Mientras hay una investigación en su contra, Brenda Ruacho, ex directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y esposa del ex Gobernador ''Kiko'' Vega disfruta de su higuera para hacer mermeladas.

El pasado 08 de mayo se llevo a cabo un cateo a la mansión de ''Kiko'' Vega, el cual es por una investigación que se sigue a su esposa Brenda Ruacho de Vega.

El Fiscal General del Estado Guillermo Ruiz Hernández se limitó a decir que el cateo “tiene que ver con la señora Brenda ‘N’”.

Un agente del Ministerio de Delitos Patrimoniales, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y peritos entraron a revisar la mansión del también ex alcalde de Tijuana, ubicada en la avenida Paseo Cumbres de Maltrata en el exclusivo fraccionamiento Cumbres de Juárez. 

El Gobierno del Estado denunció por una serie de delitos a la ex primera dama. 

En marzo pasado, el Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, ella pidió a la actual administración del DIF Estatal la devolución de 1 millón de pesos que estaban en una cuenta que recaudó más de 7 millones de pesos para la construcción de unas villas para familias que llevan a sus hijos al CRIT.

Fue por eso que detectaron que a través de una Asociación Civil, presuntamente se desviaron recursos.

La ex Presidenta del Sistema DIF Estatal, Brenda Ruacho de Vega, firmó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) un acuerdo reparatorio y devolver el dinero que robado del DIF en la administración de su esposo el exgobernador Francisco “Kiko” Vega.

Sin embargo, no ingresó a las instalaciones de la FGE, sino que, al percatarse de la presencia de representantes de los medios de comunicación, pidió que le llevaran los documentos a firmar hasta su vehículo, estacionado en las afueras del edificio de la fiscalía.

El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, dijo que la señora Ruacho de Vega se acogió a lo que contempla el Artículo 16 de la Ley Penal actual que permite la reparación del daño, monto que asciende casi a los 7 millones de pesos, dinero del cual dispuso de manera ilegal en una cuenta personal.

El Titular de la SGG dijo que este recurso forma parte del patrimonio del estado por lo que posterior a la firma, en las próximas horas, la señora Brenda tiene que hacer una transferencia bancaria a una cuenta oficial del Gobierno del Estado para resarcir el daño.

Es parte del acuerdo compensatorio que le permite la ley, dijo el funcionario, quedó claro y evidenciado que cometieron delitos, que la señora cometió delitos en contra de la administración de pública; y ella al darse cuenta de que el Ministerio Público tenía los elementos suficientes para sancionarla por los delitos de desvío de recursos y coalición de servidores públicos prefirió firmar este acuerdo y regresar lo robado, que al final de cuentas es dinero del pueblo, comentó.

 

El Secretario General de Gobierno comentó que, a través de la Dirección Jurídica para el Combate a la Corrupción, la SGG aportó a la FGE los elementos para que integraran esta carpeta de investigación y los hechos fueron tan contundentes, que al final la expresidenta del DIF reconoció el ilícito y firmó este acuerdo para regresar el dinero robado.

 

Como se recordará, la denuncia se dio en la presente administración estatal ya que en el sexenio anterior la señora Brenda Ruacho creó una fundación paralela al Centro CRIT, recabó recursos y creó una cuenta aparte de la oficial; ella en vez de depositar ese recurso en la cuenta oficial del DIF lo hizo en una cuenta personal y se descubrió que habían hecho una serie de gastos que no tenían nada que ver con el CRIT, al final tuvo que regresar ese recurso.

Con el pago a realizar por parte de la ex presidenta del DIF, Brenda Ruacho, y un par de servidores públicos, quedan liberados de los cargos de coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas

De acuerdo con el SGG, Amador Rodríguez, la señora Ruacho entregará a la Hacienda Pública, una transferencia por 6.8 millones de pesos y se desistirá del amparo interpuesto con el que mantenía el control de una estancia infantil del CRIT ubicada en la rampa de la Central Camionera.

En estos momentos el fiscal que integró la carpeta de investigación, el secretario de gobierno y otros funcionarios están a la espera del arribo de la ex presidenta del DIF o su representación legal para concluir el procedimiento.

Brenda Ruacho, esposa del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid firmará un acuerdo en el cual se compromete a devolver 6.8 millones de pesos que fueron desviados presuntamente a una cuenta no oficial del DIF durante la pasada administración estatal.

Con la firma de este acuerdo, la Fiscalía General del Estado no actuará legalmente en contra de la ex presidenta del DIF en Baja California.

El documento será firmado poco antes del mediodía en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Dentro de la indagatoria que realiza la Fiscalía General del Estado por los delitos de coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas, está tarde en Tijuana se presentó ante la Agencia del Ministerio Público, Brenda N. en calidad de imputada, misma que se reservó el derecho a rendir declaración.

La Fiscalía Regional de Tijuana, a cargo de Hortensia Noriega León informa que los hechos fueron denunciados el 16 de marzo de 2020, por Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno del Estado, por la captación de donaciones por parte de ex servidores públicos del DIF Estatal, en la pasada administración, 

Este 9 de octubre de 2020, se informa que Brenda N acudió ante la Representación Social, y se reservó el derecho a declarar.

Por lo anterior, la carpeta de investigación continúa su curso, y se siguen integrando los diversos elementos de prueba, indicios, documentales y testimoniales a fin de resolver conforme a derecho.

El exgobernador del estado, Francisco Vega de Lamadrid, fue citado a comparecer ante el Ministerio Publicó el pasado viernes, cita a la que no acudió, de acuerdo con lo expresado por Jaime Bonilla Valdez en su transmisión en redes sociales.

“Brilló por su ausencia. Esperemos que mande a sus representantes”, dijo Bonilla.

Los delitos que se le imputan al ex gobernador, así como a varios de sus excolaboradores, tienen que ver con un posible daño al erario de más de mil 200 millones de pesos.

En el mismo tenor señaló el caso de la esposa de Kiko, la señora Brenda Roacho, acusada de desviar fondos del DIF estatal, de no presentarse a declarar.