Gracias a un amparo impulsado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo, A.C., así como por diversos despachos jurídicos que participaron de manera pro bono, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión deberá detener el procedimiento de designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente

El amparo fue impulsado por considerar que NINGUNA de las tres personas -Ricardo Rodríguez Vargas, Carlos Alberto Puga Bolio y Marta Patricia Jiménez Oropeza- propuestas al Senado por el Presidente de la República el pasado 3 de junio, cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la Ley para ocupar el cargo.

La Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente señala que para ser titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), es necesario contar con experiencia acreditada en materia fiscal en los últimos 5 años. Las dos primeras personas referidas se han desempeñado en los últimos años como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero no cuentan experiencia fiscal por el tiempo requerido. Adicionalmente, Ricardo Rodríguez Vargas quien ocupó hasta principios de este mes el cargo de director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, tiene una restricción legal pues se prohíbe haber sido titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal en los tres años previos al nombramiento.

En su resolución, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, advierte a las autoridades que en caso de desobedecer la suspensión dictada serán responsables del delito previsto en la Ley de Amparo que contempla la sanción de destitución e inhabilitación y pena de prisión de tres a nueve años.

Al respecto, Juan Carlos Pérez Góngora, Presidente de México Justo. indicó que: “La resolución dictada por el Poder Judicial de la Federación es acorde con el derecho a contar con una procuraduría autónoma del Estado cuya misión sea proteger los derechos de toda persona obligada a contribuir al gasto público. Por ello, los requisitos que establece la Ley para la designación del titular de dicho organismo deben cumplirse de manera estricta por parte de las autoridades que participan en el proceso de nombramiento.”

MCCI y México Justo continuarán ejerciendo su derecho de acceso a la justicia en favor de la legalidad, la división de poderes y el Estado de Derecho.

Rosalinda González Valencia, La Jefa, promovió un amparo ante un juez de distrito con sede en Jalisco, por presuntas violaciones a sus derechos humanos, informó su abogado, Víctor Beltrán. 

La esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, denunció que se han violentado sus derechos humanos y su derecho al debido proceso en el reclusorio femenil de Morelos, donde permanece detenida. 

En diciembre pasado, su equipo de abogados promovió un juicio de garantías contra dichas violaciones, sin embargo, el amparo fue desechado. Ya en revisión, un Tribunal Unitario brindó protección a la quejosa. 

Rosalinda Valencia es acusada de delitos como operación con recursos de procedencia ilícita, fue detenida en noviembre pasado durante un operativo en Zapopan, Jalisco. 

Su aprehensión provocó que dos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México fueran privados de su libertad en avenida Aviación, en Zapopan. 

Días después, los dos marinos fueron puestos en libertad en Puerto Vallarta, Jalisco. 

Ocho personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por su presunta participación en la privación ilegal de los dos marinos. 

Entre los detenidos está Manuel 'N', pareja sentimental de Laisha Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera.

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Inés Gómez Mont, actualmente prófuga de la justicia, busca que un juez federal obligue a la Fiscalía General de la República (FGR) a archivar una carpeta de investigación iniciada en su contra desde el año 2017 por lavado de dinero.

Desde hace más de un año, la conductora de televisión solicitó a la FGR determinar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017 bajo el argumento de que informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que en el año 2016 obtuvo ingresos acumulables por 39 millones 519 mil pesos pero que le fueron retenidos 13 millones 572 mil 444 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

Por lo que la cantidad que efectivamente recibió fue de 25 millones 945 mil 726 pesos, pero la FGR ha insistido que no ha pagado el total de las contribuciones correspondientes a sus ingresos de el ejercicio 2016.

Por ello, solicitó un amparo ante el juez Quinto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México pues la defensa de Gómez Mont intentó firmar un acuerdo reparatorio que también ha sido desconocido por la FGR para no archivar el caso en su contra.

Este asunto no tiene nada que ver con la orden de aprehensión que hay contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por un supuesto desvío de más de tres mil millones de pesos y por el que están señalados de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

Emiten ficha roja para búsqueda de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son buscados en más de 190 países luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera la ficha roja para su búsqueda y localización, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes judiciales informaron que Gómez Mont y Álvarez Puga, acusados de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, son rastreados para detectar su paradero y ser presentados ante la justicia mexicana.

A través de sus redes sociales, la conductora Inés Gómez Mont aseguró que la acusación en su contra por enriquecimiento ilícito por tres mil millones de pesos era falsa.

Cabe recordar que un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados Gómez Mont y Álvarez Puga.

El juez de control, Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes solicitadas por la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Un Tribunal Federal ratificó el amparo otorgado a la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, para que el juez penal que tiene en sus manos su proceso analice la posibilidad de modificar la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta. 

Ahora, el juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, deberá citar a audiencia a más tardar el próximo lunes para revisar la medida cautelar impuesta a la ex funcionaria, quien desde hace dos años, busca enfrentar su proceso en libertad. 

El 12 de junio de este año, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, concedió la protección de la justicia a la ex funcionaria para que se analizara nuevamente la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva. 

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpusieron un recurso de revisión contra la sentencia. 

Durante la sesión de este jueves, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal avalaron por unanimidad el proyecto de su homólogo Juan Carlos Ramírez, que ratifica el fallo de primera instancia. 

"El día de hoy los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal han decidido confirmar el amparo por parte del juez tercero de distrito en materia de amparo, con el cual se determina la posibilidad del cambio de una medida cautelar a favor de Rosario Robles Berlanga", sostuvo su abogado en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula. 

En meses pasados, el juez Octavio Mejía determinó que la licencia para justificar la existencia de diversos domicilios es falsa; que no existen recursos económicos ni de la inculpada ni de sus familiares, para que ésta pudiera evadir la acción de la justicia, y que está comprobado el arraigo de Rosario Robles en la Ciudad de México. 

Los magistrados echaron abajo los argumentos de la FGR y la ASF, por lo que se abre la puerta para que Rosario pueda enfrentar su caso en libertad. 

Sin embargo, también existe la posibilidad de que pueda volver a ser detenida porque hay una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual no ha sido cumplimentada. 

Por su parte, en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, el abogado Epigmenio Mendieta dejó abierta la posibilidad de que Rosario Robles pueda enfrentar su proceso en libertad, y se le imponga un brazalete electrónico, que firme de manera periódica o que enfrente arraigo domiciliario. 

Respecto a la licencia de conducir de la ex secretaria, el litigante dijo que es un día muy importante, porque se ha demostrado, tras varios recursos legales, que esta licencia es falsa, y que tiene un arraigo y que no existe un riesgo de fuga. 

"Hoy es un paso muy importante en el asunto de Rosario Robles, pero lo que sí queda de muestra es la confianza que ella manifestó al Poder Judicial de la Federación", comentó el litigante. 

"Lo que hemos denunciado como una licencia falsa y fue comprobado con cinco peritajes y no solamente tu producción y nosotros a través de los peritajes hemos demostrado que esa licencia es falsa, ya lo ha corroborado un juez en materia de amparo y hoy o han confirmado tres magistrados del Poder Judicial de la Federación por unanimidad", explicó. 

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Alrededor de 10 mil empresarios y comerciantes se han sumado, a través de su firma, a la iniciativa para interponer un paro colectivo contra la "Licencia Sanitaria".

El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, detalló que se trata de representantes de empresas grandes, pequeñas y medianas, que están en contra de esta medida aprobada en el congreso bajacaliforniano.

Hasta el momento hemos citado a firma a dos mil representantes, por el tema del COVID-19, pero estamos sumando cada día a más personas, dijo.

Se trata de una iniciativa ciudadana que pretende frenar los excesos cometidos desde la XXIII Legislatura y que no tiene costo, afirmó.

Entre los que han acudido a firmar el amparo colectivo destacan cerveceros, propietarios de barberías, salones de belleza, loncherías, centros de entretenimiento, bares, restaurantes, entre otros.

Los interesados en sumarse a esta iniciativa ciudadana que busca "neutralizar" el efecto de la "Licencia Sanitaria" puden hacerlo desde www.tueresbc.org explicó Adolfo Solís.

El abogado fiscalista indicó que durante el mes de junio estará la página al servicio de los bajacalifornianos que quieran sumarse.

Un tribunal federal amparó contra el auto de formal prisión a Cándido Ortiz González "El comandante blanco", identificado como líder de Los Rojos y quien secuestró a la hija de Nelson Vargas.

El Segundo Tribunal Unitario en materia Penal del Primer Circuito consideró que Ortiz González no contó con una defensa adecuada, razón por la que le concedió el amparo.

Sin embargo, su resolución no implica que será liberado, sino que el Cuarto Tribunal Unitario en materia Penal deberá dejar sin efecto la sentencia que emitió en el recurso de apelación emitida el 14 de enero de 2020 y en la que no le dio la razón al Comandante blanco.

En su lugar, dicho tribunal deberá dictar una nueva sentencia en la que ordene al Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, la reposición del procedimiento en el expediente 359/2019 contra Ortiz González.

"El comandante blanco" fue detenido en el año 2009, tres años después del secuestro de Silvia Vargas Escalera, y está acusado de otro plagio más cometido el 29 de agosto de 2008.

Este último caso es por el que le concedieron el amparo pues el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, señaló que está demostrado que el defensor de oficio que lo asistió durante su declaración ministerial, tuviera cédula profesional para ejercer como licenciado en Derecho, por lo que no existe constancia de que contó con una defensa adecuada en ese momento procesal.

Por ello, la sentencia de amparo ordenó reponer el procedimiento hasta un momento antes de la emisión del auto de plazo constitucional, porque la posible violación al procedimiento se cometió ante la autoridad ministerial.