La empresa Blue Propane interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de la Fiscalía General de Justicia de Baja California (FGJE).

Marco Téllez Sagrestano, abogado y vocero de la empresa gasera, señaló que la queja es por violar el principio de presunción de inocencia, el derecho al debido proceso legal y por amedrentar y amenazar a diez personas ajenas a una investigación con la intención de persuadirlos para forzar declaraciones en su contra y provocar la terminación anticipada de las relaciones contractuales que la empresa Blue Propane tiene con diversos arrendadores.

"Lo que estamos viendo, y nos parece sumamente delicado, es el modus operandi de algunos servidores públicos de la Fiscalía que han violado el principio de inocencia de la empresa Blue Propane generando algo que raya en terrorismo judicial. Es muy grave que se utilice la fuerza del Estado para violentar principios y derechos básicos de los ciudadanos", afirmó a través de un comunicado.

En la queja foliada con el número 378/2020 y que fue presentada el viernes, señalan que la fiscalía amenazó a los arrendadores de Blue Propane argumentando que su propiedad fue objeto de un aseguramiento y que por lo tanto podrían perder dichas propiedades debido a las "conductas delictivas" que, sin demostrarse, asegura la autoridad ministerial incurrió la empresa Blue Propane.

"Lo que hace la fiscalía es una evidente violación a las garantías que goza todo gobernado y que en nuestro caso particular están siendo violentadas por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, a cargo del C. Arturo Robles Tovar, actuaciones derivadas de una carpeta de investigación promovida por el supuesto ofendido Jorge Ramos Pérez, miembro de la organización Retos y Logros Cumplidos, quienes abiertamente defienden los intereses del monopolio del gas en Baja California", manifestó Téllez Sagrestano.

El abogado puntualizó que la empresa Blue Propane se rige por la regulación del ámbito federal por así estar establecido en la Constitución y la Ley de Hidrocarburos, habiendo obtenido todas y cada una de las autorizaciones y permisos de índole federal que se requieren para una actividad como la venta de gas LP, "por lo que negamos rotundamente que pretendamos iniciar operaciones de manera ilegal o de una manera que represente riesgo para la comunidad, ya que Blue Propane cuenta con las certificaciones necesarias para el expendio de Gas LP".

Reiteró que la empresa cuenta con todas las normas oficiales mexicanas vigentes como la norma oficial NOM-003-SEDG-2004, que garantizan que las estaciones podrían operar sin generar riesgo a la comunidad.

La empresa gasera Blue Propane respalda la decisión del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de crear “Gas Bienestar”, una empresa pública que disminuiría los costos del gas LP en las colonias populares de las distintas ciudades del país, aseguró el presidente de la empresa sonorense Jorge Alberto Elías Retes. 

“Vemos con buenos ojos la propuesta de nuestro Presidente. En el caso de Baja California, donde a nosotros como empresarios socialmente responsables nos consta que las palabras del Presidente son una realidad: hemos denunciado desde hace más de cinco años que los monstruos del gas LP en el país y particularmente aquí en Baja California, han distorsionado el mercado para beneficiarse a costa de las familias más humildes. Nosotros hemos sido víctimas de este cartel del gas que ha comprado a autoridades de los tres órdenes de gobierno”, dijo el Elías Retes. 

Luego del anuncio del presidente este miércoles, el empresario sonorense explicó que desde 2016 que llegaron a Tijuana para ofrecer una alternativa en el mercado del gas lp a los consumidores, se encontraron con una serie de trampas jurídicas que han evitado la apertura de diez estaciones expendedoras del hidrocarburo.

De acuerdo con los a bogados, el anuncio del presidente López Obrador de crear una nueva empresa de gas LP vendría a sacudir los intereses de empresarios caciques que durante décadas se han beneficiado de mantener un control absoluto en el mercado del gas, donde los grandes perdedores son las familias más pobres de las principales ciudades, como en Tijuana, una de las ciudades con el precio de gas más caro del país.

La Secretaría General del Ayuntamiento de Tijuana, precisó que hará una revisión a fondo en los procesos internos llevados a cabo y que culminaron con la emisión y expedición a la empresa Blue Propane, de los Dictámenes de Factibilidad de Uso de Suelo especial, para Estación de Carburación de Gas L.P., y corroborar que se haya cumplido con todos los requisitos de ley.

Luego de asegurar que la actual administración municipal está a favor del surgimiento e inicio de operaciones de nuevas empresas, éstas deben cumplir siempre el marco legal, y no poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

La dependencia municipal estableció su compromiso a la ciudadanía, de no poner en riesgo su seguridad con la instalación e inicio de operatividad de forma irregular de estaciones de carburación de gas L.P., y así evitar futuras catástrofes.

Se agregó que si bien la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado, se ha pronunciado en contra de las resoluciones por medio de las cuales se dejan sin efecto los usos de suelo de la empresa Blue Propane, dichas sentencias no se encuentran firmes al haberse interpuesto en su contra recurso de revisión, que deberá ser resuelto por el Pleno del Tribunal.

Se adelantó que existen muchos elementos para considerar que dichas sentencias serán revocadas por el Pleno de dicho Tribunal, una vez que se han delatado y evidenciado flagrantes violaciones al debido proceso, por ello que la autoridad municipal habrá de hacer a la vez, una revisión de fondo en los procesos internos que se realizaron en torno a la empresa Blue Propane.

El funcionario ha ignorado la solicitud para el levantamiento de sellos de clausura de una empresa.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, por sus siglas TEJA, citó al titular de la Dirección De Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Oscar Alejandro González Lozano, para justificar sus acciones y subsecuentemente acatar una orden judicial y evitar una multa por una decisión personal que frena la apertura del mercado de comercialización de gas.

 El funcionario ha ignorado la orden del levantamiento de los sellos de clausura de un establecimiento, lo que está retrasando que un particular obtenga la documentación de terminación de obra para nuevas empresas. 

El Primer Secretario de Acuerdos de la Sala Auxiliar del TEJA, Alberto Valdez, refirió que en este caso de incumplimiento, las sanciones son impuestas directamente al servidor público y no a la dependencia que representa. 

En septiembre pasado, el Tribunal solicitó a la autoridad municipal expedir la constancia de terminación de obra y consecuentemente la liberación de las licencias de operación.

El representante legal de Blue Propane, Allan Jaramillo Pérez, explicó que en estos acuerdos complementarios se señalan las medidas de apremio y un requerimiento a que el Ayuntamiento acate lo que dispone la suspensión provisional “y le señala que en caso de incumplimiento aplicará una multa, arresto o subsecuentemente la destitución”. 

Lo anterior, refirió Jaramillo Pérez, en el entendido de que hay antecedente por parte del Ayuntamiento en el desacato sobre la suspensión provisional otorgada en su momento. 

“Debido a eso el Tribunal previniendo que ocurra lo mismo, hace sabedor al Ayuntamiento de los medios de apremio que se aplicarían si ocurre un desacato”. 

Las estaciones en las que surte efecto el mencionado resolutivo son las que tienen por ubicación las colonias Baja Maq El Águila, Loma Dorada, El Tecolote, Poblado Ejido Francisco Villa y Ejido Mariano.

Información de El Financiero

La empresa Blue Propane obtuvo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, hace algunas semanas, la orden para que las autoridades locales reconocieran la validez de los documentos que amparan la construcción y operación de las llamadas “gaseritas”, en diferentes colonias y fraccionamientos de Tijuana, sin embargo, a decir del abogado del corporativo, Edgar Alan Jaramillo, todavía siguen la Secretaría de Economía Sustentable de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana, entorpeciendo la apertura de las instalaciones.

Y es que a través de un oficio, firmado por el secretario de la dependencia, Mario Escobedo Carignan, respondieron que la Secretaría de Economía Sustentable no tiene con ellos pendiente ningún procedimiento administrativo y que “están perfectamente concluidos” los aspectos legales, pero, no se han desistido ante la Fiscalía General del Estado de los cargos en contra de la empresa.

“Hay denuncias penales desde el año pasado de la Secretaría de Economía, están activas, pero han sido desatendidas por parte de ellos. Mientras subsistan esas denuncias, son un tema que nos genera la obligación de atenderlas, aunque no tengan sustento legal. La respuesta que nos dieron a través de un oficio fue en términos muy generales, la tomamos con reserva, porque aunque reconocen que no tienen situación con nosotros, son omisos en responder al tema pendiente en materia penal.

“Nos dice en ese mismo oficio que si hay pendientes, busquemos otra vía alterna. Se deslindan de las averiguaciones previas y de las actuaciones de los funcionarios de ésa dependencia, lo cual les hicimos de su conocimiento las irregularidades en las que incurrieron, sin tener respuesta hasta la fecha si tienen o no procedimiento administrativo o qué medidas tomó la dependencia a su cargo en relación a estos hechos”.

Está vigente, insiste el abogado de Blue Propane, una denuncia por levantamiento de sellos, “pero no tenemos ninguna actuación de ése tipo, ni procedimiento administrativo, por eso no puede haber levantamiento de sellos ni procedimiento administrativo, porque no es una materia que le corresponda a la Secretaría, no está en el ámbito de su competencia.

“Nosotros tenemos la documentación de que estamos regulados y que no atentamos en materia ambiental, pensar que esas actuaciones penales se caen solas en una idea errónea, le decimos al secretario que es su responsabilidad, que nosotros somos una inversión, que nosotros estamos buscando donde generar trabajo e inversión y se nos impide, es responsabilidad de él como secretario de economía generar las condiciones de crecimiento económico.

“Se trata de una respuesta ambigua, queriendo aparentar que ha atendido nuestras solicitudes, nos está tratando de dar algo, para justificar que fuimos atendidos, pero nos deja igual, por una extraña razón se niega a atender, él dice que es función de la Fiscalía, pero son producto de actuaciones de ésa secretaría, es decir, no puede él cubrir su omisión, culpando a otra dependencia.

“Seguimos en los procesos de ajuste para iniciar actividades, el tema con la Secretaría es una limitante que nos quita tiempo, estamos considerando proceder legalmente contra el secretario o funcionarios que sean responsables, porque son obstrucciones a actos de comercialización y es una actividad esencial de beneficio público.

“Cuando ésa accesibilidad se bloquea, se cae en un delito contra la economía, valoraremos presentar una denuncia penal”.

Por su parte el Ayuntamiento de Tijuana también está en acciones dilatorias, ya que a decir del abogado, presentaron un recurso de queja para evadir la responsabilidad, eventualmente deberán acatar, “entregándonos los documentos de la terminación de obras, estamos esperando y en días más, presentamos un recurso por incumplimiento, en espera de que se gire un oficio para obligar al responsable de la administración, para que se gire la documentación”.

Aún no es candidato y ya tiene en puerta una denuncia penal Mario Escobedo Carignan, secretario de economía sustentable en Baja California.

La distribuidora de gas Blue Propane tiene lista una denuncia penal por los delitos de uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, obstrucción de actos de comercio y colusión, luego de que el funcionario mantiene activas investigaciones contra la compañía, tema en el cual la Fiscalía General de la República ya resolvió el no ejercicio de la acción penal.

Hace unos días, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa instruyó también al Ayuntamiento de Tijuana a levantar el estado de clausura sobre las estaciones de servicio de la gasera, mientras que la Jueza de Control ordenó la restitución de los bienes que tenía asegurados la Fiscalía General del Estado, todo como resultado de una batalla legal que Blue Propane mantiene desde los tiempos del gobernador Kiko Vega para intentar operar comercialmente en la ciudad fronteriza.