En reunión con empresarios vitivinícolas, autoridades del Ayuntamiento de Ensenada y del Gobierno de Baja California anunciaron la implementación de la Policía Metropolitana, que permitirá una respuesta más efectiva contra la inseguridad en zonas como el Valle de Guadalupe.

Se trató de un encuentro en el Museo del Vino. El Gobierno Municipal colaborará para concretar el proyecto de casetas especiales que serán instaladas en las entradas y salidas de la zona vitivinícola, con el fin de detectar en forma precisa vehículos o personas señaladas o implicadas en actos sospechosos o actos ilícitos.

Se destacó la importancia de la tecnología en la vigilancia, pues no contará con personal asignado, sino que será fotografiado el conductor y rastreadas en forma inmediata las placas, tras ser escaneado el vehículo en búsqueda de armas o sustancias ilícitas; las detenciones serán sin interrumpir el tránsito vehicular.

Además de esta medida, seguirán en la incorporación del Valle de Guadalupe a la Nueva Normalidad, la instalación de una comandancia digna, y las gestiones ante el Estado y Federación para disminuir los índices delictivos.

Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general en el estado de Baja California, señaló que se le tiene que dar seguridad en la tenencia de la tierra a la comunidad, ya que, además de ser un tema de importancia para los residentes, de esta forma se evitan fraudes y despojos.

Anunció que se prevé que, en dos meses, haya una agencia local donde la comunidad del valle, pueda presentar sus denuncias y evitar los traslados hasta el puerto de Ensenada.

También resaltó la importancia de contar con la Policía Metropolitana, para tener coordinación con autoridades de los ayuntamientos cercanos, como Tecate y Rosarito, y dar seguimiento a los delincuentes.

Sobre la instalación de las casetas, indicó que actualmente gestiona el presupuesto con el gobierno federal para la correspondiente instalación e infraestructura necesaria.

Cada caseta tendría un costo aproximado de 20 millones de pesos, que sería más práctico que contar con un retén militar.

Santiago Cosío Pando, presidente del Comité Provino Baja California, señaló a nombre de los 67 productores de los distintos valles vitivinícolas de la región, agradeció la presencia de las autoridades, pues dijo, el crimen organizado y los delitos de bajo impacto preocupan a los habitantes.

“Seguiremos vinculados con las instancias de gobierno para luchar contra el crimen organizado e implementado distintas iniciativas para poder luchar contra el rezago social que existen en las comunidades.

Cuenten con nosotros, queremos seguir apoyando y queremos, sobre todo, continuar con estas mesas de trabajo para encontrar soluciones conjuntas”, expresó.

Las autoridades municipales de Baja California tienen 10 días hábiles para responder la alerta temprana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDEH), que los obliga a ofrecer seguridad social a los elementos policiacos a su cargo.

Así lo declaró Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la CDEH, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado del Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla y Alejandro Montreal, Presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Policías de Baja California.

“Entendemos que de hoy a mañana no va a garantizar la seguridad social pero el estado tiene que empezar a dar muestras de un avance progresivo como principio de los derechos humanos” mencionó Mora Marrufo.

Por su parte Alejandro Montreal, declaró, “Han muerto en tres años 80 policías por diferentes causas, 20 en cumplimiento del su deber desde noviembre del 2017 que se debía haber empezado a trabajar la reglamentación para la seguridad social de los policías”.

Los alcaldes de Tijuana y Ensenada, así como el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz, firmaron un convenio de colaboración para integrar una guardia metropolitana con jurisdicción en todo el estado.

Serán más de 300 elementos los asignados a estos trabajos de seguridad, serán 100 elementos de la Guardia Nacional que llegarán la próxima semana al estado y el resto de elementos serán designados por los municipios de Tecate, Playas de Rosarito, Tijuana y Ensenada.

De acuerdo con el fiscal general, a la GM se le dotará de un edificio que contará con jueces especializados en homicidios y narcomenudeo, y estará ubicado en el bulevar 2000, carretera que conecta los cuatro municipios.

A los elementos que sean propuestos para conformar la Guardia Metropolitana se les harán exámenes de confianza a fin de certificarlos y evitar que esos policías tengan nexos con el crimen organizado.

La próxima semana realizarán una nueva reunión tras analizar elementos jurídicos de cada municipio.