La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha advertido un grave incremento en el número de asesinatos de mujeres, así como un importante aumento en el número de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar contra mujeres.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que en 2019 se registraron 10.5 asesinatos de mujeres al día y de enero a marzo de 2020, la cifra ascendió a 10.6 mujeres asesinadas al día, en promedio.
Asimismo, de enero a marzo de 2020 se registraron 170,214 llamadas de emergencia, relacionadas con incidentes de violencia familiar; 52,498 en enero, 52,858 en febrero y 64,858 en marzo, este último mes en que inició el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Como se evidencia, la idea de que el hogar es un espacio seguro para las mujeres y que la pareja y la familia se constituyen como relaciones libres de violencia para las mujeres, es errónea.
Lo anterior, ya había sido señalado por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, cuyos resultados revelaron que el 66.1% de las mujeres de 15 años y más, han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida, ya sea emocional, económica, física, sexual o discriminación.
Relativo al abuso sexual infantil, la ENDIREH 2016 señaló que 9.4% de las mujeres de 15 años y más, sufrieron abuso sexual durante su infancia, es decir, 4.4 millones de mujeres. Los principales agresores fueron los tíos (20%) y los primos (16%). Además 10.3% de las mujeres de 15 años o más, fueron víctimas de algún acto violento por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o la pareja. Los agresores más señalados fueron los hermanos y el padre.
Esta información muestra los riesgos latentes a los que están expuestas las mujeres, niñas y adolescentes en México, y que el quedarse en casa, no implica que estén exentas de experimentar actos de violencia en su contra, máxime que los principales agresores son familiares, parejas o exparejas, lo que requiere de forma urgente, acciones específicas para garantizar su derecho a vivir libres de violencia.
Por ello, resulta urgente que, todas las autoridades que conforman el Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, y de conformidad con lo que mandata el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, generen planes emergentes con perspectiva de género, para combatir la situación de violencia feminicida que se presenta en el país, misma que en su carácter estructural, se ha visto agudizada en este periodo de confinamiento.
Los planes emergentes a implementar, deberán poner al centro las necesidades específicas de las mujeres para hacer frente a la contingencia del COVID 19, a partir de un enfoque interseccional, teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a las que están expuestas; brindando los servicios presenciales en las Fiscalías y Ministerios Públicos e instancias competentes para las mujeres en condición de violencia, además de implementar campañas de comunicación dirigidas a hombres como generadores de violencia con el objeto de hacerlos corresponsables para frenar este flagelo y construir nuevas masculinidades.
También es necesario replantear los mecanismos tradicionales de respuesta a este grave problema y adoptar canales alternativos de comunicación, particularmente, para mujeres de los ámbitos rurales e indígenas y tener especial atención en divulgar los procedimientos para otorgar órdenes de protección urgentes en el marco del periodo de confinamiento con el objeto de evitar feminicidios.