Como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California permitirá “por acuerdo” que los funcionarios públicos, no presenten la declaración de su situación patrimonial y de intereses.

En un documento firmado por la titular de la secretaría de la honestidad, Vicenta Espinosa Martínez, se detalla que se tiene como “causa justificada” que por la emergencia sanitaria no se presenten las declaraciones en la modalidad de inicio y conclusión en los plazos previstos por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.

En el primer punto se puede leer: “Se tiene como causa justificada la no presentación de las declaraciones de situación patrimonial y la de intereses en la modalidad de modificación, durante el mes de mayo de 2020”.

Mientras que en el segundo punto se lee: “Se tiene como causa justificada por la emergencia sanitaria, no presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de inicio y conclusión”.

El acuerdo emitido por la funcionaria estatal Vicenta Espinosa, fue signado el treinta de abril del dos mil veinte y publicado en el Periódico Oficial del Estado el ocho de mayo del año en curso. 

“Es increíble este acuerdo porque a ningún ciudadano le han permitido aplazar sus declaraciones, pero al funcionario le dicen que puede hacerlo porque hay una emergencia sanitaria”, refirió un abogado consultado.

Este “acuerdo” deja en claro la forma en que se están auto-tolerando el ocultar sus bienes y tratan de que la población no se entere de lo que poseen los funcionarios, justo ahora que están obligados a transparentarlo, añadió.

Cabe mencionar que las declaraciones de situación patrimonial y declaración de intereses se presentan a través de medios electrónicos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración patrimonial y de conflicto de intereses en la que reportó un ligero incremento en su salario como Presidente de la República, su única fuente de ingresos.

En la plataforma Declaranet, López Obrador reportó que sus ingresos el año pasado sumaron un millón 628 mil 717 pesos, lo que representa un aumento de 61 mil 317 pesos respecto al 2020, cuando informó ingresos por un millón 567 mil 400 pesos.  

El Presidente de México aseguró que no posee ninguna propiedad ni vehículos, así como tampoco haber obtenido algún rendimiento financiero.

Destaca que, pese a que públicamente el presidente López Obrador presumió en marzo pasado que su último libro “A la mitad del camino” era el libro más vendido sobre política en México, por lo que anunció que recibiría alrededor de 3 millones de pesos en regalías, estas no aparecen en su declaración. 

Señaló en esa ocasión que estaba pensando en qué invertirá este monto económico que recibirá por parte de la editorial que publicó su libro.

“Ahora me voy a rayar porque no le va a gustar a los adversarios, pero el libro que escribí, el de “A la mitad del camino” se ha vendido mucho, es el libro más vendido sobre temas políticos sociales del país, se han vendido más de 200 mil ejemplares, y entonces pagando impuestos, voy a recibir ahí como 3 millones de pesos porque me dan el 12% de cada libro vendido.

“Lo que me dieron de anticipo pues lo parte porque me pagaron el anticipo en especie y entregué como 10 mil libros, pero aparte vendidos pues más de 200 mil entonces vamos a ver qué hacemos con ese dinero”, comentó.

El presidente López Obrador reportó dos cuentas bancarias: una en Banorte y otra en Afirme –en donde no detalló sus saldos; mientras que en Pensionissste informó que tiene su Afore.

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Que los funcionarios públicos que estaban prestando servicios en el ayuntamiento de Ensenada en delegaciones, y que ahora forman parte de San Quintín, presenten su declaración patrimonial fue el exhorto que hizo sindicatura municipal.

Se estableció como fecha límite el 31 de mayo de este año y para el caso de los servidores públicos que prestan sus servicios en este municipio deberán presentar la declaración de situación patrimonial anual.

Para el cumplimiento de esa obligación de todos los servidores públicos, la Sindicatura Municipal pone a disposición de los sujetos obligados el programa denominado DeclaraNet, el cual se encuentra para su descarga e instalación en la página de internet: http://sindicatura.ensenada.gob.mx/servicios/declaranet.php 

Asimismo, en el ánimo de evitar confusiones en los servidores públicos, se aclara que en el caso de las declaraciones iniciales o en su caso anuales que les correspondan presentar a los servidores públicos de San Quintín, deben ser presentadas ante el Concejo Municipal Fundacional.

CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (EL UNIVERSAL).- En su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que sus ingresos netos obtenidos el año pasado fueron de más de 5 millones de pesos, casi la mitad de lo que reportó en su declaración de 2018, hecha en 2019, que fue de poco más de 11 millones de pesos. 

Al hacer una revisión de su declaración en la plataforma Declaranet, operado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se detalla que por su posición como titular de la CFE, obtuvo una remuneración anual neta de 2 millones 209 mil 550 pesos, mientras que otros ingresos que declaró, que obtuvo el año pasado, sumaron 3 millones 593 mil 696 pesos. 

En tanto que por actividades financieras como rendimientos o ganancias, Bartlett Díaz obtuvo 399 mil 757 pesos, dando un total de ingresos anuales netos, en 2019, de 5 millones 803 mil 246 pesos.

Al revisar su declaración que presentó el 24 de mayo de 2019, el exsecretario de Gobernación informó que sus ingresos anuales fueron de 11 millones 197 mil 183 pesos, los cuales derivaron de sus remuneraciones por cargos públicos, por actividad industrial o comercial y por actividades financieras y profesionales. 

Investigaciones hechas por los periodistas Carlos Loret de Mola y Areli Quintero arrojaron que el funcionario, junto con su familia, habrían construido un "imperio inmobiliario" con 23 casas de lujo que están en las zonas más caras del Valle de México.

La investigación presentada en agosto de 2019 informa que Bartlett declaró ante la SFP una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos; sin embargo, el reportaje dice que su fortuna es 16 veces más grande solo en propiedades.

Bajo el nuevo formato de declaraciones patrimoniales, aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y publicado el 23 de septiembre de 2019, estableció que ciertos datos personales de terceros debían ser protegidos para no afectar su derecho humano a la privacidad, por lo que las declaraciones en Declaranet "únicamente serán visibles los datos relativos al servidor público, como el puesto, ingresos, así como la información patrimonial y de conflicto de intereses del cual es el titular de manera directa".

"La información de terceros, como la del cónyuge y los dependientes económicos, no será pública y únicamente será visible para las autoridades competentes, quienes exclusivamente podrán acceder a dicha información de carácter confidencial", se indicó.

CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (EL UNIVERSAL).- Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración patrimonial y de conflicto de intereses anual en donde destaca que en 2019 tuvo un ingreso neto por su cargo como Presidente de la República por un millón 567 mil 640 pesos, y que no es propietario de ningún inmueble o vehículo.

En versión pública, los nuevos formatos de la declaración patrimonial y de conflicto de interés, permite a los funcionarios ocultar bienes de sus cónyuges y dependientes económicos.

En la plataforma Declaranet, operado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el primer mandatario detalló que tiene una cuenta de nómina con Afirme Grupo Bancario, sin detallar montos, y que su afore está en Pensionissste, donde tampoco indicó el saldo.

En su declaración patrimonial del año pasado, el presidente aseguró poseer en sus cuentas bancarias un total de 522 mil 828.

En la actual declaración patrimonial, López Obrador informó que su lugar de residencia se encuentra en Plaza de la Constitución sin número, en la Ciudad de México y que no cuenta con ningún préstamo o comodato por terceros, así como no contar con participaciones en empresas, sociedades o asociaciones en los últimos dos años.

El pasado 8 de junio, en su tradicional conferencia de prensa, el mandatario aseguró que presentaría su declaración, pero adelantó que no había adquirido ningún bien, puesto que no le interesa el dinero y nunca ha sido éste uno de sus propósitos en la vida.

En Palacio Nacional, el mandatario reiteró que no tiene cuentas bancarias ni tarjetas de crédito, solo el salario que se le paga como Presidente de la República, el cual es administrado por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

"Acerca de mi declaración de bienes, la voy a presentar, tengo la obligación de hacerlo. No he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan, y eso lo administra Beatriz. Yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido, pero no ahora, llevo así creo que 30 años, nunca he tenido. Tengo mis ahorritos y manejo mi efectivo si requiero algún gasto.

"Pero voy a cumplir, así como todos los que tiene que cumplir manifestando bienes", e indicó que su rancho que tiene en Palenque, Chiapas será entregada a sus hijos como herencia.

"Acerca de bienes, no he adquirido nada, no tengo tampoco nada que me pertenezca, la casa de Palenque ya la entregué a mis hijos. Claro que mediante un procedimiento legal, en donde ellos puedan disponer de la casa cuando yo ya no esté en este mundo, cuando yo pase a mejor vida, entonces sí van a disponer. Nunca me ha interesado el dinero, no es un propósito para mí tener dinero".

López Obrador aseguró que respeta a todas aquellas personas que tienen dinero y que lo han adquirido con esfuerzo, trabajo y en marcos de la ley.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) advirtió que los altos mandos del gobierno federal, desde los subdirectores de área hasta el Presidente de la República, tiene la obligación legal de presentar su declaración patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación a más tardar el 31 de julio de 2020.

"Lo cual no sólo es un compromiso legal, sino también ético para refrendar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno de México", aseguró la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Por medio de un comunicado, la funcionaria reiteró que debido a la pandemia de Covid-19 para el caso de servidores niveles como jefe de departamento, enlace, operativo y de base sindicalizados, emitirá un acuerdo para extender el plazo de la presentación de la declaración patrimonial y de intereses hasta el 31 de diciembre de 2020, para que cumplan con dicha obligación.

Entre los trabajadores que presentarán por primera vez su declaración patrimonial se encuentran policías, médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza y mantenimiento, profesores y maestros, entre otros.

La secretaria Sandoval explicó que con la extensión del plazo se busca "facilitar el cumplimiento de la obligación a los más de un millón y medio de servidores públicos que desarrollan labores indispensables en la Administración Pública Federal (APF), pero no forman parte de los principales niveles con riesgos de corrupción".

La funcionaria criticó que la obligación a realizar declaraciones patrimoniales por parte del personal de nivel operativo y de base fue resultado de un "exceso" de parte de los diseñadores del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el sexenio pasado.

Además, dijo, es una medida que aporta poco al combate de delitos como el enriquecimiento ilícito, y, al contrario, distrae recursos humanos y materiales.

La secretaria Sandoval recordó que la Función Pública trabaja para evitar contratiempos y lograr la simplificación al máximo de los formatos para la declaración patrimonial de 2020 en los niveles inferiores de la administración pública.

Sin embargo, reconoció que la única manera de resolver el problema de fondo sería por medio de una reforma constitucional y legal para rectificar los excesos cometidos en el diseño original del SNA.

Por ello invitó al Congreso de la Unión como a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos para encontrar una solución integral a esa problemática.