En respuesta a la sobrerregulación y una nueva "Licencia Sanitaria", el sector empresarial de Baja California, presentará un amparo colectivo.

"Hay falta de interés por parte de los legisladores para beneficiar la reactivación de la economía tras la pandemia, un hecho innegable es la propuesta de crear nuevos cobros a restaurantes, hoteles y diversos comercios, acusaron.

Carlos Ibarra, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada y presidente del Comité Técnico Estatal del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, señaló que los organismos afiliados al CCE y todos los sectores afectados por esta medida, han hecho un frente común para terminar con los abusos del Congreso de Baja California, que sin sensibilidad ha decidido crear regulaciones y cobros extraordinarios sin justificación alguna.

Dio a conocer que el amparo agrupa a todos los expendios de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; rastros, albercas y baños públicos; centros de reunión y espectáculos, establecimientos que prestan servicios de asistencia social; hoteles y moteles, funerarias, peluquerías, salas de belleza y masajes; transportes de carga de alimentos y perecederos y centros de desarrollo infantil, con una cobertura de más de 10 mil establecimientos con 200 mil trabajadores en estos sectores.

Señaló que el sector empresarial está respaldando a todos los empresarios tanto chicos, medianos y grandes, además estamos haciendo un llamado a los diputados para que ayuden en la reactivación de la economía y no se piensen solamente en recaudar.

Este amparo, agregó, será el más grande del sector ya que agrupa a todas las personas, empresas y entidades que no tienen afiliación alguna pero que resultan afectadas.

Informó que las personas físicas o morales interesadas en adherirse al amparo pueden hacerlo a través de la página de internet www.tueresbc.org en donde encontrarán más información sobre esta nueva carga que pretende aplicarse y cuyo único fin es recaudatorio y de control político de las empresas.

Acompañando a Carlos Ibarra en la presentación de los detalles del amparo colectivo estuvieron Rafael Croswaite, presidente del CCE Rosarito; Rodrigo Llantada, presidente del CCE Mexicali; Adolfo Solis, abogado fiscalista y representante legal de los CCE; Gabriel Camarena Salinas, presidente CCE Tijuana; Miguel Ángel Badiola, Secretario General del Consejo Ejecutivo Nacional de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); Gina Villalobos, presidenta de Canacope Tijuana y representantes de distintos organismos.

Diversos integrantes de colectivos se presentaron a muy temprana hora a las afueras de la oficina de la Comisión de Búsqueda de Personas, en donde tomaron las instalaciones desde las 8:00 A.M., buscando ser atendidos por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya que señalan no hubo un proceso trasparente para la elección del nuevo comisionado.

Rafael Hernández Murrieta, fue nombrado como nuevo comisionado de esta dependencia, sin embargo los protestantes mencionan no es un buen elemento al cual le tengan la confianza, ya que ha tenido otros puestos similares. 

Al momento nadie puede entrar ni salir de dichas oficinas, los colectivos pretenden estar en protesta todo el día y la noche hasta que la mandataria escuche sus peticiones.

Para el cambio de comisionado la ley marca se debe de tomar en cuenta la opinión y prospectos de cada uno de los colectivos, algo que no se respeto y tan solo se tomaron en cuenta a 4 colectivos de los 17 que existen registrados.

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La regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera que circulan por la frontera norte de México contribuirá a disminuir los delitos en esa zona del país, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

En Ensenada, Baja California, al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, la coordinadora del Gabinete de Seguridad Nacional expuso el plan para sacar del anonimato los autos irregulares.

Lo anterior, dijo, ayudará a tener un padrón confiable para identificarlos, evitar que sean utilizados por bandas criminales de forma anónima y aportar a las investigaciones para dar con los responsables de la violencia.

En Baja California, recordó, circulan 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera, que en muchos casos facilitan la comisión de delitos por la falta de mecanismos de registro y control vehicular.

Destacó que en esa entidad, entre el primero de noviembre de 2019 y 30 de agosto de 2020, el 78 por ciento de las unidades puestas a disposición de autoridades ministeriales por homicidios calificados, era de origen extranjero o irregular. 

“Así, uno de los objetivos de esta acción es evitar la comisión de hechos delictivos con vehículos de procedencia extranjera, que carecen de un documento; desenmascarar a la delincuencia.

“Regularizar los autos irregulares contribuye a la seguridad de la zona”, precisó.

Para hacer efectivo el acuerdo, las secretarías de Gobernación (Segob), de Economía (SE), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), trabajan en un programa que abarcará los municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.

La titular de la SSPC acotó que el beneficio solo aplicará a los vehículos que ya estén en territorio nacional.

“Esto significa que no se permitirá la importación de nuevas unidades; el beneficio aplica solo para las que ya están de este lado de la frontera”, aclaró.

En tanto, las unidades que sean importadas conforme al acuerdo, dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor, estarán exentas de pagar multas o infracciones por exceder el plazo de retorno. 

De esa forma, aseguró, el programa hará visible lo invisible; dará a los autos irregulares rostro, nombre y domicilio como ya ocurre con los inscritos en el Registro Público Vehicular (Repuve) en todo el país. Los propietarios tendrán certeza jurídica, patrimonial y de seguridad.

Los recursos que se obtengan de la regularización se invertirán en mejorar las vialidades y servicios públicos que contribuyan a la seguridad de las zonas fronterizas.

“Sabemos también que mucha gente decide comprar esos vehículos y los usa para llevar a sus hijos a las escuelas y realizar sus actividades. 

“Recordemos que mejores servicios públicos abonan a la seguridad de todas y todos. El presidente está actuando para atender el tema de la seguridad y la economía”, agregó Rodríguez.

En el acto, estuvieron el gobernador Jaime Bonilla Valdez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González.

Además, el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rabindranath Salazar Osorio; el coordinador general de Programas Integrales para el Bienestar, Carlos Torres Rosas y el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles.

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La Secretaría de Salud ya especificó día y hora para valorar el estado físico de 16 menores amparados para recibir la vacuna contra Covid-19, sin embargo, afirma no contar con el biológico.

Así lo explicó Hassan Franco Ruíz, Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, quien agregó, que el día de hoy ya se realizaron en el Centro de Salud de Mariano Matamoros, evaluaciones a los menores que obtuvieron un amparo para recibir el biológico.

Sin embargo, dijo, la Secretaría de Salud en el Estado, respondió que acatará la orden del Juez de distrito, y en tanto llega la vacuna Pfizer, que es la idónea para este sector de la sociedad, avanzará con la revisión de los jóvenes, que en promedio tienen 17 años de edad.

Franco Ruiz aclaró que por consiguiente, se hizo de conocimiento al juez federal sobre el incumplimiento, ‘’incluso fue la propia Secretaría de Salud local la que informó al juez de distrito, para que a su vez sea quien dé vista a la federación y la orden de la federación sea que entreguen las vacunas pero bajo un apercibimiento de multa, porque la que está incumpliendo no es Salud del estado sino la federación’’.

El Presidente del Colegio de Abogados Tijuana, concluyó diciendo que Salud del Estado, continuará con la evaluación de la salud de los menores, para dejarlos en lista de espera para cuando llegue el biológico, sean vacunados.  

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Debido a la falta de atención en los protocolos sanitarios de los mercados sobre ruedas se cerrarán ocho de ellos en la ciudad, ya que el gobierno del estado así lo está solicitando, solo se está a la espera de la notificación del Secretario de Salud, informó el Alcalde de Tijuana.

"Es una situación difícil, los hospitales se están saturando, los contagios están aumentando y pues es necesario tomar cartas en el asunto, porque la situación está empeorando y se calcula que para enero va a ser muy difícil esta situación" mencionó el Alcalde de Tijuana Arturo González Cruz 

También señaló que intensificarán las revisiones de los negocios debido a las multas y cierre de diversos establecimientos que faltaban a las normas sanitarias el pasado fin de semana.

"Todos los días de estas semanas habrá operativos y revisiones por los contagios que se están dando" finalizó.

Ante el juzgado sexto se distrito de Baja California se promovió un amparo colectivo contra la expedición de la "Licencia Sanitaria", informó el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías.

Indicó que en el decreto 68 aprobado por los integrantes de la XXIII Legislatura a petición del Ejecutivo estatal, se invaden competencias federales.

Este es uno de los principales argumentos que se presentaron en el amparo, además se señalan diversas imprecisiones, subrayó Solís Farías.

La "Licencia Sanitaria" que se pretende imponer a diversos giros comerciales, entre estos, estéticas, gimnasios, spa, barberías, venta de alimentos con y sin alcohol, es improcedente, recalcó.

El gobierno estatal invade las competencias federales, además que se trata de un mecanismo recaudatorio y de control, resaltó el abogado fiscalista.

En el dictamen aprobado no dejan en claro si las "Licencias Sanitarias" serían para los establecimientos ya en operación o para quienes busquen abrir uno, añadió.

Para concluir, el abogado fiscalista confió en que el amparo que se interpuso avance y beneficie a cientos de empresarios de la región.