La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) realizó revisiones sorpresa en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) del estado, para documentar las condiciones en las que se encuentran las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en el contexto de la contingencia sanitaria ante la propagación del virus SARS-CoV-2.

El ombudsperson, Miguel Mora, informó que defensoras y defensores de derechos humanos acudieron a los Ceresos de Tijuana y El Hongo, el miércoles 13 de mayo; a El Hongo II, el jueves 14; y al Cereso de Mexicali el viernes 15, en donde se realizaron entrevistas y se brindó orientación a PPL.

Derivado de lo anterior, la CEDHBC solicitó, a la Secretaría de Salud y a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, medidas cautelares para las PPL de El Hongo II con la finalidad de subsanar la falta de personal médico en dicho Centro. 

El presidente de la CEDHBC señaló que, de igual manera, persisten retos estructurales históricos pendientes de subsanar por parte de las autoridades penitenciarias en todos los Ceresos, mismos que el Organismo ha observado a través de Diagnósticos y Recomendaciones.

No obstante, no existen actualmente elementos que apunten a una crisis dentro de los Ceresos con relación a la actual contingencia sanitaria.

Miguel Mora precisó que, desde el 25 de marzo, la CEDHBC ha realizado revisiones periódicas a cada uno de los Ceresos en la entidad y ha abierto 11 expedientes de Queja, mismos que están en integración. Aunado a ello, se han realizado 3 solicitudes de medidas cautelares, mismas que han sido respondidas de manera favorable.  

Finalmente, el presidente de la CEDHBC puso a disposición de las PPL y sus familias el número telefónico del Organismo, 6644503534, las distintas plataformas de redes sociales y el correo electrónico institucional, informacion@derechoshumanosbc.org, para presentar recibir orientación gratuita y presentar Quejas ante posibles vulneraciones a los derechos humanos.

D, tras detectar graves omisiones en la protección de una mujer indígena de origen mixteco que fue víctima de violencia sexual y física. La investigación evidenció que las autoridades no actuaron con la debida diligencia, dejando a la víctima sin la protección necesaria y contribuyendo a la revictimización.

Los hechos se remontan al 23 de enero de 2024, cuando la víctima, identificada como V, fue asaltada y agredida durante un traslado en taxi. Tras escapar de su agresor, buscó ayuda en un domicilio, donde fue auxiliada por un residente y posteriormente detenida y esposada por policías municipales, quienes la abandonaron en condiciones precarias sin brindarle asistencia adecuada. La víctima también enfrentó trato hostil por parte de personal de la Fiscalía, lo que agravó aún más su situación.

Ante esta situación, la CEDHBC solicitó a las autoridades que localicen a V y le proporcionen atención psicológica y de salud, además de fortalecer la capacitación de los elementos policiales y personal de la Fiscalía en perspectiva de género e interculturalidad. También pidió que se garantice la atención en lengua indígena y que se implementen campañas internas para promover el respeto a los derechos de las mujeres y los pueblos originarios, con el fin de prevenir futuras violaciones y garantizar justicia efectiva.

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Tras el asesinato de la activista de personas desaparecidas, Ángela León, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) urgió a las autoridades de procuración de justicia a investigar y esclarecer el asesinato de la ctivista de búsqueda de personas desaparecidas.

El ombudsperson, Jorge Ochoa, emitió un llamado particularmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias necesarias que permitan determinar el origen de esta agresión y evitar la impunidad.

Asimismo, el presidente de la CEDHBC subrayó que cualquier atentado a las personas defensoras de derechos humanos es un agravio a la totalidad del tejido social por sus implicaciones estructurales.

Para finalizar, Jorge Ochoa informó que el Organismo Público Autónomo abrió, de forma oficiosa, un expediente de investigación para revisar la actuación de las autoridades en la atención a este caso y por tratarse de un ataque a una persona defensora de los derechos humanos.

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Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, El Neto, líder del grupo criminal Los Mexicles y uno de los fugados durante el motín del domingo en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, controlaba el penal de tal manera que vivía en una celda VIP, donde se encontró una caja fuerte con cerca de 2 millones de pesos.

El general secretario Luis Cresencio Sandoval informó ayer que al interior del reclusorio se encontraron “10 celdas, por llamarles de alguna manera VIP, bien arregladas, con televisión, con condiciones diferentes al resto de las celdas. De ahí se asegura una caja fuerte con un millón 702 mil 174 pesos”.

Precisó que al interior del penal también se aseguraron 10 armas largas, cuatro cortas y cartuchos, así como 84 celulares, 285 bolsas de crystal (cuatro kilos), 38 bolsas de cocaína (40 gramos), 68 bolsas con marihuana (16.2 kilos), 69 bolsas de heroína (1.5 kilos), ocho pastillas de fentanilo y 40 gramos de cocaína.

El Neto ingresó al Cereso en 2009, acusado de varios secuestros y homicidios por los que recibió una sentencia de 224 años. En 13 años se hizo del control del penal.

Los fugados

Pese a que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó ayer de la fuga de 25 personas del penal, por la tarde, el fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, informó que la cifra era de 30 y podría seguir subiendo.

Reconoció que el motín y fuga del domingo dejó en evidencia que existe un sistema de corrupción y se comprometió a que en un periodo de tres meses podría ser solucionado.

Sobre la presencia de un reo de alta peligrosidad en un penal estatal, como El Neto, el titular del sistema penitenciario de Chihuahua, Luis Alfonso Harris Arredondo, comentó que este hombre había solicitado varios amparos, sin precisar el número, que impedían su tras-lado a penales federales.

El presidente de la CEDHBC, Miguel Mora, indicó, en el marco del Día Internacional del Migrante, que los retos en materia de movilidad humana son particulares para cada región del país y agregó que, en el caso de Baja California, se trata de un contexto aún más específico, ya que la entidad se ha desarrollado a través de la historia como un destino directo e indirecto de las poblaciones en movimiento.

En este tenor, el ombudsperson subrayó acontecimientos recientes que han modificado el panorama migratorio del estado: La llegada de más de 20 mil personas de países africanos, europeos y caribeños en 2016; el inicio de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos en 2017, quien implementó el Título 42, herramienta que les permite a las autoridades migratorias deportar a personas en contexto de movilidad con mayor rapidez; la llegada de 6 mil personas de origen centroamericano en 2018; la instalación del campamento “El Chaparral” en la garita de San Ysidro, en 2021; el incremento de movilidad de connacionales por desplazamiento interno forzado; el registro de la mayor cifra histórica de solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), principalmente de personas provenientes de Haití, así como Centro y Sudamérica; así como la llegada de personas rusas y ucranianas. 

Ante estas circunstancias, Miguel Mora hizo hincapié en que los organismos públicos de derechos humanos, junto con la sociedad civil organizada, han colaborado con las instituciones de gobierno para buscar disminuir los factores de riesgo que pudieran vulnerar los derechos humanos de las personas.

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Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) documenta la contención del incidente registrado la noche del sábado 8 de octubre, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa. 

El titular de la CEDHBC, Miguel Ángel Mora Marrufo, informó que el Organismo Público Autónomo abrió un folio para revisar la actuación de las autoridades durante estos sucesos, entre ellas, las Secretarías de Seguridad Ciudadana Estatal y Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE), así como las condiciones al interior del Cereso.

Indicó que las visitadoras y visitadores de la CEDHBC han mantenido contacto con familiares de personas privadas de la libertad (PPL) para tener registro de sus inquietudes y gestionar información ante la autoridad penitenciaria.

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