Una aplicación para rastrear familiares fue una de las principales pruebas contra Santiago, quien el domingo fue vinculado a proceso sin posibilidad de fianza por la desaparición —desde el 10 de enero pasado— de dos adultos mayores de Estados Unidos y cuyos cuerpos fueron hallados enterrados junto con otros dos cadáveres en el patio de una de sus viviendas.
Durante una audiencia que duró alrededor de cuatro horas, la jueza Tania Guadalupe Vega Gordillo calificó de legal la detención en flagrancia de Santiago, el 16 de enero, en las inmediaciones de la garita El Chaparral.
Luego de escuchar las pruebas del Ministerio Público, también lo vinculó a proceso sin derecho a fianza y fijó cinco meses para continuar con su proceso.
En la Sala del Poder Judicial, a un costado del penal La Mesa, los agentes presentaron las pruebas que sirvieron para detectar la falsedad en las declaraciones iniciales de Santiago, expareja de Norma, hija de las víctimas: Jesús Rubén López Guillén y María Teresa López, de 70 y 65 años.
Explicaron que según el relato de Norma —quien presentó el reporte por desaparición el 10 de enero—, sus padres viajaron desde EU y cruzaron la frontera para reunirse con Santiago en Tijuana, quien les entregaría 120 mil pesos por concepto de dos años de renta. El dinero estaba depositado en una cuenta bancaria y, luego de pasar a una casa de cambio, los trasladaría al puerto fronterizo para que regresaran a casa.
Cuando Norma volvió a la casa de sus padres, sólo encontró a sus hijos y uno de ellos le dijo que sus abuelos no habían llegado.
Ella y su hermana usaron una aplicación —Life350— para rastrear a familiares y la cual estaba conectada con sus celulares.
Ubicaron los puntos que fueron visitados por sus papás: a las 7:00 horas salieron de su casa rumbo a la frontera, casi a las 10:00 estaban en El Chaparral —en Tijuana— y de las 11:23 hasta las 15:25 horas el geolocalizador marcaba su ubicación en la calle Donato Guerra, colonia Obrera Segunda Sección, sitio donde se ubica su casa, misma en la que desde hace cinco años vivía Santiago.
Casi a las 16:00 horas, la app los ubicó en una pizzería; una hora más tarde, en una tienda de supermercado, y como último punto marcó la calle Donato Guerrero. Tras siete días, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) halló los cuerpos enterrados en ese sitio, junto con otros dos que aún no han sido identificados.
Norma cuenta que la respuesta de Santiago llegó el 13 de enero a través de Messenger, tres días después de la desaparición.
Su expareja le dijo que lo iban a matar porque le había comentado a otras personas sobre el dinero que iban a cobrar [los padres de Norma] y, por eso, cuando llegaron a la casa se los llevaron sin decirles a dónde, además de que pidieron 15 mil dólares de rescate.
Los agentes a cargo del caso buscaron a Santiago desde el 15 de enero, porque aunque no contaban con una orden de aprehensión en su contra, querían entrevistarlo y resolver las dudas a raíz de dicha información y las contradicciones con su declaración inicial, cuando dijo que los había dejado en El Chaparral.
El 16 de enero, Norma informó a las autoridades que había hablado con él y que se encontraba en el puerto fronterizo. Los oficiales llegaron al lugar y en cuanto lo vieron, dijo el Ministerio Público a la jueza, le informaron que lo buscaban para interrogarlo.
Santiago simplemente lanzó: "¡No voy a decirles nada, déjenme ir y yo se los entregó!". Los agentes usaron esa respuesta como causa de sospecha, lo aseguraron y entregaron al Ministerio Público, acusado del delito de desaparición cometida por particulares.
El 17 de enero, personal de la FGE realizó un operativo en el domicilio de la colonia Obrera, con ayuda de perros adiestrados, en donde hallaron cuatro cuerpos.
Dentro de uno de los cuartos había un machete y un bat.
El 18 de enero, Norma identificó el cuerpo de sus padres. Un día después, la jueza vinculó a Santiago a proceso, acusado de ser el autor directo de dicho delito.
