Los alcaldes de Tijuana y Ensenada, así como el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz, firmaron un convenio de colaboración para integrar una guardia metropolitana con jurisdicción en todo el estado.

Serán más de 300 elementos los asignados a estos trabajos de seguridad, serán 100 elementos de la Guardia Nacional que llegarán la próxima semana al estado y el resto de elementos serán designados por los municipios de Tecate, Playas de Rosarito, Tijuana y Ensenada.

De acuerdo con el fiscal general, a la GM se le dotará de un edificio que contará con jueces especializados en homicidios y narcomenudeo, y estará ubicado en el bulevar 2000, carretera que conecta los cuatro municipios.

A los elementos que sean propuestos para conformar la Guardia Metropolitana se les harán exámenes de confianza a fin de certificarlos y evitar que esos policías tengan nexos con el crimen organizado.

La próxima semana realizarán una nueva reunión tras analizar elementos jurídicos de cada municipio.

La Guardia Nacional y el Ejército lanzaron una campaña de denuncia ciudadana para combatir la delincuencia organizada en la ciudad. La iniciativa busca involucrar a la población en la lucha contra el crimen, solicitando información anónima sobre actividades ilícitas como extorsión, narcomenudeo y presencia de personas armadas.

Los ciudadanos pueden reportar información a través del número 663 317 21 24, garantizando la confidencialidad de la denuncia. La colaboración ciudadana es clave para fortalecer la seguridad en el municipio y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La Guardia Nacional y el Ejército confían en que la participación de la comunidad permitirá lograr resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia. La denuncia anónima es una herramienta valiosa para que los ciudadanos contribuyan a la seguridad de su comunidad.

Se espera que la respuesta de la población sea positiva y se unan a esta iniciativa para trabajar juntos por una Tijuana más segura.

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 25 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados en Jalisco durante los enfrentamientos que siguieron al operativo de alto impacto en Tapalpa, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El funcionario señaló que, tras la acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se desataron reacciones violentas de grupos criminales en distintas entidades del país.

De acuerdo con el reporte oficial, se registraron 85 bloqueos carreteros en estados como Baja California, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, además de incendios en gasolineras, bancos y diversos establecimientos.

Jalisco concentró la mayor violencia.

García Harfuch indicó que Jalisco fue el estado con más ataques, al contabilizarse 18 bloqueos en vías federales y seis agresiones directas contra autoridades.

“En estos hechos, además de los 25 guardias nacionales, murieron un custodio y un agente de la Fiscalía estatal. También se contabilizaron 30 integrantes de la delincuencia organizada abatidos”, informó.

En Michoacán se reportaron 13 agresiones adicionales, con saldo de cuatro presuntos delincuentes muertos y 15 elementos de seguridad lesionados.

Instalan centro de mando inmediato.

El gabinete de seguridad instaló un centro de mando con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Tras el despliegue operativo, al cierre del día los bloqueos fueron retirados y la movilidad restablecida en las zonas afectadas.

García Harfuch destacó la actuación de las fuerzas armadas y reiteró que la prioridad del gobierno federal es proteger a la población y preservar la paz, subrayando que México cuenta con instituciones sólidas para enfrentar a la delincuencia organizada.

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El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California, expresó su preocupación tras los hechos ocurridos en el fraccionamiento Chapultepec, donde una pareja de médicos fue víctima de un robo presuntamente por parte de individuos con insignias oficiales.

Ramos Hernández calificó como muy lamentable que una corporación que cuenta con un 74 por ciento de aprobación a nivel nacional se vea afectada por prácticas como esta. Agregó que, aunque las imágenes y videos de los vecinos muestran vehículos con la misma logística y posible participación de efectivos, las autoridades correspondientes, tanto estatal como federal, serán las encargadas de analizar y confirmar esta información.

El legislador señaló que muchos de los videos y datos recopilados en la zona son valiosos y serán utilizados por la Fiscalía para esclarecer los hechos y dar transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, aclaró que esperará la confirmación oficial antes de hacer afirmaciones definitivas.

Preocupa particularmente la posibilidad de que criminales utilicen insignias oficiales para cometer delitos, por lo que, en respuesta a esta problemática, el congreso aprobó una iniciativa para castigar con severidad el uso ilícito de insignias que corresponden a los cuerpos de seguridad.

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La Guardia Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Tijuana realizó un operativo interinstitucional para retirar cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, en la Delegación Presa Rural. La acción se llevó a cabo del 13 al 15 de enero de 2026, en diversos puntos desde la Avenida Tehuacán hasta la Calle Retorno de las Yucas.

Como resultado, se lograron desinstalar 133 cámaras, incluyendo 14 PTZ (giratorias) y 119 fijas, que quedaron bajo resguardo de las autoridades. La operación fue posible gracias a trabajos de inteligencia y vigilancia, realizados por personal de la Guardia Nacional, quienes localizaron y aseguraron cada dispositivo.

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 349 votos a favor y 132 en contra, una nueva Ley de la Guardia Nacional que elimina su carácter civil, la convierte en Fuerza Armada Permanente bajo el mando de la Sedena y permite que militares ocupen cargos públicos o de elección popular con licencia especial del Ejecutivo.

El dictamen establece que dicha licencia concluirá al término del mandato presidencial que la haya otorgado. Diputados del PAN, PRI y MC acusaron que esta reforma profundiza la militarización de la vida pública y representa un riesgo para las libertades ciudadanas.

Desde la tribuna, legisladores de oposición calificaron la medida como el “fin del Estado civil mexicano” y anunciaron recursos legales para frenar la reforma. Morena y aliados desecharon las mociones en contra y defendieron que la Guardia Nacional sigue el modelo de otras corporaciones previamente integradas por fuerzas armadas.

La reforma aún deberá pasar al Senado para su discusión y votación final.

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