Juzgado de Distrito otorgó amparo y protección a Luis Irineo

Resolución judicial permite restablecer legalidad en SEABC rota por injerencia del gobernador y la secretaria de la Honestidad

El Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, ordenó al gobierno Baja California restituir a Jorge Topete como consejero ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. 

La resolución judicial contra el acto arbitrario y de abuso de poder permitirá restablecer la legalidad y funcionabilidad del SEABC irrumpida por la injerencia directa del gobernador del Estado, ingeniero Jaime Bonilla, a través de la secretaria Vicenta Espinoza.

En el expediente 695/2021, el juez Cuéllar le otorgó a Topete Calvario la suspensión definitiva para que no lo separen del cargo y continúe desempeñando las labores derivadas de su nombramiento, además que instruye a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del gobierno de Baja California que se "abstenga de emitir resolución" en el procedimiento administrativo sancionador. 

Las medidas protectoras del juez federal habilitan a Jorge Topete Calvario a integrar el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con plenitud de derechos y facultades, con base en la hoja número 10 del Considerando Cuarto de la resolución judicial. 

También se ordena a las autoridades estatales que no podrán dictar resolución final en el procedimiento administrativo disciplinario, hasta que el juez de amparo resuelva el fondo de los asuntos planteados, en particular la incompetencia de la SHyFP. 

Además, el Poder Judicial de la Federación otorgó el amparo y protección de la justicia a Luis Irineo Romero en contra de la medida de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, del 14 de abril del 2021, consistente en suspenderlo de su cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

En el expediente del juicio de amparo indirecto 470/202, el Juzgado Quinto de Distrito ordenó a Secretaría de la Honestidad y Función Pública dejar insubsistente el oficio de la separación de su cargo y “se le restituyan al quejoso de los derechos infringidos por las consecuencias del acto reclamado”, según el punto 55, página 28, de la sentencia.

Esta medida judicial representa, además de un triunfo sobre la arbitrariedad y el abuso de poder de la SHyFP, un paso decisivo para encausar la operatividad y restituir la legalidad del área técnica del Sistema Estatal Anticorrupción.

En diversos Juicios de Amparo interpuestos por los consejeros ciudadanos: Claudia Telles Aguilar, Eduardo Arredondo Uribe, Francisco José Fiorentini Cañedo y Fermín Álvaro Gutiérrez Villa, los jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación han otorgado suspensión para que las autoridades de la SHyFP se abstengan de dictar la resolución final en los procedimientos administrativos que desahogan, hasta que el juez federal correspondiente resuelva el fondo de las controversias.

Con estas medidas, la SHFP está imposibilitada por el momento para dictar sanción alguna. 

En su oportunidad, los jueces de Distrito habrán de resolver el fondo sobre asuntos como la incompetencia de la SHyFP para intervenir en el régimen de responsabilidades de los representantes ciudadanos (CPC), la naturaleza jurídica del cargo de representante ciudadano y la ilegalidad de los actos desplegados por las áreas de esta dependencia estatal.

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El próximo primero de julio entrará en vigor el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado por el gobierno mexicano como T-MEC. La modernización del TLCAN es el resultado de una intensa negociación por parte de las tres naciones que se entienden no sólo como socios comerciales sino también como aliados en lo social y en lo político, trayendo consigo importantes oportunidades de negocios para la región. No por nada su implementación ha sido señalada como el mayor reto por Roberto Velasco, nuevo Director General para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin duda los nuevos acuerdos en materias como medio ambiente, comercio digital, propiedad intelectual y servicios financieros pondrán a la región en una posición inmejorable para enfrentar los retos de la modernidad que dieron origen a su renegociación, pero también los que están surgiendo como consecuencia de la crisis del Covid-19. Sin embargo, entre las novedades del Tratado destaca una que podría convertirse en el talón de Aquiles del gobierno mexicano, y que requerirá de un compromiso que se traduzca en acciones concretas tanto del sector público como de los sectores empresarial y social: el combate a la corrupción.

El T-MEC establece explícitamente que los tres gobiernos firmantes están decididos a promover la transparencia, el buen gobierno, el estado de derecho, y eliminar el cohecho y la corrupción; asimismo, se comprometen a facilitar el comercio mediante la promoción de buenas prácticas regulatorias, reconociendo que, a través de análisis objetivos, rendición de cuentas y predictibilidad, pueden facilitar el comercio internacional, la inversión y el crecimiento económico.

Pero más allá de los buenos deseos, el T-MEC incluye por primera vez un capítulo específico sobre medidas anticorrupción, así como disposiciones relacionadas en otros capítulos, como el de contrataciones públicas y el de mejora regulatoria. Ante el número creciente de señalamientos de corrupción en el gobierno mexicano, y los resultados de los diferentes índices que miden la percepción y la incidencia de los actos de corrupción, es necesario cuestionarse si el gobierno está preparado para el escrutinio de la efectividad de sus políticas de combate a la corrupción en el contexto de la crisis económica y social que enmarcará la entrada en vigor del tratado.

Por lo que toca al Estado mexicano, el T-MEC establece compromisos de carácter legislativo en la tipificación de delitos de corrupción como soborno, cohecho y desviación de recursos públicos;[3] contempla medidas preventivas para asegurar que las empresas mantengan registros contables con el fin de evitar que cometan delitos relacionados con actos de corrupción;[4] prevé que el gobierno adopte medidas para la protección de alertadores;[5] busca desincentivar el uso de la figura de pagos de facilitación;[6] finalmente, compromete a los gobiernos a asegurar que existan medidas penales, civiles o administrativas para sancionar la corrupción, fraude y otros actos indebidos en sus contrataciones públicas.[7]

La buena noticia es que algunos de los requisitos regulatorios ya estarían cubiertos por las reformas que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Sin embargo, el rechazo público del presidente sobre la utilidad del SNA y su conformación, aunado al abandono de las instancias que lo conforman para la consecución de sus atribuciones, pone en entredicho si este entramado normativo e institucional tendrá la capacidad de ordenar la conversación en torno a los compromisos anticorrupción asumidos internacionalmente.

Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción.

El partido mayoritario en la Cámara de Senadores, a través de su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, presentó una nueva INICIATIVA de reforma constitucional en materia regulatoria. Pretende desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), órganos constitucionales autónomos, así como a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano regulador coordinado en materia energética, a fin de crear un súper órgano denominado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).

Nota de Mexicanos Contra la Corrupción indica que la propuesta se da a conocer a menos de dos semanas de que el presidente, en su CONFERENCIA MATUTINA del 29 de mayo, considerara que órganos reguladores como la COFECE no son esenciales porque no tiene conocimiento de su denominación:

Éste otro instituto en donde se ampararon porque quieren ganar 200,000 pesos mensuales, que no sé ni cómo se llama. Imagínense, si el presidente no tiene conocimiento pues es algo que no es esencial, y no es esencial porque crearon estos organismos para simular (…) Hay un instituto que se llama instituto de telecomunicaciones, Ifetel (sic), tiene una estructura aparte de 10 consejeros, esos no ganan menos de 100,000 cada uno, 10 o nueve, más de siete, pero como 40 direcciones y asesores.

Lo anterior es de suma relevancia. Más allá de la exposición de motivos realizada por el senador Monreal, la iniciativa de reforma despierta dudas sobre si la motivación para la supresión de los organismos referidos y la creación de un nuevo órgano regulador obedece en realidad a la pretensión del Poder Ejecutivo de modificar sustancialmente la operación de los sectores que el presidente considera como no esenciales. No olvidemos que, en la misma conferencia, López Obrador sentenció: “¿Y qué? ¿Ya no hay monopolios en la comunicación? ¿Ya no hay actores preponderantes, como eufemísticamente se les llama a los monopolios? Entonces, ya no vamos a seguir con lo mismo.”

La propuesta de reforma representa un peligro para el modelo de estado regulador en México. Con el pretexto de implementar la política de austeridad republicana, este nuevo intento de que el Poder Ejecutivo recupere funciones regulatorias representa un nuevo ataque a organismos dotados de autonomía de elevada capacidad técnica.