En la administración del presidente López Obrador dejó de haber buen trato a migrantes, denunció Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados e Afroamericanos (CCDNAM).

En conferencia de prensa, lamentó que entre abril del 2019 y febrero del 2020 fueron deportados más de seiscientos haitianos.

Criticó que haya un cambio en la política migratoria en nuestro país, además que se ha agudizado el tema de la discriminación.

Comentó que igual que los haitianos y africanos, los centroamericanos han sido víctimas de malos tratos en su tránsito por el país.

Explicó que recientemente en el aeropuerto internacional de Tijuana, fue víctima de racismo por parte de empleados del Instituto Nacional de Migración (INM).

Como naturalizado, expliqué que soy mexicano al agente de migración al arribar a Tijuana procedente de un vuelo de la Ciudad de México, no me creyó a pesar que mostré la credencial del INE.

De igual manera, refirió que en el sur del país, hay discriminación con los centroamericanos, incluso en Cuidad Juárez y Tamaulipas.

En éstas ciudades fronterizas hay tratos inhumanos a los haitianos y africanos, los tienen en condiciones infrahumanas, puntualizó.

Vecinos de Los Altos, Lomas del Porvenir, Las Palmeras, Linda Vista y sus alrededores rechazan la transformación que hicieron las autoridades al convertir el Hotel César, del Fraccionamiento Los Altos, en una Estancia Migratoria de largo plazo, sin tomar en cuenta a los residentes, sin avisar y sin realizar los protocolos para el cambio de giro de las instalaciones. 

“Sabemos que desde hace varios días ya se encuentran en las instalaciones migrantes centroamericanos que fueron remitidos por el Gobierno de los Estados Unidos a México, en espera de las audiencias de sus largos procesos legales, para obtener el status de refugiados, pero desafortunadamente al día de hoy, ya se han detectado por lo menos a cuatro grupos familiares que llegaron infectados del COVID-19 desde los Estados Unidos”.

Los vecinos están en contra de que el gobierno de México les haya permitido el ingreso a nuestro territorio, sin mediar filtro sanitario y en lugar de internarlos en un hospital para que recibieran el tratamiento adecuado, sin contagiar al resto de las personas, las tiene junto a todos de los migrantes, sin restricción de tránsito aquí en nuestra colonia. 

“Sabemos que muchos de estos migrantes son personas de bien, pero tenemos el conocimiento que junto con ellos también se encuentran ex convictos deportados. A la llegada al Poder del Presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo con la ONU, para permitir el libre tránsito por nuestro territorio de los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, y también sabemos que el Gobierno de los Estados Unidos, que no firmó este acuerdo, nos impuso de manera unilateral el programa que aplica a los migrantes de otros países que en busca de asilo en su país, denominado irónicamente: Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) de EE.UU., también conocido como “Permanecer en México” (Remain in Mexico), mandándonos a las ciudades fronterizas a los migrantes extranjeros para que permanezcan durante todo el proceso legal, del cual desafortunadamente el 90% no obtendrá el status de refugiado como ellos pretenden.

El Gobierno mexicano ha permitido la salida de extranjeros detenidos en las estancias y estaciones migratorias ante la emergencia sanitaria del COVID-19, afirmó este domingo el Instituto Nacional de Migración (INM).

Por ahora solo quedan 106 migrantes en los 65 albergues y estaciones migratorias que opera el INM en el país, aseguró la dependencia en un comunicado, mientras que en marzo alojaban a 3.759 personas de una capacidad total de 8.524 espacios.

El INM precisó que consiguió el retorno de 3.653 centroamericanos por tierra a Guatemala y vía aérea a Honduras y El Salvador.

"Se instruye la salida inmediata de personas extranjeras albergadas en estancias y estaciones migratorias en acato a las medidas sanitarias. Atiende INM las medidas cautelares y observaciones hechas por la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) a favor de la población migrante", aseveró el boletín.

La preocupación por los migrantes en México ha crecido entre organizaciones civiles y organismos internacionales desde el brote del coronavirus, que ha causado 13.842 contagios y 1.305 muertes en el país, lo que el Gobierno considera la máxima fase de la epidemia.

La ONU y Amnistía Internacional (AI), en dos posicionamientos distintos, expresaron este jueves su preocupación por la falta de protecciones sanitarias en los centros migratorios.

Ahora, el INM "implementó la salida de algunas personas migrantes alojadas" en las estaciones migratorias y estancias provisionales, con base en las recomendaciones de las autoridades mexicanas y de organismos internacionales, aseveró en el comunicado.

La dependencia sostuvo que la "medida de evaluar dar salida" a los migrantes se atendió "de manera continua" desde el pasado 21 de marzo.

"El INM retomó las políticas emitidas por las distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas en materia de seguridad humana que establecen medidas que pongan a salvo la salud, integridad y vida de la población que se encuentra en causales de riesgo inminente", manifestó.

Apenas el lunes pasado, el Gobierno estatal de Tamaulipas, fronterizo en el noreste de México, reportó un total de 16 migrantes con COVID-19 deportados de Estados Unidos, entre extranjeros y mexicanos.

Más de 40 organizaciones civiles mexicanas presentaron un amparo la semana pasada ante el Poder Judicial por la discriminación que padecen los detenidos en las estaciones y estancias temporales del INM.

El canciller Marcelo Ebrard admitió el 20 de marzo que México recibirá a los migrantes que Estados Unidos devuelva de inmediato, una cifra que él estima es de 1.250 migrantes diarios, de los que la gran mayoría serían mexicanos y apenas unos 125 centroamericanos.

En medio de la crisis, han ocurrido motines en estaciones migratorias, como un incendio en la estación de Tenosique, en el fronterizo estado sureño de Tabasco, que el 31 de marzo dejó cuatro heridos y un fallecido, un solicitante de asilo proveniente de Guatemala.

Días después, un hecho similar sucedió en la frontera norte, donde seis personas resultaron heridas tras incendiarse un centro migratorio de Piedras Negras, Coahuila, donde 163 personas esperaban su repatriación, retrasada por la pandemia.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción afirma que por falta de apoyo gubernamental, cerrarán albergues de migrantes a lo largo de la frontera.

Los albergues de migrantes están cerrando sus puertas para protegerse de la pandemia, mientras Estados Unidos no ha dejado de repatriar migrantes a México, ahora incluso de manera exprés.

Temerosos del COVID-19, albergues en ambas fronteras dejaron de recibir migrantes porque no tienen las condiciones sanitarias ni han recibido apoyo de los gobiernos para prepararse.

Mientras eso sucede, en las últimas tres semanas ha habido un aumento de mexicanos repatriados de Estados Unidos. De acuerdo con información oficial generada por el Instituto Nacional de Migración (INM) a la que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), del primero al 18 de marzo han sido repatriadas 13 mil personas de Estados Unidos, más de los que llegaron en todo el mes de febrero, cuando fueron repatriadas 12 mil 400 personas.

Refugios de migrantes en Baja California, Tamaulipas, Coahuila y Chiapas cerrarán sus puertas en un intento por evitar una contingencia sanitaria en una población que ya de por sí es vulnerable por el proceso que viven. 

Esmeralda Siu, vocera de la Coalición Pro Defensa del Migrante, dijo que la red conformada por seis refugios en Baja California —Casa del Migrante, Ejército Nacional, Casa Madre Asunta, Casa Puerta, YMCA, Albergue del Desierto — no recibirá más migrantes.

Al 23 de marzo Baja California tenía más de 360 migrantes en los refugios. La semana pasada el número que llegó a los albergues de la Coalición subió a 200, cuando el máximo que reciben en una semana es 180. Ese aumento es atribuido a las deportaciones exprés que anunció el pasado 20 de marzo la ADMINISTRACIÓN de Donald Trump para “evitar” la propagación del coronavirus.

“Es una preocupación por no contar con un protocolo para atenderlos porque las autoridades sanitarias emiten medidas para la población en general, pero no hay un protocolo específico de qué hacer con los migrantes”, dijo Sui.

En el albergue Senda de la Vida, en Reynosa, Tamaulipas hay 200 migrantes, pero desde la semana pasada decidieron cerrar sus puertas y poner en lista de espera a aquellos que llegan de Estados Unidos.

Mari Lu de Silva, una de las encargadas del albergue, dijo que, al igual que en otras partes del país, están tratando de evitar mayor concentración de gente, ya que ni siquiera cuentan con un médico de planta para detectar y atender a migrantes enfermos de coronavirus.

En Saltillo, Coahuila, la Casa del Migrante anunció que aunque por años han recibido a miles de personas, ante la epidemia y el abandono de las autoridades se ven en la necesidad de cancelar los ingresos.

“El estado no ha mostrado interés alguno de intervención durante la pandemia. Cerca de 100 personas permanecen resguardadas”, publicaron en su cuenta de Twitter.

Lo mismo sucede en la frontera Sur, donde el albergue Jesús del Buen Pastor del Pobre Migrante tiene 500 personas, pero ya no recibirán más.