En la administración estatal del panista Francisco "Kiko" Vega, desviaron mil 586 millones de pesos del erario, revela una Revisión Especial que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASEBC), órgano dependiente del Poder Legislativo de Baja California.

El desvío de recursos se hizo mediante operaciones financieras simuladas con proveedores inexistentes, detalla la ASEBC, órgano dependiente del Poder Legislativo de Baja California.

Los recursos ejercidos del 2014 al 2019 derivan de pagos a más de cien supuestos proveedores a través de 273 operaciones inusuales, gastos que representan cerca del 40% del presupuesto anual de la Secretaría de Salud en la entidad.

La ASEBC está por concluir otras auditorias donde podría llegar a sumar un quebranto total superior a los 2 mil millones de pesos.

En la denuncia penal ante la Fiscalía Estatal que presentó el Auditor Superior del Estado en Funciones, José Sergio Soto García, quien fue acompañado por la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, la diputada Eva Rodríguez, se encuentran como presuntos responsables el ex Gobernador del Estado, sus dos ex titulares de la entonces Secretaria de Planeación y Finanzas, hoy Secretaría de Hacienda y 9 funcionarios más entre subsecretarios y directores de área. (No manejamos nombres por la presunción de inocencia y el debido proceso).

La Auditoría Superior del Estado documentó información que podría ser constitutiva de delitos de carácter penal federal, así como del fuero común.

En el ámbito federal los delitos que pudieron haber cometido los ex funcionarios son Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En el fuero común serían Enriquecimiento Ilícito, Ejercicio Ilícito del Servicio Público, Abuso de Autoridad, Peculado, Uso Ilícito de Atribuciones y los demás que pudieran ser constitutivos en base a las conductas de los servidores públicos.

La Auditoría Superior del Estado, órgano dependiente del Poder Legislativo del Estado hizo primeramente una revisión de trabajos facturados y pagados en el ejercicio fiscal del 2018. En base a los hechos y las irregularidades detectadas la amplió a los ejercicios fiscales del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019.

Se concluyó que se observaron en términos generales operaciones inusuales repetitivas que el Ejecutivo del Estado realizó del 2014 al 2019.

Se detectaron prestaciones de servicio sin convocatoria, ni licitaciones a las que están legalmente obligados, sin contratos por la prestación de servicios y sin recepción ni evidencia del servicio prestado.

Derivado de lo anterior fueron cuantificadas 273 operaciones inusuales con 100 proveedores por un monto pagado de mil 586 millones 150 mil 299 pesos.

En las revisiones se encontraron transferencias de recursos a diversas entidades de la Administración Pública Estatal, por cerca de mil millones de pesos, mismos recursos que fueron reintegrados al mismo Ejecutivo, para compensar presuntamente los saldos generados por las múltiples salidas de recursos en el pago de proveedores para las operaciones inusuales denunciadas.

Está por concluir adicionalmente auditoría donde se detectaron otros 32 millones 829 mil 490 pesos de operaciones similares con prestadores de servicios del Comité de Planeación del Estado de Baja California (COPLADE).

Entre los conceptos de servicios supuestamente prestados y que fueron pagados dentro del monto general del presunto quebranto, destacan un diagnóstico del Estado financiero del sector salud por 11 millones de pesos; lineamientos para el costeo de la plantilla del magisterio y burocracia por 11 millones. Dos análisis relacionados con la regularización de los vehículos, uno por un monto de 8 millones y otro de 5 millones. Una supuesta evaluación y diagnóstico de los programas de Atención Social por 8 millones; un análisis de las finanzas de ISSSTECALI por 9 millones. Un análisis de los reglamentos internos del Ejecutivo por 11 millones de pesos; el diagnóstico de las finanzas de la entonces Procuraduría General de Justicia por 8 millones de pesos; un estudio de comunicación estratégica por 3 millones de pesos.

Además se pagaron 17 millones 933 mil pesos por concepto de una estructura jurídica y financiera para una línea de crédito hasta 800 millones de pesos para el Gobierno del Estado. En general, por la Gestión de Fondos Federales para el Fortalecimiento Financiero y/o Saneamiento Financiero del Estado, se pagaron aproximadamente 707.6 millones de pesos y por la elaboración de estudios, diagnósticos, asesorías, consultorías, etcétera, un monto aproximado de 438. 3 millones de pesos, entre otros pagos.

Tres ex funcionarios de la administración estatal que encabezó Francisco Vega de la Madrid fueron declarados como No Vinculados a Proceso por un juez de control del Poder Judicial del estado luego de una jornada de más de doce horas, durante las cuales se realizaron las audiencias de Formulación de Imputación y de Vinculación a Proceso. 

Fueron José Luis "N", Isauro "N" y Miguel Ángel "N", funcionarios de nivel subsecretaría de la extinta Secretaria de Planeación y Finanzas (hoy Secretaria de Hacienda) los acusados del delito de Abuso de Autoridad. El caso expuesto por la Fiscalía General del estado (FGE) se basó en la acusación de desvió de más de 1 mil 586 millones de pesos en adjudicaciones directas a 91 empresas que no se encontraba en el registro de proveedores ni teniendo un expediente que mostrara sus trabajos previos. 

El caso se derivó en el Número Único de Caso NUC 02-2019-42685 y se presentó ante juez bajo la Causa Penal 05760/2020. 

En la audiencia inicial de Formulación de Imputación, que comenzó a las 09:00 horas de este miércoles, el juez de control consideró legal la imputación del delito. 

Sin embargo, ya en la audiencia de Vinculación a Proceso y luego de la exposición de los antecedentes de investigación y la argumentación de las partes, el juez de control no encontró elementos para iniciar un proceso, es por lo que se decretó Auto de No Vinculación a Proceso en la presente causa penal. 

Aún así, la resolución del caso no significa que la investigación quede extinta por parte de la autoridad correspondiente y pueden reintentar la vinculación a proceso.

El Presidente del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Isac Fragozo López, aseguró que en aproximadamente dos semanas le notificarán al ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, sobre la fecha de su audiencia inicial.

"Efectivamente hace un par de semanas se judicializó la carpeta de investigación en donde está como imputado el ex mandatario. Efectivamente se está esperando la fecha de la audiencia que se la estaremos proporcionando en un par de semanas", dijo el presidente del Poder Judicial. 

Explicó que en la audiencia inicial el fiscal presentará pruebas de la acusación en contra de Vega de Lamadrid, posteriormente será el juez del Poder Judicial el que determine si el ex gobernador es vinculado a procedimiento.

Pagos en exceso y adjudicaciones directas  en contratos de obra pública; Falta de información sobre el destino de recursos obtenidos por la contratación  de Deuda Pública

En la Comisión de Fiscalización del Gasto Público que preside la diputada Eva Gricelda Rodríguez


La Comisión de Fiscalización del Gasto Publico de la XXIII Legislatura del Congreso local (CFGP), que preside la diputada, Eva Gricelda Rodríguez, no aprobó la cuenta publica  del Poder Ejecutivo de Baja California, correspondientes al periodo 2017 y 2018 encabezado por Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
 
           Según  el informe presentado por la Auditoria Superior del Estado (ASE),  la entidad fiscalizada presenta errores y omisiones significativos y generalizados en la elaboración de los estados y la información financiera , de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017 y 2018, al no haber atendido el marco normativo en materia de emisión de información financiera y otras regulaciones aplicables.
 
Además, los planes y programas institucionales no se ajustaron a los principios de economía, eficiencia, eficacia, valor público y de oportunidad de mejora, asimismo, omitió el cumplimiento de las obligaciones legales en materia administrativa, correspondiente al manejo de los recursos públicos.
 
           También, careció de documentación que sustente debidamente afectaciones al gasto; contratos de adquisiciones y obra pública celebrados indebidamente por adjudicación directa. Asi como la  falta de control y registros contables en el rubro de efectivo; falta de depuración y corrección de saldos contables de cuentas de activo y de pasivo.
Y el incumplimiento al pago de obligaciones fiscales federales, falta de registro de pasivo a través de la figura de descuento de documento; falta de información sobre el destino de recursos obtenidos través de la celebración de contratación de financiamiento de Deuda Pública.
De igual forma, presentó amortizaciones de deuda pública no apegadas a tabla de amortización oficial; contratos de deuda no incorporados al Sistema de Alertas; falta de control y registros contables en el rubro de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos y  pagos en exceso en contratos de obras públicas.
 
           En el mismo sentido fue rechazada la cuenta pública del Fideicomiso de Inversión y Administración para los Empleados del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado , Confianza, Agremiados al S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C. y SNTE sección 37 del ejercicio fiscal 2018, , ya según el Informe Individual de Auditoría, la entidad fiscalizada presenta errores y omisiones importantes al no ajustarse a los principios de economía, eficiencia y eficacia; asimismo, incumplió con las obligaciones legales y normativas en materia de adquisición de servicios, referentes al manejo de los recursos públicos, entre otras.
 
           En otro sentido, fueron avaladas las cuentas publicas de los organismos Instituto Estatal Electoral de Baja California  (IEEBC), Fideicomiso Irrevocable para la Creación del Fondo Judicial del Retiro para el Pago de Haber del Retiro para Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Poder Legislativo del Estado  y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que según el Informe Individual de Auditoría las entidad fiscalizada presentan una seguridad razonable en los estados y la información financiera.

El ex gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, se presentó ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común para responder sobre los delitos que se le imputan.

Cerca de las once de la mañana, el ex gobernador de Baja California emanado del Partido Acción Nacional acudió ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Mexicali, para responder a los citatorios y solicitar una copia de de la carpeta de investigación, en la que se le acusa se once delitos.

El ex mandatario acompañado de su abogado se reservó el derecho a declarar.

A “Kiko” Vega se le acusó de un presunto desvio de mil 586 millones.

El ocho de mayo de este año, elementos de la FGE catearon la residencia de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, en el exclusivo fraccionamiento Cumbres de Juárez, en Tijuana.

No cabe duda que a la ex primera dama de Baja California, Brenda Ruacho de Vega, le gusta retar a las 

autoridades estatales que la investigan, igual que a su esposo, el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Hace varias horas subió en sus redes sociales una fotografía de su nieta y sus palabras: 

“Quiero compartir con ustedes lo dichosa y bendecida que me siento al tener esta princesa en mis brazos de la que soy orgullosamente su abuelita. 

Brenna, siempre contarás conmigo. Deseo que Dios nos permita compartir muchísimas aventuras juntas...TE AMO! 😍#ByB #NuestraHistoriaApenasComienza #AmorDelBueno”.

El viernes de la semana que finalizó, la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa, dijo que entre los exfuncionarios investigados por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales destaca el exmandatario Francisco Vega, así como la expresidenta de DIF Baja California, Brenda Ruacho de Vega, esposa del panista.

Además, hay que recordar que Brenda Ruacho es investigada por la Fiscalía General del Estado por otros presuntos delitos, incluso su mansión en Tijuana fue cateada el

pasado 8 de mayo del 2020.

El cateo es por la investigación de la Fiscalía General del Estado a la ex primera dama por diversos delitos como fraude y enriquecimiento ilícito.