El coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), Carlos Atilano Peña, criticó los mecanismos empleados por el gobierno para "cobrar" adeudos de agua.

En la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), se "contrató" a una empresa (Fisamex) para que realizar una auditoría y "recuperar" saldos vencidos, refirió.

Es una situación que definitivamente es reprobable, porque están actuando de manera irregular puesto que están cancelando servicio de agua y drenaje.

Señaló que cortar los servicios ( agua y drenaje) podrían generar un problema de salud pública donde en las empresas, oficinas donde se ha hecho.

Prácticamente están yendo a notificar y al mismo tiempo cortan el servicio, en lugar de llegar a un plazo para saldar los adeudos, si es que los hay, indicó.

La participación de la empresa (Fisamex) que seguramente obtendrá un porcentaje del recurso captado, no se justifica, recalcó.

Para eso la Cespt tiene su propio personal que debe realizar esa labor, ahora bien, si hay personal involucrado en temas de corrupción pues que se aplique la ley, subrayó.

Cabe mencionar que el gobernador ha dicho que por agua no contabilizada y derechos de conexión particulares (empresarios) deben alrededor de mil 400 millones de pesos a la CESPT.

Hay un déficit de personal en las Comisiones Estatales de Servicios Públicos en Baja California y dicha falta de trabajadores hizo necesario que durante la administración pasada se tuviera que recurrir a la empresa Fisamex para realizar las auditorías y cobros a cuentas comerciales e industriales. 

Lo anterior fue declarado por el titular de la Secretaría de Manejo, Protección y Saneamiento del Agua (Seproa), Armando Fernández Samaniego. 

El funcionario descartó que actualmente se continúe con este esquema, ya que de nueva cuenta los organismos operadores del agua se encuentran realizando los cobros. Pero durante la administración estatal pasada si se hizo necesario recurrir a Fisamex ante la imposibilidad de hacer dichos trabajos.

Por ejemplo, indicó, en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm) hay 1 mil 250 empleados, aproximadamente. Esta cantidad no ha crecido desde hace más de 20 años y en ese periodo el número de cuentas del organismo en la capital ha crecido 100 mil clientes más, los cuales tienen que ser atendidos por la misma cantidad de trabajadores.

“Voy hacerte muy honesto, los organismos de agua potable en Baja California, todos, tienen un déficit de empleados. Todos tienen menos empleados en comparación con las cuentas que tienen que atender” sostuvo el funcionario estatal.

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Para darle seguimiento a la auditoría a la empresa Fisamex y sus cobros a grandes consumidores del agua, se propondrá la conformación de una Comisión Especial Investigadora en el Congreso de Baja California, en la que diputados tengan acceso a los resultados de la auditoría que supuestamente realizan desde el año pasado en el Gobierno estatal.

Será en la sesión ordinaria de este jueves 10 de noviembre cuando se proponga en el pleno la conformación de ésta Comisión, sostuvo el inicialista de la propuesta, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Echevarría Ibarra. 

La iniciativa sostiene que, de ser aprobada, será la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en donde se designe a los diputados que conformarán dicha Comisión, según establece la Ley Orgánica del Congreso del Estado para casos específicos como el de Fisamex. 

“Que se nos informe los resultados de la auditoría anunciada por el Gobierno del estado en noviembre del año pasado. Derivado de estos hemos estado recibiendo información que destaca que Fisamex se contrató por medio de adjudicación directa. Fisamex ha recaudado más 1 mil 800 millones de pesos, los cuales se utilizaron en gasto corriente del Gobierno del estado y para limpiar el Río Tijuana”, apuntó el legislador panista.

Tras confirmarse el cobro ilegal de agua a 16 empresas que se ampararon contra cobros de FISAMEX, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali se verá obligada a devolver 43 millones de pesos, tras confirmarse el cobro ilegal por parte de esta empresa.

Dichos amparos fueron calificados como extorsión por parte de la empresa promovida por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, afirmó el Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Octavio Sandoval López, sin dar a conocer el nombre de las empresas.

En conferencia de prensa explicó que la justicia federal recibió amparos en contra de los abusos de la empresa Fisamex, mismos que estaban avalados por la propia CESPM, titulada por Armando Fernández Samaniego, y que fue ratificado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El sector empresarial ya había advertido sobre los cobros excesivos y la ilegalidad del esquema presentado por Fisamex, pero aún así continuaron durante toda la administración bonillista, la cual presumió haber recaudado más de mil 600 millones de pesos por dichos esquemas.

En este mismo esquema, hay más de 200 amparos interpuestos durante la administración, por lo que se podría generar un problema mayor financieramente hablando.

Los negocios afectados que no han promovido amparos, aún tienen la oportunidad de interponer un recurso administrativo y exigir la devolución del pago hasta por un periodo de 5 años, por lo que no se descarta que el número de demandas se incremente, así como la cantidad de devolución de dinero.

‘’No es cacería de brujas’’ afirmó la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, pero se está revisando cómo ingresaron y el uso que se le dio a mil 600 millones de pesos obtenidos a través de la empresa Fisamex en la administración de Jaime Bonilla.

La Mandataria estatal dijo estar enterada que fueron destinados a obras de infraestructura hidráulica para llevar agua potable a varias comunidades lejanas, sin embargo, están revisando cómo llegaron los recursos y hacia donde se destinaron, ‘’estamos en un proceso de revisión de dichas obras, cuando tengamos más información la habremos de compartir’’, aseguró.

Reconoció que en los 5 meses de transición no se pudo obtener toda la información y cuando esto sucede y no se la tiene a la mano, hay que buscarla y es más complicado, dijo, ‘’hay contratos que no tuvimos la oportunidad de ver, certificados de inversión que hemos ido encontrando. No es cacería de brujas, pero estamos revisando cómo entró y hacia dónde se fue ese dinero’’, aseveró.

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La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que el contrato que tenía el gobierno del estado con la empresa Fisamex venció el pasado mes de agosto.

Indicó que se analizará y revisará cada uno de los contratos, así mismo señaló que se revisará dónde están los recursos que se alcanzaron a cobrar y en qué se invirtieron durante la gestión del ex Gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez.

"Son muchos temas los que se están revisando en cuanto al tema de los organismos del agua fue una transición complicada sobretodo aquí en Tijuana que hubo mucha resistencia", expresó Ávila Olmeda. 

Por último, dijo que las empresas que quedaron pendientes de deuda deberán pagar y confía en que así será.

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