les dejaron en ceros las finanzas.

Además vemos que por parte de la federación no envían más recursos y por eso tienen que buscar de dónde obtienen, esperemos que no salga contraproducente.

Indicó que en este inicio de año ya hay repercusiones negativas en sus negocios, pues hay una caída del 15 por ciento.

Señaló que en la región hay una situación muy particular, por la competencia con los centros de apuestas que hay en San Diego, California.

Comentó que en otros estados hay una situación similar con el aumento de impuestos, pero se da por otras necesidades distintas a las de la región.

El ingeniero Jorge Hank Rhon, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a la segunda generación de egresados de Caliente Universidad.

Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California, lamentaron el incremento de impuestos que aprobó el Poder Legislativo en la víspera de Año Nuevo y ya preparan una defensa por la vía jurídica.

"Lamentamos profundamente que la buena fe y la búsqueda de soluciones a la difícil situación de nuestro estado haya sido utilizada por el gobierno del estado al no habernos informado de que presentarían al aumento de impuestos a la venta de gas natural, gasolina y derivados de petróleo, plataformas de Airbn, hoteles y moteles, que por supuesto rechazamos, indicaron.

Señalaron que luego de reuniones de trabajo celebradas entre los organismos agrupados en el CCE estatal y el gobernador Jaime Bonilla Valdez, y en reconocimiento a la difícil situación económica que guardan las finanzas públicas del estado, nos unimos para buscar solución de la mejor manera y así poder salir adelante por el bien del estado.

A sabiendas de que implicara un costo adicional para nuestras empresas y aceptando el posible desgaste con algunos organismo empresariales que con absoluta independencia independencia decidieron no apoyar ningún incremento.

Lo hicimos con el compromiso del gobernador Jaime Bonilla, de implementar mecanismos de participación ciudadana en el manejo de las finanzas públicas, garantizando con ello la transparencia y rendición de cuentas que en el pasado sexenio exigimos y que no fue atendida, siendo evidente el daño a nuestro estado por el manejo discrecional de las finanzas públicas.

Vemos con preocupación que e en el Congreso Local fueron violentadas las mínimas prácticas parlamentarias necesarias para el debido proceso de aprobación, estudiaremos jurídicamente sus implicaciones y actuaremos en consecuencia.

Al gobierno le corresponde la búsqueda de consensos y el cumplimiento de sus compromisos y acuerdos, al Congreso no violentar el derecho de los ciudadanos al ejercer un mayoriteo que no construye comunidad, a nosotros (comunidad empresarial) seguir siendo el motor de la economía de nuestro estado.

Según las declaraciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Rodrigo Llantada, los empresarios señalados por el colaborador de la exsecretaria del bienestar en Baja California, Cinthia Gissel García, en donde se señalan supuestas donaciones millonarias, por parte de empresarios, estos no pertenecen a la membresía del CCE.

“No conozco a todos los nombres (de los funcionarios señalados por moches) -pero los que salieron, por ejemplo, pregunta el reportero-. No están acreditados en la membresía. Nosotros tenemos que promover, si, acciones de ética, promover el código de ética que nos permitan. Esto nos pone a nosotros en perspectiva, voltear hacia atrás y platicarlo y hacia enfrente, pues evitar que este tipo de aspectos, de dadivas, de donaciones, se puedan mal interpretar. De donde sacas 20 millones, en Mexicali hay empresarios muy grandototes que tendrían la capacidad de sacar esos 20 millones nada más y difícilmente se dedican a ese giro (alimentario, por los desayunos gratis) o sea, yo creo que la información todavía no nos ha dado una perspectiva real de lo que es. Este ejercicio nos demuestra que quizá hubo prácticas que pretendieron extenderse, será un punto de arranque distinto en la convivencia Gobierno-Empresarios.” 

Finalizó el presidente de los industriales.

El pleno de presidentes que conforman los 12 organismos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó una opinión técnica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la llamada "Ley Bonilla", por la que se extiende de 2 a 5 años el mandato del gobernador de Baja California, a fin de que el Poder Judicial considere esos elementos de juicio.

Por primera vez en la historia del CCE se utiliza esta herramienta jurídica para que los empresarios fijen sus consideraciones técnicas ante una controversia judicial específica. A pesar de que el CCE no es un actor directo en el caso, emitió un Amicus Curiae que "es un mecanismo según el cual, terceros que no son parte de un litigio, pero que tienen un interés justificado pueden presentar una opinión técnica a un tribunal, que aporte elementos relevantes para consideración del poder judicial".

Los empresarios argumentan que el Decreto 351 es una norma electoral y vulnera la Constitución Federal porque las leyes electorales debieron modificarse 90 días antes del proceso electoral. "Constituye una violación al ejercicio del derecho al voto consagrado en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos…La determinación del periodo del cargo que fue objeto de la elección no está en el ámbito de la decisión y de la discrecionalidad del Congreso de Baja California, pues implicaría aceptar no solamente que tal periodo puede ser ampliado, sino que también podría ser reducido a voluntad".

Mediante un comunicado de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) expresan los Industriales de Mexicali la crítica decisión de liberar a Ovidio Guzmán López , hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera (el Chapo).

El documento expresa en un párrafo lo siguiente : “La decisión debilita al Estado Mexicano y pone en tela de Juicio la estrategia o mejor dicho, la falta de estrategia en materia de seguridad del Gobierno Federal“ señala el comunicado a nombre del sector Industrial de Mexicali, se extienden condolencias a las familia, a los elementos militares y civiles abatidos en los enfrentamientos y se expresa la preocupación ante el riesgo que representa en Estado Fallido para la inversión y la generación de empleos.

Por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Rodrigo Llantada Ávila consideró que la decisión tomada por el gobierno fue obligada por el riesgo que corría la población y la familia de los propios militares.

Llantada Ávila puntualizó que la situación mostró la vulnerabilidad que tiene el Estado Mexicano , y puntualizó que las autoridades federales y estatales deben de generar nueva estrategias. “Hay que reevaluar el diagnóstico que se tiene en materia de seguridad , puede haber un diagnóstico impreciso , y con ello derivar una estrategia fortalecida que nos permita retomar la credibilidad en las instituciones “. Puntualizó Rodrigo Llantada .