Activistas pro-migrantes intercambian acusaciones relacionadas a un supuesto desalojo en la "Primera Embajada Migrante AC".

En primer término, Hugo Castro, coordinador de la asociación civil (Embajada Migrante), acusó a la representante de Dulce García, directora ejecutiva de Border Angels, como la organizadora de una desalojo en el albergue ubicado en Playas de Tijuana.

Detalló que el 21 de febrero del 2020, una mujer identificada como Lorena, irrumpió en el lugar y ordenó a los migrantes (alrededor de 30) que abandonaran el sitio.

Agregó que la fundadora del albergue "Primera Embajada Migrante" Esperanza Lozano, advirtió a la representante de Dulce García, que no podía ingresar al lugar por tratarse de una propiedad privada.

Por tal motivo, los integrantes de "Primera Embajada Migrante AC", interpusieron una denuncia ante las autoridades del ministerio público.

Al respecto, Dulce García, directora ejecutiva de Ángeles de la Frontera (Border Angels) rechazó las acusaciones en su contra.

La activista, indicó que Hugo Castro, se separó de Border Angels, porque hay una investigación en su contra por violencia doméstica.

Además, se presume que el recurso (más de 25 mil dólares) que se le entregó para la rehabilitación del albergue lo mal-empleó.

Dijo que Hugo Castro, comenzó con los señalamientos contra Border Angels, desde que se le restringió el financiamiento.

Para concluir, Dulce García, refirió que Border Angels solo busca mejorar las condiciones en las que viven los migrantes en el albergue de Playas de Tijuana.

Como cada año en estas fechas la Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C. se une para exigir a los tres niveles de gobierno, condiciones dignas y humanas para las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que llegan a Baja California en busca de mejores condiciones de vida.  

Afirman los representantes de los migrantes que es muy preocupante la violencia que se ha generado en torno a las personas en contexto de movilidad, el constante discurso de criminalización, odio racial, discriminación y políticas migratorias basadas en la seguridad nacional y no en la seguridad humana que violentan e incrementan las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes. Estas acciones lo único que provocan es que se utilicen rutas mucho más peligrosas y facilitan la intromisión del crimen organizado. Ejemplo de ello, es la muerte de miles de migrantes en su intento por cruzar a Estados Unidos, por lo que condenamos las acciones que incitan al racismo, discriminación y criminalización de la población migrante. 

Respecto a los albergues y asociaciones civiles de atención a personas migrantes en Baja California, manifestaron inconformidad en los siguientes temas:

El gobierno del Estado de Baja California, impuso nuevas medidas a las asociaciones civiles que asisten a grupos en situación de vulnerabilidad; mismas que deberán contar con la certificación de bomberos y de dispositivos de seguridad vigentes, estamos de acuerdo en la implementación de medidas para evitar riesgos, solo que dicha medida debe estar acompañada de un plan de apoyo económico o un esquema de condonación para dichos tramites, por lo que pedimos se tome en consideración estos puntos para generar los mecanismos de apoyo correspondientes. 

La dificultad de acceso de algunas organizaciones civiles al decreto de condonación del servicio de agua potable, ante los procesos tardíos y burocráticos para su acreditación; por lo que solicitamos agilizar los trámites para que los albergues estén en posibilidad de acceder a dicho beneficio. 

Para conmemorar este día de muertos emitimos el presente comunicado en solidaridad con las familias de miles de migrantes fallecidos que perdieron sus seres queridos en búsqueda de lo básico para sobrevivir y en su intento por cruzar a EE.UU. De acuerdo a la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y datos de la Coalición Pro Defensa del Migrante, se han registrado desde 1994 al 31 de diciembre del 2019; 8,371 fallecimientos en toda la frontera norte de México, estas cifras son preocupantes al igual que los miles de personas migrantes no identificadas que fallecieron y se encuentran en calidad de desconocidas en los cementerios de EE.UU. lo que aumentaría aún más las cifras.  

A la par de este comunicado, la Casa del Migrante en Tijuana, A.C. realizará este día la tradicional “Bendición del Altar de Muertos” y celebración eucarística que por esta ocasión será de carácter no público debido al Covid-19. De igual forma el Instituto Madre Asunta, Casa YMCA y Albergue del Desierto conmemorarán a los migrantes fallecidos con altares de muertos.

Un 'antimonumento en forma de +72 fue instalado este sábado frente a la embajada estadounidense en la capital mexicana para conmemorar 10 años de la masacre de migrantes en San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas.

Un grupo de personas con ropas de color blanco, autodenominado +72, indicó que esta efigie se instala ante la embajada de EU.UU., situada en la Avenida Paseo de la Reforma para que la vean gobernantes, políticos, turistas y ciudadanos durante su andar por esta calle considerada una de las más transitadas de la ciudad.

El 'antimonumento" ha sido el acto central de la conmemoración de la masacre del 22 de agosto del 2010 en la que 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, fueron asesinados y sus restos abandonados a la intemperie, denunciaron.

Afirmaron que a este número que simboliza a las víctimas de esa masacre le han añadido el + para que se tomen en cuenta los miles de migrantes que han sido desaparecidos y asesinados durante su paso por el país con dirección a Estados Unidos.

"Atravesar el territorio mexicano se ha convertido en un viaje peligroso. Pasar por nuestros estados, sea en autobús, tren o caminando, resulta una empresa tan arriesgada que puede costar la salud, la integridad, la vida", indicaron los organizadores en un comunicado.

Señalaron que Estados Unidos, frente a cuya embajada ha sido puesto el 'antimonumento' también es responsable porque no solo durante la gestión del presidente Donald Trump, los persigue y los criminaliza.

Este mismo día, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recordó a las víctimas de la masacre de San Fernando al asegurar que sigue atenta al caso y que la ha dado seguimiento a la recomendación de la Fiscalía General de la República en la que pidió tomar las medidas necesarias para reparar los daños a los familiares.

Las autoridades mexicanas han detenido hasta el momento a unas 80 personas relacionadas con el asesinato de los 72 migrantes de países de Centroamérica como Honduras, El Salvador, Guatemala, y los suramericanos Ecuador y Brasil.