El gobernador de Baja California Jaime Bonilla y Vicenta Espinoza, secretaria de Honestidad y la Función Pública denunciaron que grandes usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), han cometido fraudes y robo de agua.

A través de un video, los funcionarios expusieron que tradicionalmente la CESPT, ha sido la pila de agua bendita, en la cual todo mundo mete las manos, se persignan y se van a la campañas. Ha sido la caja chica y más que eso, la caja grande para las campañas.

“Nos hemos dado tiempo para sanear este organismo que es tan noble, la espina dorsal de cualquier sistema de gobierno. Ha habido una serie de descubrimientos por parte de la función pública”, dijo Bonilla.

La Secretaria de la Honestidad y la Función Pública precisó que han encontrado cuentas de grandes consumidores con irregularidades.

“Las cuentas no alcanzan, porque la CESPT tiene más gastos de ingreso. Se les estaban cobrando consumos mínimos a grandes empresas.

“Ilógico que gasten menos que una casa habitación, cinco metros cúbicos, pagos mínimos, empezamos a revisar cerca de 400 cuentas, se contrató auditorías. Auditorías que no son recaudatorias, los dictámenes y todo lo que se esté haciendo es lo que nos va arrojar la verdad, todo se va a revisar minuciosamente.

“Encontramos que no están pagando derechos de agua, no es lo mismo decir que tienen sus pagos al corriente, que están pagando lo correcto. Pagaban por año, les hacían descuento por pronto pago del 12 por ciento.

“Nos percatamos que no habían pagado derechos de revisión. En inspección física nos encontramos con más sorpresas, no solo hay fraude en documentación, al llegar a las empresas nos encontramos con detalles que no solo no tienen derecho de conexión o drenaje, sino que además tienen tomas clandestinas, sobre una toma hacen más tomas. Aguachicoleo”, afirmaron los funcionarios.

La empresa auditora Fisamex, por orden del gobernador Jaime Bonilla, realizó una visita al complejo Estero Beach en Ensenada, propiedad del senador Jaime Novelo y le dictaminó un adeudo por más de 137 millones de pesos por agua no contabilizada y uno de la red de drenaje público.

Gerardo Novelo es senador por Morena y llegó al escaño al ser suplente de Jaime Bonilla, cuando este dejó el lugar para buscar la gubernatura del estado.

En la reciente visita del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se hospedó par de días en el hotel de este senador.

Novelo formó un bloque junto a Arturo González Cruz y Pedro Romero Torres en busca de la candidatura de Morena para la gubernatura que finalmente fue otorgada a Marina del Pilar.

De manera amenazante es como se presentan los cobros por parte del Gobierno de Baja California a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana donde generan créditos fiscales de una manera irregular al margen del procedimiento administrativo conceptualizando un monto que no corresponde al adeudo, perjudicando a empresas particulares aseguró el Lic. Carlos Atilano Peña; Presidente de COCI.

Quien además señaló que el acceso al agua es un derecho humano y sobretodo ahora que está vinculado con el derecho a la salud por la pandemia de Coronavirus (COVID-19) "Hay mucha insensibilidad por parte de las autoridades del Estado y que el cobro de agua ha sido totalmente recaudatoria" expresó.

Por otra parte señaló que en primer plano se exhibieron los adeudos de empresas grandes como fue el Grupo Aeropuertario, Grupo Caliente y hoteles reconocidos pero ahora ya lo están haciendo con el resto de la ciudadanía.

"Nosotros consideramos que se está desnaturalizando a la Comisión Estatal de Servicios Públicos y a este derecho humano que debe desarrollarse bajo un alto sentido social y que la Suprema Corte de Justicia ha destacado que no puede darse uso mercantil al agua que es lo que esta haciendo el Gobierno del Estado en contra de disposiciones constitucionales" dijo Atilano Peña.

El diputado Víctor Manuel Morán Hernández, indicó que la reforma a cinco instrumentos jurídicos contenida en el dictamen 1 de comisiones unidas, recientemente aprobada por el Pleno, en ningún momento se refiere a sancionar el uso doméstico o de particulares en cuanto al servicio del agua.

Por el contrario, lo que se pretende es erradicar el robo desmedido e histórico del agua que han cometido giros comerciales e industriales

agregó el legislador que preside la Comisión de Justicia.Todo esto, -dijo- debido a que se han detectado numerosas tomas clandestinas directas, en las que estos giros comerciales retiran el medidor y roban el líquido vital.

Resaltó que, por ello, la intención legislativa, es clara: “es la de sancionar a los giros que roban; también busca que se garantice el derecho humano al agua en todos los hogares de los bajacalifornianos y que llegue de manera constante y equitativa a toda la ciudadanía que tiene el servicio doméstico y particular”

Es oportuno mencionar que el Dictamen 1 de las Comisiones de Justicia y la de Hacienda y Presupuesto, se refiere a una reforma a cinco normatividades del Estado, misma que fue presentada por el Ejecutivo Estatal y analizada en ambas comisiones dictaminadoras.

Dicho dictamen recientemente aprobado, consiste en diversas reformas a la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado; la Ley que reglamenta el Servicio de Agua Potable; el Código Fiscal, la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2020 y al Código Penal, todos de Baja California, presentando la diputada Monserrat Caballero Ramírez, una reserva por medio de la cual no se reduce en un 30 por ciento la estructura de las Comisiones Estatales de Agua como inicialmente fue planteada.

Finalmente, el legislador puntualizó que, en el análisis, se tomaron en cuenta, dos opiniones jurídicas: la primera expuesta por la Auditoría Superior del Estado de Baja California y la segunda por la dirección de Consultoría Legislativa del Congreso del Estado.

La XXII Legislatura de Baja California aprobó hasta cinco años de cárcel para quienes se roben el agua en la entidad.

Con la modificación a la Ley de Aguas del Estado, el código fiscal estatal y penal estatal, ayer en sesión extraordinaria se aprobó esta medida.

Las penas para una persona física o moral que instalen toma de agua o se reconecten sin autorización sería de tres meses a tres años de prisión y multa de 8 mil 688 a 43 mil 440 pesos.

Pero la sanción aumenta si el ilícito es cometido por un servidor público. En este caso, la pena impuesta sería de tres a cinco años de cárcel y multa de hasta 60 mil 816 pesos.

Sin embargo, la pena podría incrementar de si la l servidor público que en uso de sus facultades no denuncia el ilícito, en este supuesto, la pena aumentaría.

Además, en el cálculo de adeudos, se tomaban los últimos cinco años para hacer el recuento, dicho periodo lo extendieron a diez años.

Cabe mencionar que el gobernador Jaime Bonilla Valdez, desde hace varias semanas ha exhibido a varias empresas que tienen adeudos con la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Agua (CESPT).