La policía sin capacidad de atender a estudiantes olvidados
Derechos Humanos exhorta a las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno a que las procuradurías de atención a niños sean la autoridad de primer contacto en caso que se omita recoger a tiempo a estudiantes en las escuelas.
Con ello se busca prevenir que los menores de edad sufran re victimización debido a la carencia, en muchos casos, de protocolos y de personal especializado en materia de niñez y adolescencia en las policías, fiscalías y procuradurías de Justicia
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a las autoridades educativas de la Ciudad de México y las entidades federativas a que, considerando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, se establezca en la normativa de las escuelas que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes serán las autoridades de primer contacto en los casos en que familiares o tutores omitan recoger en tiempo a las y los alumnos, y así evitar su traslado a las Procuradurías o Fiscalías de Justicia o incluso, ante las policías municipales o estatales.
De acuerdo con el artículo 121 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), las Procuradurías de Protección (federal, estatales y municipales) son las autoridades competentes para brindar protección integral a las personas menores de edad que hayan sufrido alguna vulneración a sus derechos; para ello, tienen entre otras, atribuciones para realizar diagnósticos, solicitar la intervención de cualquier autoridad, y elaborar planes individualizados de restitución de derechos.
Asimismo, en caso de identificar presuntos delitos, las Procuradurías pueden denunciar los hechos ante las autoridades de procuración de justicia y representar jurídicamente a niñas, niños y adolescentes.
Con ello se busca prevenir que las personas menores de edad sufran re victimización debido a que, en muchos casos, la carencia de protocolos y de personal especializado en materia de niñez y adolescencia en las policías, Fiscalías y Procuradurías de Justicia, puede derivar en trato inadecuado hacia niñas, niños y adolescentes, criminalización de la pobreza o vulnerabilidad de las familias, separación familiar e incluso, el ingreso a centros de asistencia social, medida que aunque es de último recurso, en México es una práctica recurrente de las autoridades de procuración de justicia, como lo ha documentado esta CNDH en el Informe Especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados de la República mexicana, publicado en 2019.