La fórmula propuesta por la empresa Blue Propane es sencilla para que los consumidores de gas de Baja California tengan un carburante de calidad a precio competitivo: que el mercado se abra a la competencia y se termine con un ambiente de corrupción gubernamental, que no solo ha permitido irregularidades en la operación de empresas que datan de hace más de 30 años en la región, también han operado clandestinamente –ilegal y a obscuras-, para poner piedritas en la camino a quien quiera instalarse.

Entrar a competir en la industria del gas LP en Baja California ha sido un calvario para Blue Propane. En los últimos años 30 años diversas empresas han intentado establecerse en alguna de las cinco ciudades que forman el Estado, sin embargo, apenas una lo ha logrado, mientras que las demás se han desistido ante las barreras políticas, jurídicas y civiles que se han conformado a lo largo de las últimas tres décadas, para evitar que ingresen nuevos agentes económicos a romper con el monopolio del gas.

Después de sus vecinos del sur, Baja California es la entidad con los precios más altos en el mercado del gas en México, de acuerdo con reportes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que en el último reporte de Precios Vigentes al 15 de diciembre de 2019, revela que mientras estados como Oaxaca o Chiapas tienen los precios más bajos con 15.83 y 14.43 pesos por kilo, en Baja California el precio se eleva a 20.78 pesos por kilo, es decir, cinco pesos más. En 2015, la empresa sonorense Blue Propane inició trámites para la instalación de 10 estaciones de servicio conocidas como Estaciones de Servicio con fin específico para la venta al público de Gas Lp, coloquialmente llamadas “Estaciones de Carburación”.

Para las 10 estaciones obtuvieron los permisos para operar y vender el hidrocarburo que exige la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como la Evaluación de Impacto Social y el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA). La empresa sonorense también cuenta con las constancias que acredita el cumplimiento pleno de las especificaciones técnicas de diseño y construcción comprendidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004, norma oficial que comprende los requisitos técnicos mínimos de seguridad que se deben observar y cumplir en el diseño y construcción de estaciones de Gas L.P., para carburación con almacenamiento fijo, que se destinan a llenar recipientes con Gas L.P. de los vehículos que lo utilizan como combustible. (Continuará).

La empresa gasera Blue Propane respalda la decisión del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de crear “Gas Bienestar”, una empresa pública que disminuiría los costos del gas LP en las colonias populares de las distintas ciudades del país, aseguró el presidente de la empresa sonorense Jorge Alberto Elías Retes. 

“Vemos con buenos ojos la propuesta de nuestro Presidente. En el caso de Baja California, donde a nosotros como empresarios socialmente responsables nos consta que las palabras del Presidente son una realidad: hemos denunciado desde hace más de cinco años que los monstruos del gas LP en el país y particularmente aquí en Baja California, han distorsionado el mercado para beneficiarse a costa de las familias más humildes. Nosotros hemos sido víctimas de este cartel del gas que ha comprado a autoridades de los tres órdenes de gobierno”, dijo el Elías Retes. 

Luego del anuncio del presidente este miércoles, el empresario sonorense explicó que desde 2016 que llegaron a Tijuana para ofrecer una alternativa en el mercado del gas lp a los consumidores, se encontraron con una serie de trampas jurídicas que han evitado la apertura de diez estaciones expendedoras del hidrocarburo.

De acuerdo con los a bogados, el anuncio del presidente López Obrador de crear una nueva empresa de gas LP vendría a sacudir los intereses de empresarios caciques que durante décadas se han beneficiado de mantener un control absoluto en el mercado del gas, donde los grandes perdedores son las familias más pobres de las principales ciudades, como en Tijuana, una de las ciudades con el precio de gas más caro del país.

La Secretaría General del Ayuntamiento de Tijuana, precisó que hará una revisión a fondo en los procesos internos llevados a cabo y que culminaron con la emisión y expedición a la empresa Blue Propane, de los Dictámenes de Factibilidad de Uso de Suelo especial, para Estación de Carburación de Gas L.P., y corroborar que se haya cumplido con todos los requisitos de ley.

Luego de asegurar que la actual administración municipal está a favor del surgimiento e inicio de operaciones de nuevas empresas, éstas deben cumplir siempre el marco legal, y no poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

La dependencia municipal estableció su compromiso a la ciudadanía, de no poner en riesgo su seguridad con la instalación e inicio de operatividad de forma irregular de estaciones de carburación de gas L.P., y así evitar futuras catástrofes.

Se agregó que si bien la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado, se ha pronunciado en contra de las resoluciones por medio de las cuales se dejan sin efecto los usos de suelo de la empresa Blue Propane, dichas sentencias no se encuentran firmes al haberse interpuesto en su contra recurso de revisión, que deberá ser resuelto por el Pleno del Tribunal.

Se adelantó que existen muchos elementos para considerar que dichas sentencias serán revocadas por el Pleno de dicho Tribunal, una vez que se han delatado y evidenciado flagrantes violaciones al debido proceso, por ello que la autoridad municipal habrá de hacer a la vez, una revisión de fondo en los procesos internos que se realizaron en torno a la empresa Blue Propane.

El funcionario ha ignorado la solicitud para el levantamiento de sellos de clausura de una empresa.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, por sus siglas TEJA, citó al titular de la Dirección De Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Oscar Alejandro González Lozano, para justificar sus acciones y subsecuentemente acatar una orden judicial y evitar una multa por una decisión personal que frena la apertura del mercado de comercialización de gas.

 El funcionario ha ignorado la orden del levantamiento de los sellos de clausura de un establecimiento, lo que está retrasando que un particular obtenga la documentación de terminación de obra para nuevas empresas. 

El Primer Secretario de Acuerdos de la Sala Auxiliar del TEJA, Alberto Valdez, refirió que en este caso de incumplimiento, las sanciones son impuestas directamente al servidor público y no a la dependencia que representa. 

En septiembre pasado, el Tribunal solicitó a la autoridad municipal expedir la constancia de terminación de obra y consecuentemente la liberación de las licencias de operación.

El representante legal de Blue Propane, Allan Jaramillo Pérez, explicó que en estos acuerdos complementarios se señalan las medidas de apremio y un requerimiento a que el Ayuntamiento acate lo que dispone la suspensión provisional “y le señala que en caso de incumplimiento aplicará una multa, arresto o subsecuentemente la destitución”. 

Lo anterior, refirió Jaramillo Pérez, en el entendido de que hay antecedente por parte del Ayuntamiento en el desacato sobre la suspensión provisional otorgada en su momento. 

“Debido a eso el Tribunal previniendo que ocurra lo mismo, hace sabedor al Ayuntamiento de los medios de apremio que se aplicarían si ocurre un desacato”. 

Las estaciones en las que surte efecto el mencionado resolutivo son las que tienen por ubicación las colonias Baja Maq El Águila, Loma Dorada, El Tecolote, Poblado Ejido Francisco Villa y Ejido Mariano.

Información de El Financiero

La empresa Blue Propane obtuvo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, hace algunas semanas, la orden para que las autoridades locales reconocieran la validez de los documentos que amparan la construcción y operación de las llamadas “gaseritas”, en diferentes colonias y fraccionamientos de Tijuana, sin embargo, a decir del abogado del corporativo, Edgar Alan Jaramillo, todavía siguen la Secretaría de Economía Sustentable de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana, entorpeciendo la apertura de las instalaciones.

Y es que a través de un oficio, firmado por el secretario de la dependencia, Mario Escobedo Carignan, respondieron que la Secretaría de Economía Sustentable no tiene con ellos pendiente ningún procedimiento administrativo y que “están perfectamente concluidos” los aspectos legales, pero, no se han desistido ante la Fiscalía General del Estado de los cargos en contra de la empresa.

“Hay denuncias penales desde el año pasado de la Secretaría de Economía, están activas, pero han sido desatendidas por parte de ellos. Mientras subsistan esas denuncias, son un tema que nos genera la obligación de atenderlas, aunque no tengan sustento legal. La respuesta que nos dieron a través de un oficio fue en términos muy generales, la tomamos con reserva, porque aunque reconocen que no tienen situación con nosotros, son omisos en responder al tema pendiente en materia penal.

“Nos dice en ese mismo oficio que si hay pendientes, busquemos otra vía alterna. Se deslindan de las averiguaciones previas y de las actuaciones de los funcionarios de ésa dependencia, lo cual les hicimos de su conocimiento las irregularidades en las que incurrieron, sin tener respuesta hasta la fecha si tienen o no procedimiento administrativo o qué medidas tomó la dependencia a su cargo en relación a estos hechos”.

Está vigente, insiste el abogado de Blue Propane, una denuncia por levantamiento de sellos, “pero no tenemos ninguna actuación de ése tipo, ni procedimiento administrativo, por eso no puede haber levantamiento de sellos ni procedimiento administrativo, porque no es una materia que le corresponda a la Secretaría, no está en el ámbito de su competencia.

“Nosotros tenemos la documentación de que estamos regulados y que no atentamos en materia ambiental, pensar que esas actuaciones penales se caen solas en una idea errónea, le decimos al secretario que es su responsabilidad, que nosotros somos una inversión, que nosotros estamos buscando donde generar trabajo e inversión y se nos impide, es responsabilidad de él como secretario de economía generar las condiciones de crecimiento económico.

“Se trata de una respuesta ambigua, queriendo aparentar que ha atendido nuestras solicitudes, nos está tratando de dar algo, para justificar que fuimos atendidos, pero nos deja igual, por una extraña razón se niega a atender, él dice que es función de la Fiscalía, pero son producto de actuaciones de ésa secretaría, es decir, no puede él cubrir su omisión, culpando a otra dependencia.

“Seguimos en los procesos de ajuste para iniciar actividades, el tema con la Secretaría es una limitante que nos quita tiempo, estamos considerando proceder legalmente contra el secretario o funcionarios que sean responsables, porque son obstrucciones a actos de comercialización y es una actividad esencial de beneficio público.

“Cuando ésa accesibilidad se bloquea, se cae en un delito contra la economía, valoraremos presentar una denuncia penal”.

Por su parte el Ayuntamiento de Tijuana también está en acciones dilatorias, ya que a decir del abogado, presentaron un recurso de queja para evadir la responsabilidad, eventualmente deberán acatar, “entregándonos los documentos de la terminación de obras, estamos esperando y en días más, presentamos un recurso por incumplimiento, en espera de que se gire un oficio para obligar al responsable de la administración, para que se gire la documentación”.

Aún no es candidato y ya tiene en puerta una denuncia penal Mario Escobedo Carignan, secretario de economía sustentable en Baja California.

La distribuidora de gas Blue Propane tiene lista una denuncia penal por los delitos de uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, obstrucción de actos de comercio y colusión, luego de que el funcionario mantiene activas investigaciones contra la compañía, tema en el cual la Fiscalía General de la República ya resolvió el no ejercicio de la acción penal.

Hace unos días, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa instruyó también al Ayuntamiento de Tijuana a levantar el estado de clausura sobre las estaciones de servicio de la gasera, mientras que la Jueza de Control ordenó la restitución de los bienes que tenía asegurados la Fiscalía General del Estado, todo como resultado de una batalla legal que Blue Propane mantiene desde los tiempos del gobernador Kiko Vega para intentar operar comercialmente en la ciudad fronteriza.