El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California se ha ajustado a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, de la Ley de Disciplina Financiera y de la propia Constitución Política del Estado con relación a las erogaciones, en particular al pago de honorarios del consejero Ricardo Esteban Zurita Lopez. 

El secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Luis Irineo, desmintió los señalamientos sobre supuestas ilegalidades al incumplir con el pago de los honorarios que hizo este integrante del Comité de Participación Ciudadana en un escrito dirigido al Congreso del Estado. 

Al contrario, explicó, la labor ha sido apoyar a los consejeros en igualdad de condiciones y cada erogación se realiza conforme a las leyes, además que se informa periódicamente a la Secretaría de Hacienda del Estado, por ser un organismo descentralizado, y al Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. 

Cada consejero ciudadano recibe 30 mil pesos brutos mensuales, de acuerdo al Presupuesto de Egresos autorizado por el Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción y en Presupuesto de Egresos. 

En el caso particular del consejero Ricardo Esteban Zurita López se le autorizó un pago de 131 mil pesos correspondiente al periodo del 6 de septiembre al 31 de diciembre de 2018. 

Zurita Lopez rindió protesta el 6 de septiembre de ese año, a diferencia de los otros nueve consejeros técnicos que lo hicieron el 12 de junio, por ello la diferencia de montos. 

Por acuerdo del Órgano de Gobierno del SEA se realizó su transferencia bancaria como a cada uno de los consejeros sujetos al pago de honorarios, ya que los cinco restantes se les consideró consejeros honoríficos sin pago alguno.

En septiembre de 2019, Zurita solicitó la diferencia de pago con relación al obtenido por los otros integrantes del CPC, por lo que el 8 de octubre se le dio esa respuesta contenida en el expediente DJ/045/19 donde se argumenta el impedimento legal de su petición.

Ahora, el 18 de junio de 2020, envió un escrito al Congreso del Estado donde señala ilegalidades para su pago de 2019 y el parcial de 2020, señaló Irineo Romero y explicó que la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público apunta que una erogación se justifica con los documentos legales que determinen el compromiso u obligación de hacer el pago, en este caso los contratos. 

Zurita López no ha firmado ni ingresado dichos documentos a la Dirección de Administración y Servicios del SEA para que proceda el pago de sus honorarios. 

Sobre el caso particular de este consejero que se ha negado a firmar sus contratos, corresponde al Órgano de Gobierno del SEA la decisión sobre su pago o su reintegro a la tesorería estatal, tal y como se planteó en la documentación presentada para la reunión que se canceló en marzo de 2020 a consecuencia del acuerdo del Comité Coordinador, a petición del propio consejero y de la secretaria de la Honestidad y la Función Pública Vicenta Espinoza hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación envíe al Congreso local los alcances de la sentencia sobre la integración del SEA.

Por acuerdo de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California se hace un público rechazo a la ostentación de Edgardo Silva Rivera como presidente de este órgano ciudadano en un acto oficial promovido por la Secretaria de la Honestidad y Función Pública del gobierno estatal, Vicenta Espinoza.

En la "Cuarta Jornada contra la Corrupción", convocada y presidida por Espinoza Martínez, se hizo la presentación del "maestro Edgardo Silva Rivera, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción". 

En su mensaje, Silva Rivera dijo estar agradecido con el actuar de "este gobierno que nos ha abierto las puertas", además que hizo un "reconocimiento a la Secretaria (Espinoza Martínez) que ha mostrado su interés por un sistema que venga a beneficiar al pueblo de Baja California".

Durante este acto oficial, la funcionaria que integra también el Comité Coordinador del SEA descalificó la conformación del CPC, el cual fue constituido constitucionalmente el 15 de junio de 2018, por acuerdo del Congreso local.

Los integrantes del CPC Claudia Téllez, Fermín Gutiérrez, Omar Marrón, José Francisco Fiorentini, Jorge Topete y Eduardo Arredondo, acordaron analizar los recursos jurídicos ante la gravedad de la usurpación que hace Silva de un cargo que no le corresponde y el aval de Espinoza, a sabiendas que se trata de un acto ilegal y contraviene la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. 

Con base en los artículos 19 y 22 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, Arredondo Uribe fue designado el 8 de julio de 2020 como presidente del CPC por un periodo de un año mediante una votación en la que participaron cuatro de los cinco miembros honoríficos, toda vez que Edgardo Silva confirmó asistencia pero se ausentó sin justificación alguna.

Los miembros del CPC refrendaron la decisión de designar a Arredondo como presidente, acuerdo que se hizo del conocimiento a todos los integrantes del SEA, incluidos Edgardo Silva y Vicenta Espinoza, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.  

Es importante señalar que la elección del presidente del CPC es facultad exclusiva de los representantes ciudadanos, sin interferencia de los representantes de gobierno, cuya participación se limita a reconocer la decisión de los ciudadanos, conforme a la Constitución Política de Baja California.