A raíz del operativo policial en el que se capturó a nueve delincuentes en inmediaciones de la zona río, el presidente de Coparmex, Roberto Rosas Jiménez, exigió replantear la estrategia de seguridad.

En conferencia de prensa, Rosas Jiménez, sostuvo que la autoridad no debe permitir que la ciudad sea "tomada" por la delincuencia.

Señaló que no es posible que los ciudadanos de bien, sean quienes salgan con miedo todos los días a la calle a realizar sus labores.

Afirmó que hay carencias en las corporaciones policiales que deben ser subsanadas para mejorar los esquemas de seguridad.

Reiteró que el replanteamiento del esquema de seguridad debe venir acompañado de una nueva visión para garantizar seguridad.

De igual manera, comentó que se ha visto una alza en la incidencia delictiva en materia de robo con violencia en la ciudad.

Por último, también refirió que los protocolos de actuación policial deben mejorar para disminuir el riesgo entre los ciudadanos a ser víctimas de delitos.

• La Guardia Nacional se debe consolidar con mando civil, no militar.

• Queremos un país con tranquilidad y paz que solo podrá alcanzarse con instituciones sólidas y logrando que impere el Estado de Derecho.

Ante un eventual decreto o acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional (GN) dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Coparmex que encabeza José Medina Mora Icaza, indicó que sería inconstitucional.

Ésto, dijo, toda vez que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de nuestra Carta Magna, “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

"Por ello, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advertimos que, de mantenerse la intención del presidente de emitir dicho decreto, será fundamental la intervención del Poder Judicial para frenar cualquier intento de quebrantar lo plasmado en nuestra Constitución." señaló.

El camino correcto, refirió, para avanzar en la propuesta presidencial es que exista una iniciativa de Reforma Constitucional en la materia; que ésta pase al Poder Legislativo y ahí se discuta, pues es claro que un poder -en este caso el Ejecutivo- no puede tomar atribuciones que no le corresponden.

Desde el observatorio ciudadano, Guardianes de la Constitución, donde Coparmex y los colegios de abogacía tenemos una alianza, señalaremos con puntualidad cualquier desviación, incumplimiento o acción de inconstitucionalidad que se presente en nuestro país, pues esperamos que siempre se siga el camino de la legalidad, expuso.

Selaló que hoy en nuestro país, vivimos una crisis de violencia que ha dejado en los primeros 43 meses de la actual administración, una cifra de homicidios dolosos que sobrepasa los 130 mil 455 casos.

Es decir, 99 víctimas de homicidio por día, lo que confirma la ausencia de una verdadera y eficaz estrategia de seguridad y hace patente la necesidad de consolidar a la GN con un mando civil y no militar, que coadyuve con las autoridades estatales y municipales.

Medina Mora explicó a través del comunicado, que, de acuerdo con el análisis realizado en las Comisiones de Trabajo de Coparmex, este decreto desmantelará el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de la GN sea civil, lo que representa graves problemas desde el punto de vista jurídico y de operación de la policía y de las Fuerzas Armadas, que ahora tendrían que ceñirse a las regulaciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Actualmente, recordó, las instituciones militares en el país encabezan tareas de combate al narcotráfico e incautación de estupefacientes y lo deseable es que contemos, además, con instituciones policiales sólidas a nivel estatal y municipal, que ejerzan funciones preventivas, reactivas y de investigación, donde la intervención de las fuerzas federales sea complementaria y subsidiaria y no de sustitución.

En Coparmex, dijo, estamos convencidos que es imprescindible garantizar el derecho a la seguridad pública y combatir a la delincuencia, pero sabemos que el cumplimiento de dicha obligación debe estar a cargo del Estado, con instituciones civiles y no militares.

"En ese sentido consideramos que la mejor manera de combatir a las organizaciones criminales y atender los graves problemas de inseguridad que tiene nuestro país, es a través de una estrategia que contemple labores de inteligencia, de desarticulación financiera y de cooperación internacional en coordinación con el Poder Judicial para que se dicten sanciones severas y no exista impunidad"

Para que haya esta coordinación, es urgente restablecer y fortalecer los mecanismos institucionales como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Consejo Nacional de Seguridad, puesto que son los entes que deben regular y validar los temas en la materia.

Así mismo, consideramos apremiante fortalecer las capacidades de las policías estatales y municipales, pues son ellas y las Fiscalías quienes están facultadas para interactuar con la población civil; además se deben reestablecer mecanismos como la certificación, los controles de confianza, así como la profesionalización, dignificación y seguridad social.

El líder empresarial refirió que es necesario promover la participación de la sociedad a través de coordinaciones de diálogo entre los sectores sociales y las autoridades para dar voz a los ciudadanos y a las víctimas de la delincuencia; esto con el fin de vincular los esfuerzos de prevención, seguimiento de metas y generar estrategias sensibles a las necesidades de las comunidades.

 Es importante destacar que en Coparmex hemos encontrado en la GN una gran disposición al diálogo y a la escucha. 

Puntualozó que el Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar que la estrategia de seguridad deje a un lado toda improvisación y solución inmediatista. Queremos un país con tranquilidad y en paz, que solo podrá alcanzarse con instituciones sólidas, donde impere el Estado de Derecho. En Coparmex decimos no a la militarización, sí a la estrategia, inteligencia y coordinación.

México está obligado a cumplir sus compromisos internacionales, incluidas las relacionadas con la preservación del medio ambiente y la transición a energías limpias.

La solicitud de Estados Unidos para el inicio de Consultas en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es una señal alarmante que en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advertimos de manera puntual: la política energética impulsada por el Gobierno de México contraviene las disposiciones del acuerdo para la libre competencia.

Las controversias están en toda la cadena de valor del sector energético, transportación de gas natural, transportación de petrolíferos, estaciones de servicio, comercialización de Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) y en la Industria Eléctrica. El gobierno mexicano está afectando a la productividad del sector energético y no solo a las energías renovables, las cuales son fundamentales para la transición energética en México.

Con oportunidad hemos manifestado nuestra preocupación en cuanto a que desde la actual administración se han estado implementado algunas maniobras legales que afectan y desincentivan la atracción y retención de inversión extranjera en el país; se han establecido medidas discriminatorias en contra de las empresas extranjeras y se ejecutan acciones que representan una regresión en los compromisos ambientales asumidos por México en diversos instrumentos internacionales, tales como el Acuerdo de París o el T-MEC.

En materia energética, específicamente, se está colocando en el centro de la política energética de México en favorecer a PEMEX y a CFE y seguir subsidiando sus ineficiencias y pérdidas las cuales para el periodo 2019 – 2021 ascendieron a 1.052 billones de pesos y 210 mil millones de pesos respectivamente, y sin contar los subsidios.

Además, la calificadora Moody ́s bajó la calificación a CFE a Baa2 desde Baa1.

Esta rebaja se da luego de que el lunes la calificadora redujera un peldaño la nota de Petróleos Mexicanos (Pemex) a B1 desde Ba3 lo que pone a la petrolera en un terreno altamente especulativo.

Por ello, consideramos que la implementación de los mecanismos contenidos en el Artículo 31.4 del T-MEC se deben resolver de manera ágil y respetando los protocolos establecidos para ello dentro del mismo acuerdo, pues sería lamentable que ante los incumplimientos y la falta de acuerdos, estas Consultas deriven en un Panel que bien podría traducirse en medidas más enérgicas, como el establecimiento de aranceles o sanciones multimillonarias en contra de México.

En Coparmex nos pronunciamos porque las Consultas solicitadas por el Gobierno de Estados Unidos con relación a la política energética de nuestro país, se constituyan como una plataforma de diálogo que permita la construcción de políticas públicas que fomenten la competitividad y la equidad entre los países de la región.

En un momento tan delicado en materia económica, donde prevalece una alta inflación, el crecimiento es magro y la generación de empleo está estancada, es trascendental que en México predomine un entorno de confianza en el que se brinde certeza jurídica a todas las inversiones, donde se garanticen los derechos de las inversiones asentadas en territorio nacional y se genere un ambiente propicio para la llegada de nuevos capitales.

México no puede darse el lujo de inhibir la llegada de más inversiones al país, sobre todo, cuando tiene un alto potencial de atracción de inversión en el sector energético, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre 2015 y 2019, la Inversión Extranjera Directa (IED) en dicho sector creció en promedio 48 por ciento anual, sin embargo, a partir de 2019 esta ha decrecido.

Por ello, el gobierno mexicano está obligado a respetar y velar por el Estado de Derecho, lo que implica que cumpla con sus obligaciones internacionales, en particular, en relación con los compromisos en materia ambiental y aquellos derivados del T-MEC. Su acatamiento no debe ser entendido como voluntario sino como obligatorio, en tanto que se deriva de un claro mandato constitucional y de normas internacionales constituidas como ley suprema para nuestro país.

Estamos convencidos que las Consultas que iniciarán en un plazo de 30 días, representan también para México la oportunidad de reconsiderar la participación de la inversión privada en el sector energético, por lo que reiteramos: la participación privada es un complemento a la inversión gubernamental, no una amenaza.

En Coparmex lo decimos claro: Somos parte de la región más competitiva del mundo (Norteamérica), tenemos que actuar en conjunto con los Estados Unidos y Canadá, pues somos economías complementarias, no socios distantes, muestra de ello es que el 84 por ciento de nuestras exportaciones de enero a mayo de 2022 tuvieron como destino a nuestros vecinos del norte.

Más aún, nuestro sector manufacturero, que emplea a 9.3 millones de personas y genera 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) está íntimamente ligado al comercio con la región.

De hecho, el 87 por ciento del valor de las exportaciones de nuestro país son manufactureras.

Por ello, puntualizamos: la relación comercial y diplomática entre México, Estados Unidos y Canadá, debe estar libre de tensiones y fortalecerse con base en el respeto y cumplimiento de la ley, de los acuerdos multilaterales y del diálogo.

México está obligado a cumplir sus compromisos internacionales, incluidas las relacionadas con la preservación del medio ambiente y la transición a energías limpias.

La solicitud de Estados Unidos para el inicio de Consultas en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es una señal alarmante que en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advertimos de manera puntual: la política energética impulsada por el Gobierno de México contraviene las disposiciones del acuerdo para la libre competencia.

Las controversias están en toda la cadena de valor del sector energético, transportación de gas natural, transportación de petrolíferos, estaciones de servicio, comercialización de Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) y en la Industria Eléctrica. El gobierno mexicano está afectando a la productividad del sector energético y no solo a las energías renovables, las cuales son fundamentales para la transición energética en México.

Con oportunidad hemos manifestado nuestra preocupación en cuanto a que desde la actual administración se han estado implementado algunas maniobras legales que afectan y desincentivan la atracción y retención de inversión extranjera en el país; se han establecido medidas discriminatorias en contra de las empresas extranjeras y se ejecutan acciones que representan una regresión en los compromisos ambientales asumidos por México en diversos instrumentos internacionales, tales como el Acuerdo de París o el T-MEC.

En materia energética, específicamente, se está colocando en el centro de la política energética de México en favorecer a PEMEX y a CFE y seguir subsidiando sus ineficiencias y pérdidas las cuales para el periodo 2019 – 2021 ascendieron a 1.052 billones de pesos y 210 mil millones de pesos respectivamente, y sin contar los subsidios. 

Además, la calificadora Moody ́s bajó la calificación a CFE a Baa2 desde Baa1. 

Esta rebaja se da luego de que el lunes la calificadora redujera un peldaño la nota de Petróleos Mexicanos (Pemex) a B1 desde Ba3 lo que pone a la petrolera en un terreno altamente especulativo.

Por ello, consideramos que la implementación de los mecanismos contenidos en el Artículo 31.4 del T-MEC se deben resolver de manera ágil y respetando los protocolos establecidos para ello dentro del mismo acuerdo, pues sería lamentable que ante los incumplimientos y la falta de acuerdos, estas Consultas deriven en un Panel que bien podría traducirse en medidas más enérgicas, como el establecimiento de aranceles o sanciones multimillonarias en contra de México.

En Coparmex nos pronunciamos porque las Consultas solicitadas por el Gobierno de Estados Unidos con relación a la política energética de nuestro país, se constituyan como una plataforma de diálogo que permita la construcción de políticas públicas que fomenten la competitividad y la equidad entre los países de la región.

En un momento tan delicado en materia económica, donde prevalece una alta inflación, el crecimiento es magro y la generación de empleo está estancada, es trascendental que en México predomine un entorno de confianza en el que se brinde certeza jurídica a todas las inversiones, donde se garanticen los derechos de las inversiones asentadas en territorio nacional y se genere un ambiente propicio para la llegada de nuevos capitales.

México no puede darse el lujo de inhibir la llegada de más inversiones al país, sobre todo, cuando tiene un alto potencial de atracción de inversión en el sector energético, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre 2015 y 2019, la Inversión Extranjera Directa (IED) en dicho sector creció en promedio 48 por ciento anual, sin embargo, a partir de 2019 esta ha decrecido.

Por ello, el gobierno mexicano está obligado a respetar y velar por el Estado de Derecho, lo que implica que cumpla con sus obligaciones internacionales, en particular, en relación con los compromisos en materia ambiental y aquellos derivados del T-MEC. Su acatamiento no debe ser entendido como voluntario sino como obligatorio, en tanto que se deriva de un claro mandato constitucional y de normas internacionales constituidas como ley suprema para nuestro país.

Estamos convencidos que las Consultas que iniciarán en un plazo de 30 días, representan también para México la oportunidad de reconsiderar la participación de la inversión privada en el sector energético, por lo que reiteramos: la participación privada es un complemento a la inversión gubernamental, no una amenaza.

En Coparmex lo decimos claro: Somos parte de la región más competitiva del mundo (Norteamérica), tenemos que actuar en conjunto con los Estados Unidos y Canadá, pues somos economías complementarias, no socios distantes, muestra de ello es que el 84 por ciento de nuestras exportaciones de enero a mayo de 2022 tuvieron como destino a nuestros vecinos del norte.

Más aún, nuestro sector manufacturero, que emplea a 9.3 millones de personas y genera 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) está íntimamente ligado al comercio con la región.

De hecho, el 87 por ciento del valor de las exportaciones de nuestro país son manufactureras.

Por ello, puntualizamos: la relación comercial y diplomática entre México, Estados Unidos y Canadá, debe estar libre de tensiones y fortalecerse con base en el respeto y cumplimiento de la ley, de los acuerdos multilaterales y del diálogo.