A fin de evitar la propagación del virus COVID-19, el Gobierno de Playas de Rosarito, que encabeza Araceli Brown Figueredo, realiza operativos de inspección y vigilancia de manera constante, con el objetivo de que los establecimientos comerciales que permanecen abiertos por considerarse esenciales, cumplan con los lineamientos establecidos por el Sector Salud.

Es por ello que este día la dirección de Verificación Municipal multó a dos restaurantes que no cumplieron la instrucción de mantener sus comedores cerrados incentivando el consumo para llevar o servicio a domicilio y ofrecían servicio para comer en el lugar.

El VIII Ayuntamiento, hace el llamado al sector restaurantero, y de servicios esenciales que continúan trabajando durante esta pandemia, a acatar las indicaciones que son en favor de la salud de la ciudadanía, asimismo, se hace del conocimiento que estos operativos continuarán de manera permanente en toda la ciudad.

Cerca de 10 mil empleos del sector restaurantero se podrían perder en Ensenada debido al pago de la Licencia Sanitaria aprobada por el Congreso del Estado, aunado a la afectación económica que hay derivado de la pandemia por Covid-19, declaró el dirigente de Canirac en el puerto, Iván Nolasco Cruz.

Indicó, que debido a la crisis generada por el Covid-19, el 35% de alrededor de 1, 200 restaurantes de la ciudad y el Valle de Guadalupe ya no abrirán.

“Con esta medida altamente perniciosa se podrían perder otros tantos centros de trabajo, por lo que nos sumamos a la inconformidad de otros sectores como el hotelero, funerarias, peluquerías, estéticas y transportistas, bares, entre otros, por los efectos nocivos que el nuevo derecho impuesto por los diputados locales”, recalcó.

Nolasco Cruz lamentó que los legisladores no tomaran en cuenta que los restauranteros representan el 70% de los empleos que genera el sector servicios y que requieren del apoyo del gobierno.

Ante la aprobación del Decreto 68, refirió, la Canirac estatal en conjunto con otros organismos y sectores involucrados interpondrán un amparo colectivo en contra de que se concrete el nuevo cobro.

Subrayó que al ser ya un derecho aprobado por los diputados y no haber consensuado o consultado previamente a los sectores involucrados, como lo establece la Ley de Cámaras en su Artículo Cuarto, se tomarán todas las acciones legales necesarias para combatir ese exceso legislativo.

Finalmente, Canirac hizo un llamado a todos los giros comerciales involucrados para que se acerquen a sus cámaras empresariales para que se les informe de los requisitos para sumarse al amparo colectivo que será gratuito y que se busca interponer a la mayor brevedad posible.