A pesar de las restricciones sociales derivado de la pandemia por Covid-19, mujeres que se dedican a la prostitución siguen ofreciendo sus servicios sin que el ayuntamiento que encabeza Armando Ayala Robles, aplique las sanciones correspondientes.

Aunque no es una buena temporada, Denis, quien se dedica al sexoservicio desde hace un año aproximadamente, afirmó que los clientes siguen llegando.

“Sale porque sale. No es como las temporadas buenas, pero, sigue habiendo clientes que vienen a buscarnos. Ahorita solo trabajamos unas pocas porque las demás si tuvieron miedo y yo creo que tenían sus ahorros”, externó.

La mujer de aproximadamente 35 años, llega todos los días al mediodía a la esquina de Miramar y calle Tercera, en la mera zona de tolerancia. El trabajo se termina alrededor de las 21:00 horas y en ese lapso no hay verificación por parte de las autoridades municipales.

Comentó que aunque los bares y moteles están cerrados, se las ingenian para poder trabajar en lugres cercanos.

Por parte de servicios médicos municipales, dijo, se dio aviso que no deberían trabajar en la zona, sin embargo, no hubo restricciones de horario u operativos de vigilancia por parte de las autoridades municipales.

Una chica de 16 años logró escaparse de un departamento en Madrid, España, donde vendían droga. La adolescente estuvo secuestrada durante tres días por narcotraficantes que, además de obligarla a vender sustancias ilegales, la forzaron a prostituirse con los clientes.

“He estado tres días encerrada en un piso donde me han estado agrediendo sexualmente”, dijo la chica cuando pudo salir del lugar donde la tenían capturada, en el distrito de Usera, uno de los focos más álgidos de la prostitución infantil en España.

La menor estuvo secuestrada por hombres, en su mayoría dominicanos, para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero con hombres mayores de edad. Según medios locales, las condiciones sanitarias en las que se encontraba la vivienda eran deplorables.

Ante un descuido de sus secuestradores, la chica consiguió escaparse del departamento y salir a la calle. Ya en la vía pública, pidió ayuda y, finalmente, se dio aviso a la Policía.

En sus declaraciones a las autoridades, la menor indicó que fue obligada a consumir droga y que en la vivienda donde la tuvieron secuestrada se comercializaban estupefacientes. Según describió, los clientes, además de comprar droga, pagaban un monto extra de dinero para acostarse con ella.

Los agentes de la Policía la encontraron en muy malas condiciones: tenía restos de su propia orina y de heces. Estaba aterrada y no podía brindar muchas especificaciones sobre lo ocurrido, simplemente recordaba algunos detalles del interior del lugar donde estuvo secuestrada.

Gracias a un croquis que los oficiales le pidieron a la niña del departamento, finalmente lograron encontrar el lugar. El 30 de noviembre de 2021 se llevó adelante el operativo, por el cual detuvieron a 37 personas. Sin embargo, aún no pudieron ser imputados por organización criminal.

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Seungri, exestrella surcoreana del K-pop, fue condenado el jueves a tres años de prisión y a una multa de casi un millón de dólares, después de que un tribunal lo declaró culpable de delitos como el de conseguir prostitutas para posibles inversores, informaron medios locales.

El juicio de Seungri, cuyo nombre real es Lee Seung-hyun, forma parte de un escándalo de gran alcance que involucra a una red de estrellas del pop, empresarios y policías que supuestamente se confabularon y permitieron la evasión de impuestos, soborno y prostitución en algunos de los clubes más lujosos del ostentoso distrito de Gangnam, en Seúl.

Lee, de 30 años, antiguo miembro del exitoso grupo BIGBANG, fue llamado a filas para realizar el servicio militar obligatorio poco después de su acusación, lo que hizo que su juicio se trasladara a un tribunal militar.

El tribunal declaró a Lee culpable de nueve cargos, entre ellos malversar fondos de los clubes nocturnos, apostar en el extranjero y conseguir prostitutas para inversores extranjeros en sus negocios, informó Yonhap. La ley prohíbe a los ciudadanos surcoreanos apostar en casinos incluso cuando viajan al extranjero.

Lee, que compareció de uniforme en el tribunal militar de Yongin, al sur de Seúl, sacudió la cabeza mientras escuchaba la sentencia, que también incluía la orden de pagar una multa de 1.150 millones de wones (990.000 dólares).

Los intentos de contactar con el tribunal militar y con el abogado de Lee para que hicieran comentarios no tuvieron éxito inmediatamente. Lee negó la mayoría de los cargos.

El escándalo, centrado en varios clubes nocturnos en los que Lee estuvo involucrado, también arrastró a otras estrellas del K-pop, como Jung Joon-young y Choi Jong-hoon, que en 2019 fueron condenados a seis y cinco años de prisión, respectivamente, tras ser declarados culpables de violar en grupo a una mujer.

Jung también fue declarado culpable de filmar la agresión y distribuir las imágenes, que salieron a la luz cuando la policía investigaba a Lee. Las sentencias de Jung y Choi se redujeron posteriormente.

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Con la experiencia de lidiar por siglos con infecciones de transmisión sexual y, en los últimos 40 años, con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), las trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe saben que tienen un entrenamiento de décadas en defensa de su salud a fin de enfrentarse a otro reto: la pandemia por Covid-19.

Con el golpe socioeconómico del coronavirus por las cuarentenas, esas mujeres sufrieron el desplome de su fuente diaria de subsistencia, sujeta a que cantinas, hoteles y otros lugares estén abiertos y de que en las calles haya una actividad normal.

"Estamos entrenadas para enfrentar las condiciones y consecuencias que implican escenarios como los de una pandemia", proclamó la (no estatal) Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), con sede en Buenos Aires y que reúne a agrupaciones de 14 países hispanoamericanos.

"Hemos aprendido a cuidarnos y defendernos entre nosotras, y ahora, qué hacemos frente a la crisis mundial por Covid-19, esa experiencia con la que contamos la estamos volcando en conocer las particularidades de este fenómeno", agregó.

La meta es diseñar "herramientas de prevención específicas para seguir haciendo lo que hemos hecho durante décadas: sobrevivir a una pandemia, a una más, ya que ha sido la del estigma y discriminación la que nos ha entrenado desde siempre para sobrevivir, ahora, a esta", recalcó la asociación no gubernamental.

La billetera

Como secuela indirecta, la infección adelgazó la billetera de miles de mujeres de un gremio informal y sin reconocimiento legal.

"Estamos muy mal por el coronavirus. Este trabajo se hace con el cuerpo, con los genitales y las compañeras están muy afectadas: no pueden salir a trabajar", afirmó la argentina Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de RedTraSex.

"Algunas deben salir a laborar. Casi 89% de trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe son jefas de hogar y sobre la economía de ellas recae el mantenimiento familiar", aseveró Reynaga a este diario.

"Están pasándola muy mal. El virus vino a evidenciar el daño de la clandestinidad en que estamos inmersas sin regulación", añadió Reynaga, quien ejerció como trabajadora sexual de los 20 a los 50 años y se retiró hace 16.

"La enfermedad marcó un antes y un después para nosotras en América Latina y el Caribe, donde el trabajo sexual no está penado, pero tampoco está regulado, y exhibió la desigualdad social, la hipocresía de los gobiernos y a una sociedad que, ante nuestro trabajo, sigue mirando para otro lado", indicó.

"Nada va a llegar del cielo"

Para la trabajadora sexual nicaragüense María Elena Dávila, de 57 años e integrante del grupo Girasoles de Nicaragua, que pertenece a RedTraSex, el padecimiento "desenmascaró" la realidad de que "nuestras condiciones [sociales] son indignas".

"Ninguna tenía preparación para esta dura realidad. El trabajo es mínimo, por el aislamiento. Y si uno se aísla, ¿de qué comerá la familia?", adujo Dávila a este periódico.

"Sufrimos hasta por un tapabocas", lamentó la colombiana Fidelia Suárez, de 50 años, con 30 en el oficio, y presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia afiliado a la Red.

Frente al consejo de quedarse en casa, reclamó: "Sí, me quedo en casa, pero mis hijos no tienen qué comer. ¿Quién me va a pagar el arriendo? Nada me va a llegar del cielo".

"Disminuyeron en 100% las ganancias. Tenemos que buscar cómo ejercer y, exponiéndonos al contagio, nosotros mismas crear medidas de bioseguridad para llevar sustento porque somos el pilar de nuestros hogares. Nuestro trabajo cada día disminuye, las ganancias son menos y menos tenemos para llevar a la casa", contó.

"No hay clientes en la calle", dijo la costarricense Nubia Ordóñez, de 59, retirada hace 18 y dirigente de La Sala de Costa Rica, que integra la red. Consultada por este rotativo, recordó que el dilema es que "si se nos pide no abrazarnos ni besarnos" para evitar el contagio, "pues es muy difícil así poder ejercer el trabajo sexual".

En México las víctimas de trata de personas sobrepasa de los 500 mil casos y lamentablemente los 70 mil de ellos son menores de edad, sin embargo actualmente han sido identificados 47 grupos de delincuentes que violan los derechos humanos de las personas. 

Elizabeth Lara Rodriguez, Directora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comentó "esto representa una serie de afectación a los derechos humanos de las personas y nos corresponde estar atentos para que las autoridades al momento de la persecución al delito y en atención a las víctimas conformen a los estándares de protección de los derechos humanos". 

Señaló que a través de un diagnóstico que comprende del 15 de junio del 2012 al 31 de julio del 2017 se identificaron 210 víctimas en México de las cuales el 90% son mujeres y el 10% hombres.

Del total el 84% de las víctimas son mexicanas, el 6% de distinta nacionalidad y se desconoce la información del 10% restante. Del total de víctimas mexicanas el 36% nació en Baja California, el 63% en otra entidad federativa y se desconoce información del 1%.

Cabe destacar que la autoridad reportó que no cuentan con información si una de las víctimas identificadas son personas de la comunidad indígena, con discapacidad, o migrante en tránsito. 

Por otra parte resultó que el 80% fue víctima de explotación de la prostitución ajena u otras formas de manera sexual mientras que el 11% de explotación laboral, el 5% de indemnidad forzosa y el 2% restante se refiere a otro tipo de explotación del cual se desconoce la información.

Miguel Ángel Mora Marrufo, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) aseguró que en el estado se trabaja a través de tres ejes que son prevenir para combatir la trata de personas, en la protección integral de las víctimas y en el enfoque de género.

El tráfico sexual en el Condado de San Diego es una industria de 810 millones de dólares mientras que la trata de personas es la segunda industria criminal más grande del mundo. En San Diego fue identificado por el FBI como una de las 13 áreas con mayor índice de prostitución infantil, lo que significa un alto tráfico sexual de niños. 

La Fiscal del Distrito de San Diego, Summer Stephan comentó "una de mis prioridades es detener la trata de personas, sabemos que se trata de un problema global pero las mejores soluciones son locales y nosotros estamos haciendo eso de varias maneras utilizando el enjuiciamiento para rescatar a las víctimas y responsabilizar a los ofensores" 

En el 2019 el equipo especial contra la trata de personas investigó 194 pistas, rescató 121 víctimas y trabajaron 74 casos para enjuiciar.

A principios de este año 2020 se implementó un programa especial para enseñar a bomberos y personal de emergencias médicas sobre como reconocer mejor las señales de la trata de personas. Además se asociaron con un programa de educación escolar de maestros y estudiantes. Como también se han realizado capacitaciones con otros grupos clave que entran en contacto con víctimas, incluidos los trabajadores de hoteles, moteles y profesionales de la industria de las aerolíneas con el propósito de que puedan evitar que las personas jóvenes y adultos sean alejados de sus grupos de apoyo y prevenir que sean víctimas de los traficantes.