El mandamiento fue expedido por un Juez de Control.

Esta tarde la FGE  implementó un operativo coordinado y simultáneo en 15 negocios que expiden al margen de la ley, documentos para que vehículos irregulares puedan circular en el estado.

Por instrucciones del Lic. Juan Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal General de Baja California, es que la Fiscalía Regional de Tijuana, a través de la Unidad de Delitos Patrimoniales, integra la carpeta de investigación que se inició por oficio, por el delito Contra el Servicios de Control Vehicular, estipulado en el artículo 250 Quáter del Código Penal de Baja California.

Con el apoyo de uniformados de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, y la Dirección General de Ciencias Forenses, se realizaron las diversas diligencias en los establecimientos de la ciudad.

De acuerdo al mandato legal comete este delito quien “sin contar con la autorización de la autoridad pública competente promueva o expida cualquier tipo de documentos, insignias, engomados, láminas o cartones de identificación vehicular, con la promesa de que podrá circula un vehículo de motor que no cuente con documentos que acrediten su legal estancia y circulación en el Estado”.

Derivado de esta situación se inició la investigación de oficio por parte del M.P., quien para la integración adecuada de la carpeta de investigación, solicitó orden de cateo para las diferentes oficinas que expiden estos documentos de empresas como Anapromex (Asociación Nacional de Protección de los Mexicanos) y Onappafa (Organización Nacional De Protección Al Patrimonio Familiar).

Fue así que este domingo 3 de mayo con la autorización del Juez de Control, se realizaron estos 15 cateos de manera simultánea en las sucursales de estos giros comerciales en: Fundadores, El Florido, el Bulevar 2000, el bulevar Díaz Ordaz, el bulevar Cucapah, La Gloria, Ciudad Jardín, Playas de Tijuana, bulevar Benítez, Independencia, Sánchez Taboada, Salvatierra, Zona Centro, Tecnológico y El Refugio, todos en la ciudad de Tijuana.

En las diligencias se aseguró equipo de computo, engomados, laminas, tarjetas de circulación, y listados de la relación de afiliados a dichos negocios.

Multas y hasta prisión a autoridades locales, es la petición que hará el Presidente fundador de Anapromex, Fidel Villanueva, al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su audiencia la próxima semana, por incurrir en anomalías en su procedimiento de querer emplacar vehículos como intenta el Gobernador Jaime Bonilla y su Secretario de Economía, Mario Escobedo Carignan.

Así lo expresó Guillermo Núńez quien abundo que autoridades federales ya tienen conocimiento de las anomalías que pretende realizar el gobierno estatal, y la intención es que no se vayan antes sin ser multados o que alguna de esas personas vayan a prisión por este tipo de actuaciones irregulares.

Aseguró que el gobierno local puede recaudar impuestos, pero el artículo 105 del código fiscal estipula que ninguna autoridad estatal o municipal, está autorizado para otorgar placas, tarjetones o dar banderazo a este tipo de labores, todo vehículo tiene que presentar su pedimento de importación para que le puedan otorgar las placas.

Adelantó que la próxima semana, el líder fundador de Anapromex, Fidel Villanueva, habrá de entablar reuniones con el Presidente de la República, con Senadores y Diputados Federales, para denunciar este tipo de arbitrariedades y se tomen acciones en contra del Gobernador Jaime Bonilla y el Secretario de Economía Mario Escobedo Carignan.

´´No vamos a solapar a personas que sean detenidos por ir en exceso de velocidad, que vaya tomando bebidas alcohólicas en el vehículo, que no traiga licencia de conducir, que traiga a su niño sin el asiento para menores, sólo intervendremos cuando le detengan su vehículo ilegalmente´´.

Núñez dijo que en Baja California existen al menos unos 250 mil afiliados, el 50% se encuentran ubicados en Tijuana, y las solicitudes por parte de la ciudadanía continúa, porque existe confianza en ellos, aseveró.

Indicó que el proceso de regularización, nacionalización o reconocimiento es a través de un decreto emitido por parte del gobierno federal, en el que se impulse un precio justo por el pedimento de importación, y eso, es lo que está impulsando Anapromex.

Aquellos que tengan dudas o requieran información, dijo existen 8 módulos a los que pueden acudir, así como en los números telefónicos (664) 212-7585 y 212-7586, en el (663) 315-6003 y en el (646) 148-2420.

Anticipándose a actos de campaña, el todavía regidor independiente Miguel Orea, repartirá engomados con sus iniciales para autos irregulares, como lo hiciera Anapromex.

A través de sus redes sociales, el funcionario comunicó que quienes estén interesados en adquirir una de las placas apócrifas, pueden acudir a la oficina de regiduría en palacio municipal.

“Para que una protesta sea eficaz, debe tener resultados concretos. No queremos ilegalidad, que se regularización justa y al alcance de todos. Nos vamos a organizar para defender a los que menos tienen”, dijo.

Entre los requisitos que deberán presentar son la licencia de conducir, el comprobante de no robo, y documentos que acrediten la posesión del vehículo.

“Nuestro padrón y calca de identificación es completamente gratis. Nos reuniremos con los titulares de las policías de los tres niveles de gobierno para definir los criterios”, refirió.

Cabe señalar que el regidor circula en un auto de placas norteamericanas; recientemente, su padre Ramiro Orea fue asegurado por elementos de la entonces policía federal por circular en un auto irregular.

En atención a medios de comunicación, el gobernador advirtió a Fidel Villanueva, propietario de Anapromex. 

Le anunció que si realiza una manifestación y toma de los puentes de cruce de las garitas en Tijuana el próximo 15 de septiembre, cómo fue anunciado esta semana por los representantes nacionales de Anapromex, será apresado, que tiene varias órdenes de presentación, y será más fácil detenerlo.

Los coordinadores nacionales de Anapromex, Giovanna Estrada Orozco y Estebané Villanueva, anunciaron que el 15 de septiembre se realizará a las 10:00 horas una manifestación en el monumento a Cuauhtémoc en la ciudad de Tijuana, con todos los agremiados de Anapromex, y que se generará una movilización para tomar los puentes fronterizos en Tijuana.

Giovanna Estrada, asegura que el proyecto de entrega de registro y placas fronterizas del Gobernador Jaime Bonilla, esta contra la ley y que no da certeza a los ciudadanos de la propiedad de los vehículos, que no será permitido por el SAT.

"Para poder regularizar un vehículo es necesario que la federación y nuestro Presidente de la república, saqué un "decreto", porque la gente no merece ser engañada, la gente merece que si se le va a regularizar el carro, se le va a cobrar un impuesto, sea primeramente el impuesto de importación definitiva, que cuente con un pedimento y un holograma, y desde luego placas nacionales, a lo que Escobedo (Mario Escobedo Carignan Secretario de Economía), ha sido muy enfático, <<no se darán placas nacionales, porque afectaría hemos a la industria automotriz">>, cosa que está comprobado que nos afecta a la industria automotriz nacional ni a ningún otro sector con la nacionalización de vehículos de procedencia extranjera". Comentó Estrada Orozco.

La Fiscalía General del Estado (FGE), obtuvo la orden de un Juez Penal para sostener el aseguramiento mientras sigue la indagatoria ministerial, de once oficinas de ANAPROMEX, en las que se expedían de manera ilícita documentos para la circulación de vehículos de procedencia extranjera, sin placas.

Con base a las evidencias incorporadas en la carpeta de investigación del asunto, el agente del Ministerio Público solicitó que los locales cateados durante el pasado mes de junio, continúen bajo resguardo de la autoridad estatal.

En la indagatoria se señala que dichas oficinas tienen como finalidad la promoción y expedición de documentos de identificación vehicular al margen de la ley.

Al tomar como base lo expuesto por el agente del Ministerio Público, el Juez de Control decretó procedente la solicitud, a fin de continuar con la investigación en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La investigación continua con base en el artículo 250 del Código Penal del Estado, en el cual se establece que comete este delito quien, sin contar con la autorización de la autoridad pública competente, promueva o expida cualquier tipo de documentos.