El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Rigoberto Laborín Valdez, participó este viernes a través de videoconferencia en una reunión de trabajo donde el tema central a discutir, fue el proyecto para la construcción de una desaladora en el municipio de Playas de Rosarito.

Laborín Valdez, aportó sus opiniones respecto a la parte técnica de este proyecto, de interés para este “Gobierno en Marcha” que encabeza Jaime Bonilla Valdez, por el impacto que traería para la población y el desarrollo del estado.

Participaron en el encuentro virtual representantes de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado (SIDURT), como cabeza de sector, así como de la Comisión Estatal del Agua (CEA), además de un especialista técnico, quienes se comprometieron a dar continuidad al análisis respecto a dicho proyecto.

En dos años al frente del gobierno del Estado, Jaime Bonilla dejó numerosos pleitos legales, que le pueden costar millones a la actual administración de Marina del Pilar Ávila, entre ellos un litigio de la empresa Aguas de Rosarito, una planta desaladora que tenía ya contrato para construirse, de la época del ex gobernador Francisco vega de Lamadrid.

El secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía precisó que por tratarse de una empresa extranjera, se planteó la demanda a través de organismos internacionales, ya que es un conflicto comercial internacional.

Igualmente el Estado enfrenta una demanda del suministrador de energía eléctrica Sumex.

El funcionario dijo que fue un administrador privado del contrato, desplazado por Orca, y que hasta donde saben está ejerciendo un procedimiento legal, “buscando un espacio de negociación que sea conveniente para el gobierno estatal”.

Durante la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar y a pregunta expresa del periodista Antonio Heras, fue que se explicó que estos casos se encuentran en proceso.

También se dio a conocer que se harán públicos los contratos de Fisamex.

Sobre el nombramiento de un fiscal anticorrupción, está siendo revisado y espera que se genere un anuncio a partir del próximo año.

La planta desalinizadora de Ensenada sigue presentando afectaciones, lo que ha derivado en un persistente desabasto de agua para diversas zonas de la ciudad.

Desde hace varias semanas, se presentaron problemas que han dejado sin el servicio de agua a una gran parte de la población que se abastece de esta planta, aunado a los problemas que se presentaron en las fuentes de Cespe.

Actualmente, la desaladora entrega de 100 litros por segundo (lps) de los 250 lps por que se llenó de arena el cárcamo de succión; sin embargo, se informó que ya abrieron las zanjas y se están revisando los tubos.

En un informe presentado, se dio a conocer que las zonas que se ven afectadas en el suministro de agua contarán con la línea de atención para solicitar pipas al 646 2464197.

En tanto que la planta comience a operar con regularidad, la Comisión de Servicios Públicos de Ensenada inició el Programa de Pipas, recorriendo Pedregal Playitas en las calles Cobre, Playa Alta, Playa Sta María, Basalto, Cuatro Milpas, San Antonio, Valle del Sol y Punta Rosarito.

Tras la rescisión del contrato con Aguas de Rosarito para la construcción y operación de la planta desalinizadora, el gobierno aún desconoce cuánto deberá pagar por la cancelación, pero ya contempla crear otra de menor dimensión.

El Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California, Salomón Faz Apodaca, dijo que en unos dos años tendrían la definición de una planta desaladora más pequeña que el proyecto cancelado, para dar servicio por unos 15 años con holgura.

En el contrato, el gobierno de Baja California tenía que asegurar el pago mensual de 173 millones de pesos durante 37 años de consumo de agua, pero ahora deberá subsanar los gastos por la recesión anticipada del contrato de Asociación Público Privada.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) de Baja California canceló el proyecto de la desaladora de Playas de Rosarito y le avisó al consorcio Aguas de Rosarito, informó Mark Robak, miembro de la Junta del Distrito de Agua de Otay, en California.

"La CEA informó a Aguas de Rosarito, (consorcio) creado para entregar el agua desalada de mar, que se terminaba el contrato realizado desde agosto del 2016", tuiteó hoy el funcionario del organismo de agua.

Robak mostró un documento en el que se exponen las causas de la cancelación, entre ellas que el proyecto no es financieramente factible debido a aumentos en los costos de construcción, operación y financiamiento.

Así como cambios negativos en las tasas de interés y de cambio de divisas, y que había presión para aumentar las tarifas de agua.

"Obliga al gobierno estatal a cubrir los déficits de costos, evitando así el gasto en inversión o programas sociales. Afecta negativamente el interés general", dice una de las razones enumeradas.

La carta también solicita a ADR que se haga un inventario de los activos del proyecto, incluidos 24.2 millones de dólares en propiedad y costos de derecho de paso.

El Distrito de Agua de Otay, un proveedor público de agua, agua reciclada y servicio de alcantarillado en Estados Unidos, ubicado en la zona colindante con Tijuana, esperaba que México le vendiera el líquido, a través de la desaladora, por lo que tenía su propio comité de seguimiento.

En una memoria de una reunión en diciembre de 2017, se expone que la junta del organismo debería esperar hasta 2020 para ver el curso del proyecto.

"Después de las elecciones presidenciales del 2018 y las elecciones para gobernador del 2019", indica la minuta.

Además se hace referencia a una tubería aprobada por el Gobierno de Estados Unidos en mayo de 2017 para la importación de agua.

El pasado 2 de julio, el Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección al Agua del Estado, Salomón Faz Apodaca, informó en conferencia que el Gobierno de Baja California revisaría este mes si seguiría el proyecto de la planta desaladora.

Apenas el 29 de marzo de 2019, el ex Gobernador panista Francisco Vega solicitó una actualización del presupuesto original para el proyecto, que se dio a conocer públicamente en 2015.

El 7 de noviembre pasado, el actual Gobernador Jaime Bonilla, quien presidió el Distrito de Agua de Otay por varios años, expresó que el estado no podía pagar 158 millones de pesos mensuales.

Las alternativas

El Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección al Agua del Estado, Salomón Faz Apodaca, dijo que queda abierta la opción a hacer un proyecto de menor tamaño, que cumpla con las necesidades de agua de Tijuana.

"Ya se iniciaron los procesos de notificación a la empresa Aguas de Rosarito sobre la recisión del contrato, ya lo están viendo áreas con miras a negociar la no continuación del proyecto".

"(Se canceló) por el tamaño del proyecto y el impacto en las finanzas públicas del estado, fundamentalmente ese fue el tema que nos llevó a esa decisión", agregó.

Faz Apodaca precisó que se necesita una nueva propuesta.

"Se requiere una nueva propuesta con un tamaño adecuado para Tijuana, la ciudad necesita para los siguientes años entre 500 mil y un metro cúbico por segundo, y eso nos da una holgura de 10 años por delante", dijo.

"En esa figura (de antes) de asociación público privada, en el que entramos como socio, si vamos pagando el metro cúbico y la planta para que sea del estado, pues tiene impacto en las finanzas públicas, y fueron recibidas muy comprometidas en gasto, con deudas con maestros y proveedores", explicó.

El Secretario subrayó que por ello fue responsable no asumir obligaciones derivadas de un proyecto tan "sobrado" para las necesidades de la ciudad.

"Tijuana debe tener la seguridad de agua a largo plazo, opciones de corto plazo son pozos, el acueducto (desde el Río Colorado, en Mexicali) está llegando al 100 por ciento de su capacidad, finalmente vamos a terminar obteniendo agua de mar como una alternativa de mediano y largo plazo para el desarrollo de la zona", reconoció.

Créditos: Aline Corpus, El Reforma