Una ampliación presupuestal por 58 millones de pesos solicitará el Poder Judicial de Baja California para solventar gastos de incremento salarial a trabajadores de base y gasto operativos.

Dentro del gasto operativo se contempla la adquisición de materiales de oficina, combustible, refacciones, pagos de servicios de energía, agua, entre otros.

Esta solicitud de ampliación presupuestal ante el Congreso local contempla: recursos adicionales a los ya aprobados para el gasto operativo de este ejercicio fiscal 2020, por motivo del incremento de sueldo al personal de base. Así como recursos para primas por años de servicio, pensiones y jubilaciones, bonos, incentivos, entre otros, detallan autoridades del Poder Judicial.

Cabe destacar que la solicitud presupuestal para el año 2020, del Poder Judicial ante el Congreso del Estado, fue de mil ciento diez millones de pesos, para el gasto regular, sin contemplar proyectos especiales.

En su momento el Congreso autorizó solo mil millones, presupuesto en el que no se contempló el incremento salarial obligatorio de 6.5% a los trabajadores sindicalizados, además de gastos menores.

Es preciso mencionar que es facultad del Consejo de la Judicatura como órgano administrador del Poder Judicial, solicitar ampliaciones presupuestales como es el caso, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales con el Sindicato de Burócratas y la compra de insumos, equipos menores y materiales de oficina.

Durante el primer semestre de este año 2020, gracias a las políticas de contención del gasto, el Poder Judicial de Baja California, ha logrado un ahorro significativo en diversas áreas administrativas, recurso que ha sido invertido en la compra de material de protección sanitaria e insumos sanitizantes para las oficinas de atención al público.

Cabe mencionar que este miércoles, integrantes de colegios, barras y asociaciones de abogados, realizarán una protesta para exigir que se reanuden las labores en los juzgados de la entidad.

Luego de que fuera expuesto públicamente y rechazado por el gremio jurídico, el intento de imponer requisitos de maestría y doctorado para litigar en materia familiar fue calificado como una medida que no debe repetirse, al considerar que vulnera derechos constitucionales y excede lo establecido en la legislación vigente.

La abogada Nora Checker, litigante con más de 35 años de experiencia en Ensenada, sostuvo que la mayoría de colegios, barras y asociaciones de abogados se pronunciaron en contra del planteamiento impulsado por Alejandro Fragoso y respaldado por la presidenta del Colegio de Mujeres Profesionistas del Derecho, Wendy Pringle, al advertir que se trató de una interpretación incorrecta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Señaló que la formación en derecho en México es de carácter general, lo que permite a los profesionistas ejercer en distintas áreas, por lo que imponer especializaciones obligatorias representa una restricción indebida al derecho al trabajo establecido en la Constitución.

Explicó que los grados académicos como maestrías y doctorados no determinan la capacidad de un abogado litigante, ya que el ejercicio profesional se construye en la práctica diaria, en audiencias, en la presentación de pruebas y en la argumentación ante tribunales.

Indicó que el nuevo modelo de justicia oral exige habilidades técnicas específicas que deben fortalecerse mediante capacitación práctica, no mediante requisitos académicos que no están contemplados en la ley.

Precisó que tras la reacción del gremio se llevaron a cabo reuniones con magistrados del Poder Judicial, donde se reconoció la necesidad de modificar el acuerdo 7/2026 para evitar interpretaciones que condicionen el ejercicio profesional.

Añadió que la ruta planteada por los abogados es clara: capacitación continua, cursos especializados en oralidad y fortalecimiento institucional desde el propio sistema judicial, sin imposiciones que limiten el acceso a la defensa legal.

La abogada expuso que incluso al interior del colegio encabezado por Pringle surgieron posturas en contra, ya que integrantes manifestaron su desacuerdo con el posicionamiento institucional que respaldaba la medida.

Subrayó que este tipo de planteamientos generan incertidumbre en el gremio y afectan directamente a la sociedad, especialmente en asuntos de menores, donde se requiere garantizar el acceso a una defensa amplia y sin restricciones indebidas.

Indicó que además de la capacitación, el sistema judicial requiere mayor inversión en infraestructura, más juzgados y recursos suficientes para atender la demanda en materia familiar.

Señaló que también es necesario actualizar los planes de estudio en las universidades para preparar a los futuros abogados en el modelo de oralidad, en lugar de trasladar esa responsabilidad a quienes ya ejercen mediante disposiciones administrativas.

Finalmente, advirtió que el gremio se mantendrá atento a las modificaciones que emita el Poder Judicial y reiteró que no se permitirá que se vulneren derechos ni que se establezcan criterios que contravengan la ley bajo el argumento de modernizar la justicia.

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El Poder Judicial de Baja California ha comenzado este lunes 13 de octubre el proceso de renovación en línea de todas las Firmas Electrónicas Certificadas (FIREC), un paso clave para garantizar la seguridad y confiabilidad en los servicios digitales del Tribunal Electrónico. 

Las personas usuarias, incluyendo litigantes, abogados, personal judicial y fiscal, tienen hasta el 28 de octubre para completar este trámite, que requiere acceso a una computadora con navegador Chrome y una FIREC vigente.

Este proceso es resultado de la activación de la nueva Autoridad Certificadora Raíz de la institución, un procedimiento técnico de alta seguridad que respalda la validez de las firmas digitales. 

La renovación garantiza la continuidad y seguridad en el uso de los servicios en línea, fortaleciendo la confianza digital en los procedimientos judiciales electrónicos.

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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) continúan este lunes con la jornada de protesta en defensa de sus derechos laborales y de la independencia judicial.

Desde las escalinatas de los juzgados de San Lázaro, un grupo se mantiene desde temprano lanzando consignas contra la desaparición de los 13 fideicomisos, que mañana se revisará en el Senado.

"No son privilegios, son nuestros derechos", "somos tres poderes y este te defiende", "México entiende, tu trabajo se defiende", consignan.

Una comisión integrada por líderes sindicales, magistrados y personal administrativo acudirá esta tarde al Senado para reunirse con las bancadas de oposición y manifestarle su postura respecto a los fideicomisos que representan una bolsa de más de 15 mil millones de pesos.

Este martes 24 de octubre concluye el paro que los sindicatos Nacional de Trabajadores del PJF y Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal convocaron la semana pasada y, de acuerdo con los trabajadores, este lunes definirán la ruta a seguir.

En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito agradeció a la sociedad civil su apoyo en la marcha del domingo en favor de la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

La organización reiteró su solidaridad con los trabajadores que laboran en la Judicatura Federal, que marcharon en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y defensa de los derechos laborales, en el marco del paro nacional convocado por la base trabajadora.

"Defender la independencia judicial es defender también la democracia y el derecho a la justicia de las y los mexicanos", indicó en un comunicado.

"Lo anterior, ante la eventual afectación por la aprobación de la iniciativa de reforma y adiciones al Decreto que expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos, que pretende extinguir diversos fideicomisos institucionales que tienen por objeto la preservación de prestaciones relativas a la atención médica extraordinaria, pensiones de retiro, apoyo a la infraestructura y administración de justicia federal, así como apoyo de vivienda por cuestiones de seguridad; misma afectación que se materializaría con la pretensión de reducir el Presupuesto de Egresos solicitado para 2024", señala el comunicado.

Aseguró que, en congruencia, con conocimiento de las consecuencias que dichas acciones pueden generar, los juzgadores federales continuarán su función jurisdiccional, preservando el derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en cumplimiento a su responsabilidad constitucional.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial que enviará al Congreso en 2024 no busca desaparecer este poder, sino que busca renovarlo y limpiarlo porque, acusó está lleno de corrupción.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que hay gente honesta en el Poder Judicial, pero, acusó, quienes “mandan, los que dominan” en ese poder son muy corruptos.

“Son de las cosas que se tiene que tomar en cuanto que se termine de elaborar la iniciativa que voy enviar de reforma constitucional, y no es desparecer para que no empiecen a engañar con sus propaganda tendenciosa, de que vamos desparecer el Poder Judicial, no, no, no lo vamos renovar, lo vamos a limpiar, porque está lleno de corrupción, lleno de corrupción y sí hay gente honesta, pero los que mandan los que dominan son muy corruptos” afirmó.

AMLO urge a democratizar el Poder Judicial

En medio del eventual recorte de 15 mil millones de pesos en fideicomisos al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el Poder Judicial hay una gran corrupción y en donde no se imparte justicia para el pueblo sino sólo para la cúpula “para los de arriba”, por lo que urgió a democratizarlo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo acusó que el Poder Judicial es “un mercado” en donde se mueven los abogados con más influencia, con más dinero, y deciden cuestiones contrarias al interés público

“Hay una gran corrupción en el Poder Judicial, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco, ahí se van. No es nada más que dejaron libre a un presunto delincuente que se dedica al narcotráfico, no, no no, es que dejaron libre a quienes tienen denuncias por corrupción o es que liberaron los bienes congelados de la esposa de García Luna. Y así de ese tipo de cosas”.

“¿Como resolver el problema? Pues hay que democratizar al Poder Judicial, que se elijan a jueces, a los magistrados, a los ministros, como se eligen a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, al Presidente, ¿por qué no elegirlos? ¿por qué se resuelve arriba en la cúpula, en la llamada sociedad política? Por eso no tiene vinculación con el pueblo. No le deben nada según ellos al pueblo, nunca hacen justicia para el pueblo, solo para la cúpula, para los de arriba. Es un mercado en donde se mueven los abogados con más influencia, con más dinero, y deciden cuestiones contrarias el interés público”, dijo.

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El Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado (PJBC), Alejandro Isaac López Fragoso, presentó su proyecto de egresos para el siguiente Ejercicio Fiscal en la sesión virtual de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside la Diputada Julia Andrea González Quiroz.

Indicó que el proyecto de presupuesto para 2023, es de mil 387 millones 199 mil 147 pesos, mismo que será regularizado irreductible, es decir que el juzgado mercantil, el familiar de Tecate, nuevo sistema de justicia en San Quintín, así como el juzgado mercantil, ya están contemplados en el presupuesto, más una reserva en el incremento para el próximo año, ajuste de remuneraciones, crecimientos laborales, reforzamiento de la Segunda Instancia y de áreas de soporte administrativas.   

Explicó también que en Tijuana no existen instalaciones para el nuevo sistema de justicia, por lo que se requieren espacios para jueces penales, que se incluye en el presupuesto proyectado.

Además del presupuesto irreductible, para los nuevos proyectos se contempla un presupuesto de 49 millones 975 mil 604 pesos, para el timbrado de nómina 264 millones 318 mil 874 pesos, para el fondo auxiliar 76 millones 477 mil 837 pesos e ingresos propios del PJBC son 7 millones 310 mil pesos. 

De lo anterior destacó que, a partir de este día y por primera vez en la historia, el PJBC va a timbrar nómina, además los trabajadores de confianza ya contarán con el derecho del haber de retiro.