El Gobierno Federal, celebra el exhorto enviado por el Gobierno del Estado y la Secretaría de la Función Pública, para que se realice una exhaustiva revisión a los permisos otorgados por la administración anterior para la instalación y construcción de estaciones de carburación y tanques de almacenamientos de gas entre ellas las conocidas como “gaseritas”, a fin de salvaguardar la integridad y seguridad de sus ciudadanos.

El Delegado Federal Único, Alejandro Ruiz Uribe, dijo que sin duda es preocupante el hecho de que en Baja California, de la noche a la mañana, se multiplicaron las instalaciones de gaseras, cuyos permisos de operación son de dudosa procedencia, al ser entregados en los últimos días por gobiernos pasados, violentando la moratoria existente y toda la reglamentación vigente.

El representante del Gobierno de México en Baja California, precisó que en esencia esta medida tiene el objetivo de vigilar y coordinar en materia de zonificación de uso de suelos, la aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y que nadie éste por encima de las leyes, máxime cuando hay vidas humanas de por medio.

“No podemos darnos el lujo de aceptar la instalación de bombas de tiempo y plagarnos de plantas de almacenamiento de gas con permisos otorgados al margen de la ley. No debe haber ni una planta más con estas características, por eso mi reconocimiento al Gobernador del Estado Ing. Jaime Bonilla y a todos los alcaldes de Baja California, por estas acciones”, dijo Ruiz Uribe.

Calificó de lamentable que los gobiernos del pasado, hayan sido tan omisos y cómplices de la corrupción al permitir que se instalarán almacenamientos de gas a un costado de: Jardines de niños, primarias, iglesias, secundarias, casas habitación, a cambio de “haberse llenado los bolsillos de manera irresponsable e inhumana”.

Afortunadamente, manifestó que ahora los gobiernos de la 4ta. Transformación, están trabajando decididamente en el combate a la corrupción tras reconocer la voluntad de los presidentes municipales y la firme decisión del Gobernador del Estado, Jaime Bonilla, por demostrar con hechos acciones que combaten este mal que en la entidad tenía 30 años.

Recursos legales y prebendas políticas le han permitido a la gasera de la Cinco y Diez, propiedad de la Empresa Zeta Gas, permanecer ilegalmente, en el bulevard Lázaro Cárdenas y Benítez, ya que desde noviembre de 1986, se emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación, en el que se acuerda la salida de plantas de almacenamiento de núcleos urbanos de población en el país.

Ahí se indica que según el Artículo 65 del Reglamento para la Distribución de Gas, las plantas para la distribución de gas l.p., deberán situarse fuera de las zonas densamente pobladas o donde constituyan un riego para la comunidad.

Se reconoce que el crecimiento poblacional ha dado como resultado que plantas que antes estaban en la periferia de la ciudad, se encuentren ahora en medio de comunidades.

De este modo se establece la necesidad de reubicar las plantas, a fin de garantizar la seguridad de la población.

En el mismo documento se establece que las empresas tienen 30 días para su reubicación y que el incumplimiento amerita clausura, por parte de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora desaparecida.

El diputado estatal Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, del Partido de Baja California (PBC), presentó una iniciativa para exhortar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que explique los criterios aplicados en el aumento al costo del gas LP y de la energía eléctrica en la entidad.

Sobre todo, en este último rubro los ciudadanos sufren, en temporada de calor, por los cobros en el servicio, con la llegada de los popularmente conocidos como "recibos locos", particularmente en Mexicali.

Otáñez Licona informó que presentó ante el pleno del Congreso del Estado una proposición con punto de acuerdo, con dispensa de trámite, para exhortar al comisionado presidente de la CRE, Leopoldo Vicente Melchi García, que ofrezca un informe detallado.

Solicitan explicación sobre cómo se determinan los costos para Baja California por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y del gas, comparado con otros estados.

En su exposición de motivos, el legislador pebecista refirió que al partido le preocupa el bienestar social y económico de los bajacalifornianos, especialmente porque, en el marco de la crisis sanitaria y económica, se han visto directamente afectados.

Entre las afectaciones se suman el alza de impuestos, recortes de ingresos y altos costos de los servicios básicos, como son la electricidad y el gas licuado del petróleo.

"Recientemente tuvimos conocimiento del tema de los 'recibos locos' tanto en Mexicali como en Tijuana, donde, sin una razón justificada, la CFE impone en sus tarifas básicas de suministro básico de energía precios arbitrarios y elevados", refirió.

Por ello, consideraron viable hacer este requerimiento a la CRE para saber el origen de dicha determinación de tarifas.

"Creemos firmemente que aquí en Baja California son desproporcionalmente superiores los precios de electricidad y gas LP; y en los últimos meses la población ha hecho notoria su inconformidad al respecto; es nuestro deber, como representantes de la región, atender dichas inconformidades, para cuidar los bolsillos de la ciudadanía", reiteró el diputado local.

Rodrigo Otañez señaló que en la entidad el precio de cargo por kilowatt de demanda de energía facturable es de 306.52 pesos, muy por arriba de otras entidades.

Agregó que, en el artículo 139 de la Ley de La Industria Eléctrica se faculta a la CRE para determinar las tarifas según corresponda, mientras que el artículo 140 de la misma Ley se establece, en su fracción I que dicha determinación debe tener como objetivo evitar la discriminación indebida, lo que en la práctica no ocurre para esta entidad.

De la misma forma ocurre con el gas LP, dijo Otáñez, ya que Baja California está en el top 5 de los precios más altos en el mercado, al estar a 10.73 pesos por litro, y son costos más elevados en comparación con otros estados, haciéndonos menos competitivos.

"Consideramos que es preciso que se haga una revisión respecto a los precios fijados, debido a la competitividad que tenemos con nuestro país vecino, y el resto de las entidades federativas", insistió, ya que los bajacalifornianos merecen un mejor trato en cuanto al costo de dichos servicios básicos de energía.