El aeropuerto de Tijuana tiene un adeudo de más de 27.6 millones de pesos con la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), informó este mediodía el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez en su reporte diario.

A su vez, Manuel García de la empresa auditora FISAMEX, explicó que los operadores del aeropuerto de Tijuana utilizaron varias “estrategias” para eludir al pago de agua a la paraestatal, entre las que destacan el revisión y cambio de medidor en más de dos ocasiones.

También exhibieron un documento en el que consta el pago de agua a la Conagua por parte de los directivos del aeropuerto, dicha aportación (ante el SAT) es por la cantidad de mil 200 pesos, lo cual, es una cantidad mínima, explicaron.

Manuel García indicó que la lectura del medidor de agua varia de manera constante y de forma inconsistente, pues hay fechas en las que el consumo, no corresponde a un sitio con decenas de restaurantes, oficinas, entre otros.

El mandatario estatal afirmó que, aunque los directivos del aeropuerto de la ciudad se comuniquen con secretarios de estado, en Tijuana van a tener que pagar el agua, porque en Baja California todos pagan el agua.

Los adeudos del aeropuerto internacional que la paraestatal detectó son: 

Agua no contabilizada 16.9 millones de pesos.

Derechos de conexión 8 millones de pesos.

Descargas a la red 2.6 millones de pesos.

Esta mañana, el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez compartió en sus redes sociales que se reunió con la expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez. 

A través de su cuenta, Bonilla Valdez expresó: “Me dio mucho gusto recibir esta mañana en nuestras oficinas a la expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero; una mujer trabajadora, comprometida y con gran vocación de servicio, con quien compartimos la visión de seguir construyendo un mejor futuro para nuestra ciudad y nuestro estado”.

Por su parte, Caballero Ramírez, compartió la fotografía y señaló que el amor por Baja California los une.

Cabe mencionar que durante el gobierno de Montserrat Caballero, ella lo denunció por violencia de género y supuestos casos de acoso en el año 2023.

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La ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, afirmó ante medios de comunicación que, antes de finalizar su administración municipal, sostuvo una reunión con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. 

La ex funcionaria destacó la buena relación que mantiene con Bonilla, señalando la importancia de tener vínculos sólidos en momentos críticos.

"Es importante tener una buena relación antes de los momentos catastróficos", expresó Caballero.

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La situación es crítica en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, donde miles de viajeros se encuentran varados debido a la cancelación de vuelos provocada por la neblina y la saturación de servicios. La neblina se ha presentado en la región desde la noche del domingo. Este lunes, nuevamente se presenta un banco denso de neblina, lo que ha provocado desesperación entre los viajeros pues temen que no puedan llegar a sus hogares para pasar la Navidad con sus familias.

Un grupo de pasajeros ha estado en el aeropuerto desde la noche del sábado porque sus vuelos fueron cancelados por el mal clima. 

Otros viajeros relatan que la neblina causó la suspensión de vuelos desde la noche anterior, dejándolos en los pisos y sin poder descansar adecuadamente. Algunos intentan refugiarse del caos en el suelo del aeropuerto, cubiertos con mantas y utilizando sus maletas para poder recargarse mientras esperan noticias sobre sus vuelos.

Cabe mencionar que el pronóstico meteorológico indica lluvias, vientos y neblina para este martes.

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Desde la noche del martes, la carretera Aeropuerto en Tijuana se encuentra bloqueada en ambos sentidos por miembros de la comunidad de Maclovio Rojas Márquez, quienes exigen justicia y certidumbre jurídica respecto a sus hogares. Con 36 años de lucha, esta comunidad reclama la regularización de sus predios que, hasta la fecha, aún no han sido formalizados.

Los manifestantes han decidido alzar su voz tras la última mesa de trabajo realizada el 28 de mayo en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), donde, a pesar de la presencia de representantes del gobierno federal y estatal, no se cumplieron los acuerdos establecidos. La reunión, que fue pública y transmitida a través de Zoom, contó con la participación de integrantes de la Unión de Posesionarios del Poblado Maclovio Rojas Márquez, así como de figuras de la SEGOB y otras autoridades locales. Sin embargo, la falta de acción ha llevado a la comunidad a ejercer su derecho a la protesta.

Las demandas de los pobladores son la interlocución directa con la nueva Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez; la entrega de los primeros títulos de propiedad el 7 de octubre de 2024, a través de una asamblea del Ejido General Francisco Villa; la realización de un análisis histórico jurídico completo sobre la problemática de Maclovio Rojas Márquez; la devolución del dinero que CORETE y el Ejido cobraron a los Posesionarios en 2011; la asignación de seguridad a los líderes del movimiento debido a amenazas de muerte; una tregua con el Ejido General Francisco Villa para desestimar las denuncias en su contra; y un acuerdo sobre la regularización del resto de predios, que suman aproximadamente 4,000 hectáreas, sin costo alguno para los posesionarios.

“¡No mentir, no robar, no traicionar! Primero los pobres,” resuena entre los manifestantes, quienes exigen una respuesta inmediata del gobierno de la Cuarta Transformación a sus justas demandas. 

Debido al bloqueo se ha registrado caos en la carretera Aeropuerto debido a que es una zona en la que transitan cientos de automovilistas y camiones de carga hacia la garita de Otay; así como al Aeropuerto Internacional de Tijuana.

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A partir del 1 de septiembre, el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, podrá ser requerido nuevamente para comparecer ante el Poder Judicial del Estado y llevar a cabo la audiencia inicial de imputación, informó Juan José Pon Méndez, Consejero Jurídico de Baja California.

Señaló que se le imputan delitos por el uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por el delito de peculado, que se sanciona con penas de hasta 12 años de prisión y/o 16 años de prisión.

Recordó que la denuncia se realizó después del proyecto de la planta fotovoltaica que dejó una deuda aproximada de 12 mil millones de pesos.

Señaló que en agosto de 2022, se le citó al ex gobernador para que compareciera ante un juzgado, pero antes de asistir, el Tribunal Electoral determinó que Bonilla podría incorporarse como senador y contaba con fuero de común, por lo que no podía ser juzgado en ese momento.

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