Por unanimidad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidaron la ampliación a cinco años del periodo gubernamental de Jaime Bonilla Valdez, por lo que su mandato en Baja California es de dos años.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, calificó la ampliación del periodo de gobierno a cinco años, por parte de la XXII Legislatura de Baja California, como un “Fraude a la Constitución y al sistema democrático de nuestro país”.

Añadió que la reforma que se hizo a la Constitución Local, es un ilícito a la Constitución; pues se usó la Ley para fraguar un fraude a la Constitución, al pretender ampliar el periodo de gobierno de un mandatario luego de haberse concluido un proceso electoral.

La modificación del periodo de gobierno entraña una violación al voto público y la soberanía popular, remarcó en su exposición el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. Añadió que lo que se maquinó, son violaciones muy graves, usando la Constitución para violar la Constitución, “Se violaron las formas y sustancia, pero la SCJN está para “salvaguardar la Constitución, no pudieron y no podrán eludir”

Los once ministros que sesionaron vía remota, con motivo de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, señalaron que lo que se pretendió hacer por la XXII Legislatura en Baja California, fue una afrenta a la constitución. Simularon cumplir la Constitución cuando en realidad la quebrantaron”.

El proyecto sometido a discusión en el pleno de la SCJN, fue propuesto por el ministro José Fernando Franco González Salas. La Acción de Inconstitucionalidad fue promovida por los Partidos Políticos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, de Baja California y Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los ministros que aprobaron por unanimidad la Acción de Inconstitucionalidad son: Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, Juan Luis González Alcántara, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y el ministro ponente José Fernando Franco González Salas.

La “Ley Bonilla” fue impulsada en la XXII Legislatura, aprobada por la mayoría de los legisladores, en ese momento mayoría de Acción Nacional, pero fue publicada apenas por los integrantes de la XXIII Legislatura, ya de mayoría de MORENA.

Aunque ya no le va a tocar, pues se encuentra a escasa semanas de que termine su administración, el gobernador Jaime Bonilla promueve en sus redes sociales la figura de revocación de mandato, que por lo plazos sería aplicable a partir del sexenio que encabezará Marina del Pilar Ávila Olmedo.

Bonilla publicó en sus redes sociales: “A nivel federal la revocación de mandato es una realidad. En el congreso del estado existe una propuesta para para que este ejercicio democrático se practique en nuestra entidad. ¿Estás a favor o en contra de la Revocación de Mandato en Baja California?

Bonilla recordó que se presentó hace meses en el Congreso del Estado una iniciativa de ley de revocación de mandato y no ha progresado. “Los intereses mezquinos, personales, están empezando a tomar forma. Todo eso se va a desenmascarar”, dijo en su transmisión mañanera por internet.

Luego que ayer la suprema corte de justicia de la nación considerará inconstitucional una reforma aprobada por el congreso local para que el gobernador del Estado pudiera rendir cuentas de forma mensual, hoy Jaime Bonilla asegura que esa decisión es la cosa más ridícula del mundo.

“La obligación de uno es informarle, como que eso es inconstitucional. Yo les preguntaría a ustedes, que su gobernador no les puede informar cuánto va cuánto gasta y en donde se gasta. Al rato dirán que no podremos dar conferencias de prensa”.

Jaime Bonilla cuestionó que intereses se protegen con esta resolución de la suprema corte y aseguró que es a la vieja guardia.

Dijo que la suprema corte debería de obligar a los funcionarios a informar a la ciudadanía lo que hacen.

Concluyó señalando que tiene un par de recursos para interponer ante la SCJN

Con diez votos de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se aprobó el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad 146/2020 para invalidar la "Ley Gandalla" en Baja California.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por los partidos PAN, PRD y PRI de Baja California. 

Dicha propuesta pedía la invalidez del decreto 74 publicado en el periódico oficial del Estado de Baja California. 

En este documento se aprueba la reelección de diputados, alcaldes y regidores, sin separarse del cargo, conocida como la "Ley Gandalla" y la equidad de género. 

El sobreseimiento es la suspensión por parte de un juez o de un tribunal de un procedimiento judicial, por falta de pruebas o por otra causa.

Un frente común conformado por cinco fuerzas políticas anunció esta mañana que van a combatir por la vía legal la intención de “recortar” el siguiente periodo de la gubernatura en Baja California de seis a tres años.

La reedición de la “Ley Bonilla 2” sería un desacato a la resolución que el pasado once de mayo emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó el excandidato a la gubernatura y representante del PRD Jaime Martínez Veloz.

De ahí que el secretario de gobierno Amador Rodríguez Lozano, ahora recule y diga que no fueron ellos (secretario de gobierno y gobernador) quienes enviaron al congreso la iniciativa, que fueron los propios legisladores, entonces que presenten una denuncia si no fueron ellos, reviró Martínez Veloz.

Una vez más tratan de torcer la Ley en un acto de revancha y desesperación, después de la paliza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propinó a Jaime Bonilla, declaró Abraham Correa, dirigente estatal del PRD.

Luego, Mario Favela, dirigente estatal del Partido Baja California, sostuvo que es denigrante que las autoridades estén más preocupadas por modificar la Ley, en lugar de actuar para reducir la crisis de inseguridad y de salud.

A su vez, Alcibíades García Lizardi, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, indicó que esta “Ley Bonilla 2” no es más un nuevo intento por atropellar la Constitución Política y la particular de Baja California. Solo han exhibido su falta de capacidad para gobernar.

También, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Méndez Juárez, reiteró que será combatida esta propuesta que está en el Congreso Local, en un documento firmado por el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano y Jaime Bonilla Valdez, gobernador del estado.

El dirigente de Encuentro Social, Alfredo Ferreiro, respaldó la postura de los dirigentes del resto de los partidos y recalcó que es un agravio para los bajacalifornianos.

Las fuerzas políticas que manifestaron su rechazo a la reedición de la “Ley Bonilla” son: Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Revolución Democrática, Encuentro Social y Partido Baja California.

El secretario general de gobierno del Estado, dijo que es falso el documento que circula en redes sociales con su firma y la del gobernador Jaime Bonilla, de la iniciativa para reducir a tres años 2021-2024, la gubernatura de Baja California.

En una entrevista que concedió al periodista Said Betanzos, corresponsal de Milenio, Rodríguez Lozano sostuvo fue alterado el documento para hacer creer que presuntamente enviaron al Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional para reducir la próxima gubernatura de 6 a 3 años.

“Sí, ese documento es falso”, se limitó a responder al periodista, Rodríguez Lozano al ser cuestionado al respecto.

La iniciativa de reforma es de la diputada Monserrat Caballero 

La presunta reforma fue presentada por la diputada local de MORENA, Monserrat Caballero, y expone como argumento para esa reducción, que los bajacalifornianos quieren un gobierno de seis años como lo aprobaron en una consulta ciudadana para definir el actual mandato de Bonilla Valdez, que el pasado 11 de mayo invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCCJN) por considerarlo inconstitucional.

“(Los) bajacalifornianos estaban de acuerdo en que la transformación que se está llevando a cabo se extendiera cuando menos a 2024. Por esa razón, ante la determinación tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace necesario que los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar en las urnas si desean que esta transformación continúe por el tiempo que la mayoría deseaba o bien se interrumpe como lo determinó el máximo tribunal de nuestro país”, refiere el documento “elaborado” por Monserrat Caballero.