Decenas de ciudadanos entre mujeres y hombres vestidos de negros y con el rostro cubierto se manifestaron por más de tres horas en Tijuana para exigir justicia por la muerte de Giovanni López y abusos policiales. 

La movilización pacífica inició a las 10:00 horas en la Glorieta Cuauhtémoc de la Zona Río con alrededor de 100 personas donde guardaron silencio por unos instantes en honor a Giovanni López. Los jóvenes permanecieron aproximadamente 40 minutos en la glorieta, gritando "Justicia, Justicia" y coreando "En México matan a todos menos al narco". Cabe mencionar que durante la manifestación algunos ciudadanos que transitaban en la zona se sumaron con ruido desde sus vehículos, como también sin presencia de elementos de la policía municipal. 

Posteriormente la manifestación continuó por Paseo Centenario hasta llegar a las oficinas del Centro de Gobierno donde ya había presencia policíaca y pese a la autoridad los manifestantes tocaban tambores y gritaban a través de micrófonos "Giovanni no murió, la policía lo mató". 

Después de dos horas caminaron hasta la Garita de San Ysidro mientras sostenían una manta con la leyenda "Justicia por la vida". Sin embargo la protesta subió de tono y terminó en el cruce fronterizo El Chaparral donde obstruyeron carriles de los automovilistas que llegaban de San Diego a Tijuana. Finalmente caminaron hacia las oficinas del SAT y permanecieron alrededor de una hora pidiendo justicia.

Griselda Chávez Sevilla, integrante de Familias Unidas por Autismo, alzó su voz en representación de numerosos padres y pacientes que enfrentan serias dificultades en el Centro de Rehabilitación Infantil (CRI) de Tijuana. La manifestación pacífica se realizó esta mañana debido a la escasez de recursos y los bajos salarios que afecta a los trabajadores.

"Algunos han dejado sus puestos por la falta de salario y herramientas", afirmó Chávez Sevilla, refiriéndose a la deserción de personal capacitado, lo que ha llevado a una crisis de atención para pacientes que requieren terapia. La lista de espera para ser atendido puede llegar hasta dos meses, dejando a muchas familias desesperadas por recibir los tratamientos necesarios.

Además, la situación de infraestructura en el centro es crítica. "El aire acondicionado no sirve desde hace tiempo, y en temporada de verano los pacientes se les sube o baja la presión, por lo que suspenden actividades por la ola de calor", comentó, reflejando las penurias que enfrentan tanto los trabajadores como los usuarios del CRI.

El CRI ofrece atención a personas de todas las edades y diversas rehabilitaciones, incluyendo terapias psicológicas impartidas por neuropsiquiatras y otros especialistas. Sin embargo, los pocos profesionales que aún permanecen en la institución no logran atender a la demanda existente. "Actualmente los profesionales que están no se dan abasto para atender a los pacientes", subrayó la activista.

Las familias solicitaron la intervención directa de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda. "Pedimos a la gobernadora que por favor venga a revisar las instalaciones, a observar realmente lo que está ocurriendo aquí", expresó Chávez Sevilla.

Además, enfatizó la urgencia de solucionar estos problemas, ya que muchos pacientes no pueden costear terapias en clínicas privadas debido a sus altos precios.

La manifestación pacífica, que reunió a padres de familia de pacientes con autismo de diversas edades, llevó cartulinas con mensajes que exigían acciones inmediatas: "Urge, necesitamos un CRI funcional, infraestructura digna, más personal profesional, sueldos y contratos justos".

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Manifestantes inconformes por los nulos resultados de las investigaciones para localizar a los estudiantes de Ayotzinapa marcharon por la Zona del Río, pero algunos fueron detenidos por la policía municipal al realizar pintas a su paso por edificios públicos y privados.

En la Glorieta a Cuauhtémoc, en la Zona del Río, expresaron su inconformidad porque afirman, lejos de detener a manifestantes, las autoridades locales deberían estar más preocupadas por erradicar los “picaderos”, donde cientos de personas pierden la salud y vida diariamente al consumir drogas altamente destructivas como la heroína y el “cristal”.

Se informa que fueron siete las personas detenidas.

Treinta y seis mujeres con cáncer de mamá son afectadas debido al desabasto de medicamentos, por ello se manifestaron esta mañana al exterior del Hospital General de Tijuana para exigir el seguimiento de sus tratamientos.

Durante dos meses no han podido continuar con su lucha de vida, pues hay mujeres que llevan más de un año en quimioterapias y debido a esta situación tendrán que reiniciarlo. 

"Este medicamento nos los suministran cada 21 días y tenemos tres medicamentos que no nos han puesto porque no hay y este medicamento no lo podemos comprar porque cuesta cincuenta mil pesos" señaló Maricruz Muñoz quien lleva un año en tratamiento. 

Desde las 9:30 horas se manifestaron en las instalaciones y alrededor de las 10:00 am el Director del HGT las atendió y aseguró que el viernes 2 de octubre tendrán el medicamento. 

"Esperemos que si porque es un medicamento que necesitamos para que lo que hemos ganado porque vamos muy avanzadas y no queremos que se nos regrese otra vez" expresó Muñoz. 

Agregó que durante el tiempo que se han atendido en el hospital han recibido buena atención por parte de los médicos y el único inconveniente es el desabasto de medicamentos.

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco detectó la participación de policías municipales en los "levantones" ocurridos el 5 de junio pasado a las afueras de la Fiscalía General del Estado para inhibir las protestas contra el homicidio de Giovanni López, señaló el titular de la dependencia, Gerardo de la Cruz Tovar. "Hemos detectado también que policías preventivas participaron también en esos eventos", indicó. Aunque algunos testimonios hablan de que ese día se privó ilegalmente de la libertad hasta 100 personas y en redes sociales circuló una lista de por lo menos 30 nombres, la Fiscalía Anticorrupción sólo ha identificado 19 casos y ha logrado contactar con 11 víctimas, entre las que se encuentra una persona menor de edad y otra de origen extranjero.

El fiscal aseguró que a todas la víctimas se les han otorgado medidas de protección especiales y precisó que algunas de ellas ni siquiera tenían intención de participar en la manifestación de ese día, sino que simplemente pasaban por el lugar. De la Cruz Tovar reconoció que hay desconfianza en algunas de las víctimas, pues piensan que la Fiscalía Anticorrupción depende de la Fiscalía General y no es así; aseguró que los datos de los denunciantes serán resguardados para que los policías acusados no puedan conocerlos. En ese sentido reveló que en las dos carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General no se tomó esa precaución. Hasta el momento, dijo el fiscal anticorrupción, se han podido revisar las grabaciones de las cámaras de la Fiscalía Feneral y algunas grabaciones de las radiocomunicaciones, por lo que se tiene identificados a varios elementos policiacos, 4 vehículos que parecen pertenece a la Policía Ministerial y otros que no pertenecen a ninguna corporación, como una camioneta rotulada con publicidad de una empresa de banquetes.

El funcionario recordó que hasta ahora hay dos elementos ministeriales arrestados, uno del área de Robo de Vehículos que ya fue vinculado a proceso por abuso de autoridad y un comandante cuya audiencia de vinculación continuaba desarrollándose hasta la noche de viernes. Explicó que a pesar de que a estos elementos no se les imputó la desaparición forzada, como lo han exigido algunas organizaciones porque no se contaba con los elementos suficientes para hacerlo, aseguró que eso no implica que no se les pueda imputar ese delito más adelante si se obtienen las pruebas.

- Los tres policías de Ixtlahuacán de los Membrillos arrestados el pasado 5 de junio por el asesinato de Giovanni López fueron vinculados a proceso este miércoles y se les impuso un año de prisión preventiva. Al comisario de la corporación, Juan Manuel "N", y a la comandante Elizabeth "N" se les imputó el delito de tortura, mientras que el oficial de línea Francisco "N" fue acusado de homicidio, que ocurrió el pasado 4 de mayo.

Un mes después de la muerte de Giovanni, el gobierno del estado intervino la Comisaría de Policía de Ixtlahuacán, y las fuerzas estatales tomaron el control de la seguridad en el ayuntamiento. Ese mismo día fueron detenidos los tres agentes inculpados por la muerte del hombre de 30 años.

Además todos los elementos fueron enviados a la Academia de Policía para recibir capacitación. De los 69 oficiales que integran la dependencia municipal, 34 reprobaron los exámenes de control.

Giovanni López fue arrestado afuera de su domicilio, en el fraccionamiento Los Olivos, en Ixtlahuacán. Aunque las causas de la detención aún no han sido precisadas, su familia denunció que ésta se debió a la falta de un cubrebocas, medida obligatoria en Jalisco para afrontar la pandemia.

Según la investigación que ha realizado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la víctima ingresó a las celdas municipales después de las 22:00 horas y en mal estado de salud por los golpes que recibió, y murió en un hospital privado de Chapala.