La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), informa que debido a la presente contingencia por Covid-19, se presenta una disminución en la entrega de recibos a los usuarios en la ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito.

Lo anterior se debe a la reducción en el número de personal en el área de micro medición, responsables de la lectura e impresión de los recibos. Y es que se tiene estimado que hasta un 40 por ciento de los trabajadores de esta área forman parte de alguno de los grupos de riesgo.

Ante esta situación Raúl Martínez Velázquez, jefe del Departamento de Atención a Usuarios de CESPT, comentó que como alternativa se realizaron modificaciones desde el área de Informática del organismo, para que los usuarios puedan consultar y/o pagar su servicio, con su recibo anterior en la página web de la paraestatal, en www.cespt.gob.mx.

Al ingresar, solo será necesario registrarse, o si el usuario ya lo ha hecho, el sistema simplemente le requerirá su número de cuenta y número de ruta, datos que aparecen en cualquiera de sus recibos anteriores.

Es importante recordar, que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, cuenta con una aplicación disponible para cualquier teléfono inteligente, “CESPT Móvil”, desde la cual también podrá realizarse el pago de su cuenta de forma rápida.

Por último, el jefe del Departamento de Atención a Usuarios de CESPT, señaló que los recibos que no han sido entregados durante el mes de mayo, se entregarán durante el próximo mes, donde se prevé que a mediados de junio la entrega de recibos se regularice.

La empresa fiscalizadora de servicios de agua potable y alcantarillado, Fisamex, presentó públicamente datos de empresas que deben derechos de conexión de agua potable y alcantarillado por más de 70 millones de pesos en todo el estado de Baja California.

En Tijuana, esta es parte de la lista: 

Cumbres de Lago, adeudo de más de dos millones de pesos.

Empresa Bimbo más de dos millones de pesos.

Privada Otay del lago, más de tres millones.

Mexicali

Cantabria Residencial: pendiente de pagar derechos de conexión por un millón 301 mil pesos.

Hacienda Santa Lucía: derechos de conexión un millón 300 mil pesos.

InQBate derechos de conexión de agua potable y alcantarillado por más de tres millones.

Parque Industrial Palaco: tres millones 735 mil pesos.

Terrazas del Valle: cuatro millones 380 mil pesos.

Plaza La Cachanilla: 10 millones 709 mil.

Residencial Gran Venecia: 14 millones 371 mil pesos.

Los adeudos en Mexicali son superiores a los 40 millones de pesos.

El diputado Víctor Manuel Morán Hernández, indicó que la reforma a cinco instrumentos jurídicos contenida en el dictamen 1 de comisiones unidas, recientemente aprobada por el Pleno, en ningún momento se refiere a sancionar el uso doméstico o de particulares en cuanto al servicio del agua.

Por el contrario, lo que se pretende es erradicar el robo desmedido e histórico del agua que han cometido giros comerciales e industriales

agregó el legislador que preside la Comisión de Justicia.Todo esto, -dijo- debido a que se han detectado numerosas tomas clandestinas directas, en las que estos giros comerciales retiran el medidor y roban el líquido vital.

Resaltó que, por ello, la intención legislativa, es clara: “es la de sancionar a los giros que roban; también busca que se garantice el derecho humano al agua en todos los hogares de los bajacalifornianos y que llegue de manera constante y equitativa a toda la ciudadanía que tiene el servicio doméstico y particular”

Es oportuno mencionar que el Dictamen 1 de las Comisiones de Justicia y la de Hacienda y Presupuesto, se refiere a una reforma a cinco normatividades del Estado, misma que fue presentada por el Ejecutivo Estatal y analizada en ambas comisiones dictaminadoras.

Dicho dictamen recientemente aprobado, consiste en diversas reformas a la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado; la Ley que reglamenta el Servicio de Agua Potable; el Código Fiscal, la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2020 y al Código Penal, todos de Baja California, presentando la diputada Monserrat Caballero Ramírez, una reserva por medio de la cual no se reduce en un 30 por ciento la estructura de las Comisiones Estatales de Agua como inicialmente fue planteada.

Finalmente, el legislador puntualizó que, en el análisis, se tomaron en cuenta, dos opiniones jurídicas: la primera expuesta por la Auditoría Superior del Estado de Baja California y la segunda por la dirección de Consultoría Legislativa del Congreso del Estado.