Luego de un recorrido de inspección por las instituciones de salud del Seguro Social y Hospital General de Tijuana, se llevó a cabo la firma de Ratificación de Participación Conjunta de las Instituciones de Salud en Baja California, contando también con la participación del Sindicato de Trabajadores del IMSS.

El Dr. Juan Manuel Lira Romero, Titular de la Unidad de Atención Médica a nivel nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, dijo que la institución ofrece todo su respaldo al Gobernador del Estado, Jaime Bonilla, para trabajar en unidad y total coordinación.

El Delegado Federal Único, Alejandro Ruiz Uribe, destacó que unidas todas las instituciones de salud en la entidad, darán protección a los doctores, enfermeras y todo el personal médico para que de esa manera puedan seguir brindando atención de calidad a los derechohabientes y ciudadanos en general.

Reconoció que es de esta forma como mejor se puede honrar a los doctores y doctoras y a todos los que participan de manera profesional en los hospitales de salud del Estado, porque son héroes invaluables que están salvando muchas vidas humanas, ante una situación difícil como es la pandemia del Coronavirus.

Por otra parte, reconoció al Secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, su invaluable trabajo, su gran voluntad de coordinación con las instituciones de salud y el hecho de que todos los días esté informando a los ciudadanos medidas de prevención contra el Covid-19.

Por su parte la Directora Regional del IMSS, doctora Desiré Sagarnaga Durante, dijo que el IMSS, seguirá redoblando esfuerzos para brindar a la derechohabiencia el trato que se merecen, dotando de todo el equipo e insumos médicos que se requieran.

En estos recorridos de inspección participó, el Secretario General de la Sección 7 del Sindicato de Trabajadores del IMSS, César Eduardo González Rocha, quien expresó el alto compromiso de los trabajadores de la salud en beneficio de los derechohabientes.

El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, aseguró que “las dos semanas que vienen para Baja California, a partir de mañana van a ser críticas”.

Agregó que “les agradezco a médicos y enfermeras que estamos doblando turno, que estamos triplicando turno, que no bajan la guardia.

Pero lo que sigue para Baja California es algo muy difícil, los hospitales ahorita están a capacidades del 85 por ciento, ocupamos más médicos y enfermeras que quieran trabajar, yo sé que es muy difícil por el miedo que todos tenemos de estar ahí, pero no hay otra, ahorita es cuando más nos ocupa nuestro pueblo y ahorita no podemos flaquear, porque mientras menos estemos ahí más personas pueden morir”.

Pérez Rico sostuvo que “las dos semanas que vienen le vamos a pedir encarecidamente —a los ciudadanos— que no salgan de sus casas, que se queden en sus casas, ocupamos que ustedes nos ayuden y no me gustaría ver a nadie en el hospital en las dos semanas, porque cuando llegan no llegan bien, la verdad llegan con mucha falta de aire y es muy difícil sacar un paciente diabético e hipertenso complicado, obeso con COVID no están respondiendo como quisiéramos, les estamos poniendo hidroxicloroquina, poniendo azitromicina y poniendo antivirales, les estamos poniendo oxígeno a casi 20 litros por minuto y no responden como quisiéramos, en tres días le damos seguimiento y tienen la misma evolución”.

Hay pacientes jóvenes que responden bien y se van a sus casas, pero yo no quisiera verlos en 14 días en hospitales y desafortunadamente si los encuentro en la calle ahorita en 14 días estarán en los hospitales”.

Reiteró: “esto apenas está empezando, mañana inicia la etapa crítica para Baja California que son dos semanas muy pesadas”.

El doctor Alonso Pérez Rico, informó que los hospitales COVID de la Secretaría de Salud, tienen un promedio de 68.1 por ciento de ocupación: 49 por ciento en Mexicali, cerca del 80 por ciento en Tijuana y 80 por ciento en Ensenada.

Con un total de 45 ventiladores disponibles, 8 en Tijuana, 24 en Mexicali y 3 en Ensenada.

Los hospitales COVID del IMSS en Baja California, tienen una ocupación hospitalaria del 55 por ciento: 60 por ciento en Mexicali, 96 por ciento en Tijuana en la clínica Uno, 57 por ciento en Ensenada y 31 por ciento en Vicente Guerrero, y total de ventiladores disponibles 18, cuatro en San Quintín, cuatro en Ensenada , 6 en Tijuana HGR1, y cuatro en HGZ30.

En los hospitales de apoyo, la ocupación hospitalaria es de ISSSTE 57 por ciento y hospitales ISSSTECALI 74 por ciento de ocupación.

La Secretaría de Salud de Baja California, en Mexicali ocupan enfermeras y en Tijuana tienen camas, pero ocupan médicos y enfermeras para abrir más pisos (de pacientes por COVID-19) en el Hospital de Tijuana.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel aseguró que no es que falten hospitales, camas, médicos o insumos en general.

Asegura que es sólo para prepararse, pues ''más vale que sobre y no que falte''.

Mencionó que estarán pendientes, en especial, de CDMX, el estado de México y de Baja California.

Los sistemas de salud de los estados que ahora hacen frente al Covid-19 entre grandes carencias como falta de insumos, poco personal e insuficiente infraestructura, arrastran un historial de malas prácticas en el manejo de los recursos públicos destinados a la atención de la salud.

En una década, las 32 entidades del país malgastaron parte del dinero que debía destinarse a servicios de salud, en bonos de fin de año y comisiones sindicales que no estaban presupuestadas, en pagos a médicos fantasma, en compras de medicamentos con sobrecosto y material de curación caduco, entre otras irregularidades.

La información presentada en este reportaje se desprende de una revisión hecha a los informes de fiscalización que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha practicado a los recursos que la Federación les ha transferido a los estados a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en 10 años (2009-2018).

Los recursos del FASSA son para que las entidades federativas presten servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social. Este fondo está estrechamente ligado con el Seguro Popular, ya que comparten infraestructura, medicamento y personal médico.

En 10 años, la ASF ha hecho observaciones por irregularidades en la forma en que los estados gastaron 41 mil 895.3 millones de pesos de este fondo. Las recuperaciones que se lograron durante el transcurso de las revisiones y hasta la elaboración del informe final de auditoría, fueron apenas de 6% de lo observado.

No comprueban inversiones. En 2018, las 32 entidades del país recibieron más de 95 mil millones de pesos del FASSA; sin embargo, tras las auditorías realizadas, la ASF encontró irregularidades por 4 mil 935.2 millones de pesos. Estos recursos servirían para contratar a unos 142 mil médicos especialistas [cada uno con un salario de 34 mil 755 pesos] en este contexto de pandemia.

En la revisión de la última cuenta pública de 2018, los auditores alertaron sobre pagos por 80.3 millones de pesos a personal médico que no logró ser encontrado en sus centros de trabajo en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Tabasco y Zacatecas.

La anomalía más recurrente ese año fue que los estados no comprobaron en qué gastaron 2 mil 155.8 millones de pesos, al carecer de documentación que amparara las compras. Esto representó 43.7% del monto observado.

Otra falla repetitiva que se presentó en 21 entidades fue que los gobiernos hicieron pagos excedentes o no autorizados en sueldos, prestaciones o estímulos y contrataron especialistas que no acreditan el perfil académico con ningún documento.

También es común que se realicen pagos al personal de honorarios sin tener evidencia de los contratos que amparen relación laboral y el pago por obras que no se ejecutan, servicios que no se realizan o compren medicamentos no incluidos en el cuadro básico. Esto último alcanzó observaciones por 141.6 millones de pesos en 2018.

Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explica que la importancia de los recursos del FASSA es que al complementarse con el Seguro Popular, van enfocados a garantizar atención médica a la población sin seguridad social.

El problema, explica, es que, como lo ha documentado la ASF, los recursos se usan en su mayoría para el pago de nómina, en vez de medicamentos o infraestructura. Una de las recomendaciones que han hecho desde el CIEP es contar con herramientas para asegurar que los recursos lleguen a su destino.

La investigadora aclara que aunque la bolsa de recursos para la atención de la salud ha aumentado, esto no se refleja en mejoras porque la población atendida por el Seguro Popular también va en aumento y hay necesidades de salud cada vez más caras.

Incluso, dice, si esos recursos se hubiesen aplicado para lo que estaban destinados, tampoco eso hubiese garantizado que contáramos con hospitales consolidados para hacerle frente a la pandemia, porque el problema principal radica en que el presupuesto destinado a salud es insuficiente.

"Sí depende mucho de que se gaste bien, pero si no gastas lo suficiente no vas a lograr alcanzar tu cobertura… lo que está poniendo en evidencia la pandemia es la brecha que existía no sólo en operación del sistema, sino en temas presupuestario", destaca.

Anomalías en compra de medicinas. Aunque uno de los objetivos del FASSA es prevenir enfermedades y garantizar el abasto y entrega de medicamentos, esto no se ha cumplido totalmente, se desprende de las observaciones que la ASF ha hecho a las 32 entidades del país. Desde 2010 el órgano fiscalizador alertó que los gobiernos estatales compraban medicamento y material de curación con sobreprecio y carecían de un eficaz programa de adquisiciones, lo que se ve reflejado en un deficiente abasto de medicinas.

En 2010, al revisar los medicamentos que las farmacias de las unidades de salud prescribieron en las 4 mil 758 recetas que integraron la muestra de auditoría de ese año, sólo dos mil 283 se surtieron en su totalidad, en mil 850 el surtimiento fue incompleto y en 625 no fue posible comprobarlo. Tampoco llevan un control de los medicamentos en sus almacenes.

En 2011 se detectó que la falta de inventarios generaba medicamentos caducos, próximos a caducar, de lento o nulo movimiento. En 2013, los estados destinaron 80.8% del total del fondo en salud para cubrir el gasto en servicios personales, 10.1% en gastos de operación y sólo 4% para adquirir medicamentos, material de curación y otros insumos médicos.

"Esto limita la capacidad de respuesta del sistema de Salud para hacer frente a los retos en surtimiento de medicamentos, lo que repercute en la prestación del servicio de la población más vulnerable e impacta en su economía", dictaminó la ASF.

De 2014 a 2018 la Auditoría Superior de la Federación denunció que los procesos de licitación o adjudicación de los medicamentos o material de curación no se realizan conforme a la norma y que los contratos y pedidos se formalizan inadecuadamente.

Despilfarro. Una observación recurrente desde 2009 tiene que ver con recursos ejercidos en costear acciones que no se vinculan con los objetivos del fondo. Ese año, la ASF encontró que los estados destinaron 800 millones, principalmente en subsidios a organismos descentralizados, asociaciones civiles y secciones sindicales.

En 2010 el monto de irregularidades por recursos destinados a conceptos distintos a los objetivos del fondo bajó a 500.7 millones y aunque esa observación sigue siendo frecuente, en la última revisión, bajó a 257.7 millones.

En 2010 los estados de Guerrero, Morelos, Querétaro y Yucatán usaron indebidamente los recursos del FASSA para pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y subsidiar vales de despensa a los trabajadores por 38 millones de pesos.

Los pagos sin autorización al personal comisionado al sindicato de salud y a otras dependencias también fueron frecuentes entre 2010 y 2017.

En 2013, un total de mil 916.3 millones de pesos otorgados a Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Veracruz, entre otros, fueron transferidos a otras cuentas distintas al fondo sin que los estados pudieran acreditar su destino.

Chiapas, Oaxaca y Edomex, en la mira. En la Cuenta Pública de 2018, Oaxaca y Chiapas fueron las entidades con el mayor monto observado con mil 446.3 y mil 68.1 millones de pesos, respectivamente: "Es fundamental que dichas entidades fortalezcan el control de los recursos del fondo, a fin de lograr las metas", recomendó la ASF.

En Oaxaca se dictaminó un posible daño al erario por mil 324.6 millones de pesos tras no acreditar que fuesen destinados a los objetivos del FASSA.

En Chiapas la ASF encontró en 2018 un posible daño al erario por mil millones de pesos por recursos que fueron transferidos a cuentas bancarias de otros programas y pidió aclarar los pagos a 44 trabajadores que no fueron identificados en sus centros de trabajo. En el Estado de México en 2017 la ASF calculó un daño al erario de 854.3 millones de pesos por recursos no ejercidos o no reintegrados a la Federación y 17.3 millones por pagos a personal que no acreditó el perfil académico para su puesto.

También, la ASF hizo observaciones por 34.1 millones de pesos por pagar desde la cuenta bancaria del FASSA recursos superiores a lo establecido en la suficiencia presupuestal para liquidar un contrato de adquisiciones.

En medio de la crisis sanitaria que vive el país por la epidemia de Covid-19, el Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) solicitó autorización a la Secretaría de Hacienda, con carácter de urgente, para utilizar de sus reservas financieras otros 5 mil 48.8 millones de pesos para la compra de 14 mil 975 equipos médicos que serán utilizados únicamente en "pacientes que se contagien con el coronavirus".

Del total de recursos que se busca ejercer de inmediato, mil 587.3 millones de pesos serán para comprar 3 mil 459 monitores de signos vitales y mil 482.3 millones para la adquisición de 979 ventiladores adulto-pediátricos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los gobernadores del PAN, quienes acusaron el haber recibido equipo médico de "penosa calidad" para enfrentar el Covid-19, por las circunstancias se precipitaron y se confundieron, porque por escrito se les informó que esos insumos no deben usarlo los médicos y enfermeras.

"Yo creo que se precipitaron, es por las circunstancias, ya se están distribuyendo por todos lados, pero ese equipo que se dio a conocer fue una confiscación si se puede llamar así, que hizo el SAT y se les está ayudando en todo".

En Palacio Nacional, en su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que los mandatarios de Acción Nacional se confundieron y pensaron que era el equipo médico para enfrentar la pandemia.

El mandatario mostró un correo electrónico, con fecha del 13 de abril, que envió el Coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos, Alejandro Calderón Alipi, dirigido a todos los gobernadores, por lo que consideró que se trató de una falta de información y no hubo mala fe.

"Por medio de la presente le hago saber que se han enviado a todos los establecimientos de salud, a su digno cargo, batas con las siguientes características: batas de 22 gramos, que deberán ser usadas exclusivamente por personal que no están en contacto por pacientes Covid".

"Estas batas fueron transferidas por el Servicio de Administración Tributaria, procedentes de un decomiso, así mismo se le ha enviado y seguirá enviado batas impermeables de polipropileno. Estas batas si están destinadas para el uso del personal de salud que sí está en contacto con pacientes Covid", dijo el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez al leer el correo electrónico.

El vocero presidencial dijo que esa información se le hizo llegar a los gobernadores y "si los secretarios de salud, estatales no informaron a los gobernadores es otra situación".