Los casos de COVID-19 en adultos mayores de América Latina y el Caribe ponen en evidencia la fragilidad de los sistemas de cuidado y apoyo para esta población. La pandemia muestra la falta de protocolos de acción y prevención tanto en atención domiciliaria como en residencias y la necesidad de apoyo a los familiares y cuidadores informales. Hoy en día, ocho millones de adultos mayores en la región (12% de las personas de 60 años y 27% de los de 80 años o más) tienen alguna dependencia funcional, según el estudio “Envejecer con Cuidado: atención a la dependencia en América Latina y el Caribe ”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto es, no pueden llevar a cabo de manera independiente al menos una actividad básica de la vida diaria, como bañarse, comer o levantarse de la cama.
La gran mayoría de ellos recibe apoyo de un miembro de su familia, en su mayoría mujeres. Los adultos mayores corren el riesgo de quedar sin nadie que los cuide, en caso de que el cuidador principal se enferme, o si el aislamiento social les impide recibir visitas. Un 14% de los mayores de 60 años vive solo y la cifra asciende a 20% entre los mayores de 80 años; en países como Argentina y Uruguay, estas cifras equivalen al 20% y casi 30% respectivamente.
La carga extra de los cuidados en tiempos de pandemia, y el stress que esto genera, puede tener efectos negativos en la salud mental y física de los cuidadores familiares. A esto se le agrega las responsabilidades adicionales que puede tener el cuidador, como cuidado de niños y aumento del tiempo dedicado a las tareas del hogar.
Todo esto evidencia la necesidad de contar con sistemas de cuidados que impulsen los servicios de atención domiciliaria en el hogar, ahora más que nunca. Además, se vuelve imprescindible contar con sistemas de apoyo a los cuidadores informales, mediante cursos de capacitación, apoyo emocional, y estabilidad laboral.
A la falta de capacitación y carga extra que padecen los cuidadores, se suma la escasez de estos. En una situación de contagio en residencias, por ejemplo, donde la separación del personal entre quienes cuidan a personas infectadas y quienes cuidan a los sanos es fundamental para impedir la propagación, la falta de personal puede suponer grandes limitaciones para poder cumplir con este protocolo. El riesgo de contagio entre los cuidadores agrava la situación.
Se necesitan desarrollar sistemas de cuidados que se enfoquen en la formación y capacitación de recursos humanos y que valoricen su trabajo, a través de mejores condiciones laborales (mayores salarios, formalización, posibilidades de carrera). Solo de esta forma se podrán atraer los recursos humanos necesarios para suplir las necesidades de cuidados.
La velocidad de envejecimiento que está experimentando la región, y el consecuente aumento esperado de personas con dependencia en el futuro próximo, presiona aún más a tomar cartas en el asunto. Se espera que en 2050, los adultos mayores con dependencia funcional llegarán a 27 millones, esto es más de tres veces la población actual, triplicando la demanda de servicios de atención a la dependencia. Al mismo tiempo se reducirá la oferta tradicional de servicios de atención, basada principalmente en el trabajo no remunerado de las mujeres de la familia.
