Alerta Derechos Humanos: quieren desaparecer delito de tortura en BC

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Cadena Noticias,  Baja California, Mexico, 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos busca evitar que el Congreso de Baja California cometa un yerro legislativo más, ya que pretenden eliminar el delito de tortura. El pasado 29 de junio, el diputado local Gerardo López Montes, presentó una iniciativa que reforma el artículo 289-Bis y que deroga la fracción X del artículo 293 y los artículos 307-Bis y 307-Ter del Código Penal para el Estado de Baja California, con lo que se busca eliminar la figura de tortura de dicho instrumento jurídico.


Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, exhorta al Congreso del Estado de Baja California para que, al analizar la iniciativa referida, se observe lo siguiente:


1. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del ius cogens, lo que obliga a los Estados no solo a prohibirla y sancionarla, sino a prevenir que ocurra, pues resulta insuficiente una intervención después de la imposición de tortura, cuando la integridad física o moral de los seres humanos ya ha sido irremediablemente dañada. En consecuencia, los Estados están obligados a aplicar todas aquellas medidas necesarias para evitar que se consume la tortura.


2. La tortura está estrictamente prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos, ya que pertenece al núcleo duro de derechos, por lo que constituye una norma inderogable e imprescriptible.


3. Diversos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, recomendaron a México adoptar una Ley General para prevenir y sancionar la tortura de acuerdo con los estándares internacionales.


4. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ─aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1984, la cual entró en vigor, el 26 de junio de 1987─, fue firmada y ratificada por el Estado Mexicano, el 18 de marzo de 1985 y el 23 de enero de 1986, respectivamente.


5. Con el objeto de reforzar nuevas medidas para alcanzar los objetivos de la Convención y de fortalecer la protección de las personas privadas de la libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el 18 de diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, el cual México firmó el 23 de septiembre de 2003 y ratificó el 11 de abril de 2005.


6. En ambos instrumentos internacionales se crean órganos que vigilan el cumplimiento de sus objetivos, ya que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece, en su artículo 17, la creación del Comité contra la Tortura, cuya finalidad consiste en supervisar la aplicación de dicha Convención.


7. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, establece la obligación de todas las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En ese sentido el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Así mismo, impone la obligación de que “las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”


8. El 26 de junio de 2017, se promulgó La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LPISTOTPCID)1, la cual busca crear y homologar políticas públicas y procedimientos a fin de que haya coherencia y unidad en los criterios para combatir la tortura a nivel nacional, por lo que, en sus artículos transitorios, establece una serie de obligaciones para los tres órdenes de gobierno, de los que, a propósito de la iniciativa presentada, se destaca:


Transitorios



Tercero. En un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la legislatura de cada entidad federativa deberá armonizar su marco jurídico de conformidad con el mismo.


Cuarto. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, deberán adoptar y publicar los protocolos y criterios a que se refiere la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dentro de un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente Decreto.



Décimo Segundo. Las legislaturas de los estados y el órgano legislativo de la Ciudad de México, en los términos de la legislación aplicable, deberán destinar los recursos para el cumplimiento de las obligaciones que les competen en términos del presente Decreto.


Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado a la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, para que dé cumplimiento a los transitorios establecidos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, con el fin de que emita su ley respectiva en la materia, que permita garantizar los derechos básico de la población.





Mario Aburto tiene un mes desaparecido, acusa su padre

La CNDH recomendó reabrir la investigación sobre Mario Aburto

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Milenio,  Ciudad de México, Mexico, 

“Hace más de un mes que no habla conmigo, desde que lo cambiaron a Guanajuato, dicen que está en Guanajuato... Hace como siete meses. Hace un mes me dijo que quería que vayamos a verlo, mi esposa, porque le iba a dar unos papeles para que se los llevara a una jueza a Toluca”, aseguró Rubén Aburto, padre de Mario.

Después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó reabrir la investigación sobre Mario Aburto, “por actos de tortura e incomunicación”, la familia del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio reveló que su pariente lleva un mes desaparecido, por lo que acudirán a instancias internacionales para garantizar su seguridad. 

Rubén Aburto aseguró que a pesar de que la CNDH ha solicitado en varias ocasiones que trasladen a su hijo a un penal de Baja California, donde podría ser visitado por sus familiares, las autoridades federales han hecho caso omiso. 

“Que según lo iban a cambiar al centro penitenciario de El Hongo, en Tecate, para poder ir a ver a mi hijo, porque ya tenemos más de 27 años sin verlo y entonces dijimos ‘ya lo van a cambiar para acá, pues vamos a ir a verlo, salimos aquí cerquita’, y no, pues puras mentiras”, dijo. 

Los familiares externaron preocupación sobre la seguridad de Mario Aburto, por lo que adelantaron que acudirán a instancias internacionales. 

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Tratamiento digno a cuerpos pide Derechos Humanos en Baja California

Señalan que el Gobierno del Estado debe brindar mayores recursos para lograr esta acción

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Cadena Noticias - Socorro Castillo,  Mexico, Baja California, Tijuana, 

Un trato digno a los cuerpos que tiene bajo su responsabilidad el Servicio Médico Forense, es lo que pide el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora Marrufo, para lo cual reconoció que el Gobierno del Estado debe brindar mayores recursos para lograr esta acción.

Indicó que todo este rezago que trae el forense, no es otra cosa que la incapacidad institucional que enfrenta el SEMEFO por la falta de recursos dijo, ‘’sabemos que están construyendo nuevas instalaciones tratando de solucionar la problemática que tienen y que se dejó rebasar, pero se debe solucionar lo más pronto posible’’, indicó.

Mora Marrufo mencionó que se deben buscar estrategias que permitan acabar con el rezago y donde deben involucrarse la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda y el Poder Legislativo.

‘’El tener los cuerpos en un tráiler refrigerado no es lo ideal, y es una problemática que se dejó rebasar, por lo que el Estado tiene que brindar mayor presupuesto para tratar con dignidad todos los cuerpos que se encuentran bajo la responsabilidad del Servicio Médico Forense’’, concluyó.

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Critican realización de ultrasonido público a menor embarazada en marcha provida

La CNDH sostuvo que el embarazo a temprana edad es un problema de salud pública

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Milenio,  Ciudad de México, Mexico, 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó por la exposición pública de una menor de edad en la marcha antiaborto llevada a cabo el domingo 3 de octubre en la Ciudad de México, en la que se practicó un ultrasonido a una niña embarazada ante la presencia de cientos de personas, como parte del acto de clausura del evento. 

En ese sentido, la CNDH solicitó a las autoridades de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México investigar este acto con perspectiva de niñez y género. 

La CNDH dijo que el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión de todas las personas debe ejercerse con pleno respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, evitando utilizarlos en actos donde su identidad, imagen, su cuerpo y estado de salud sean exhibidos públicamente, ya que esa información es de carácter confidencial y debe ser protegida conforme a los artículos 76 a 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Además, el organismo señaló que el embarazo a temprana edad es un problema de salud pública en México, porque resulta altamente riesgoso para la salud y vida de las madres adolescentes, quienes presentan mayores riesgos de preclamsia, mortalidad materna y fetal, y bajo peso al nacer para el recién nacido. 

Asimismo, afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad, y el desarrollo humano. 

Por ello, la Comisión destacó que el Estado mexicano implementa la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuyo objetivo es disminuir la tasa de embarazos en personas adolescentes. 

"Debe tenerse presente que todo embarazo en una persona menor de edad debe ser abordado con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, de tal suerte que existe un riesgo importante de que sea producto de violencia sexual contra la madre", mencionó la CNDH. 

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Crean comisión para investigar violaciones antiguas de derechos humanos

Se crea la Comisión por Acceso a la Verdad entre los años 1965 y 19

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que este 2 de octubre, el Presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, suscribió un decreto por el cual se crea la Comisión por Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos, cometidos entre los años 1965 y 1990.

"Esta comisión tiene como objetivo realizar las acciones que sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de lo que es la competencia de la administración pública federal y en su caso, porque no basta solamente conocer la verdad, iniciar ante las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a las víctimas, todas las acciones que sean necesarias para que haya justicia", comentó durante la presentación del proyecto Tlaxcoaque: Sitio de Memoria.

Destacó que esta acción va a contar con diversos mecanismos, mismos que se han integrado en acuerdo con los familiares de las víctimas de la Guerra Sucia, con los sobrevivientes de la Guerra Sucia y el Presidente de la República.

El primero, detalló, es un mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico, en donde habrá la integración de expertos independientes, quienes, aseguró, contarán con todo apoyo del gobierno federal, sin limitación, ni restricción alguna, para realizar las indagatorias, el acoplo de información, el acceso a los archivos de todas las dependencias, inclusive de las fuerzas armadas, y acceder a las instalaciones federales, militares o civiles en búsqueda de la verdad, "no va a haber ninguna restricción para su desarrollo".

El otro mecanismo será un comité para el impulso de la justicia, que estará encabezado por tres expertos independientes, y tiene el objetivo de que toda la evidencia que se acumule, que se integre, que resulte de los trabajos de memoria y verdad se judicialicen, "se castigue a los responsables, que no quede ninguno de los responsables sin la sanción legal que le corresponde por las violaciones graves a los derechos humanos en que incurrieron".

Otro mecanismo, es el Plan Nacional de Búsqueda, que será fortalecido por la Comisión Nacional de Búsqueda del Sistema Nacional de Búsqueda donde se llevará a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas.

"Los primeros ejercicios que se han hecho en fosas comunes en distintos panteones del país están empezando a arrojar resultados puntuales, esa va a ser una labor muy intensa que nos llevará a recorrer todo el territorio nacional con trabajo especializado, con soporte no solamente técnico y logístico, sino, también con el apoyo de las instituciones del gobierno federal que sean necesarias en donde, en muchos casos, como es el caso de la Ciudad de México, contratemos con los apoyos de los gobiernos locales", abundó.

Encinas Rodríguez añadió que la comisión contará con un plan especial de reparación y compensación en donde se atenderá de manera integral la reparación al daño cometido a las víctimas, partiendo del principio de que la principal reparación es que haya justicia y después, junto con ello, todos aquellos apoyos que se requieran colectivos e individuales.

"Porque en muchos casos fueron agravios de carácter colectivo a las comunidades que se cometieron en la Guerra Sucia, pero también en los casos particulares de las personas que fueron víctimas de esta brutal represión", destacó.

El quinto instrumento será el de las acciones para la memoria y garantía de no repetición, el cual se buscará dignificar la memoria de las víctimas, enalteciendo la aportación de las víctimas de la represión de la Guerra Sucia a la transformación del país.




Se aprueba el matrimonio igualitario ahora en Sonora; suman 24 entidades

Los derechos de todas las personas, sin distinción, deben estar garantizados ante la ley

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El Universal,  Hermosillo, Sonora, Mexico, 

Como de urgente y obvia resolución, el Congreso de Sonora aprobó reformas al Código de Familia del Estado para reconocer legalmente el matrimonio igualitario.

La iniciativa presentada por las diputadas Rosa Elena Trujillo Llanes (MC) e Ivana Celeste Taddei Arriola (MC), fue discutida mientras grupos a favor y en contra se manifestaban afuera del recinto legislativo.

Las congresistas ponentes argumentaron que el matrimonio en México, se ha ido transformando y actualizando conforme las exigencias y la evolución de la sociedad, de manera que el matrimonio ya no solo es la unión entre un hombre y una mujer, pues actualmente en 24 estados del país, ya pueden contraer matrimonio personas del mismo sexo.

“Sonora, lamentablemente es uno de los 10 estados que actualmente prohíbe la figura del “Matrimonio Igualitario”, y ese es el tema que hoy nos ocupa”, dijo Taddei Arriola.

Los derechos de todas las personas, sin distinción, deben estar garantizados ante la ley, es algo que tiene que ver con la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de las personas. 

Por eso, hablar de matrimonio igualitario es hablar de derechos humanos, pero no es solo eso, tiene que ver con lo que nos hace humanos: el deseo de compartir la vida en común, expresó.

En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de dos Jurisprudencias Constitucionales: 43/2015 (10a.) y 46/2015 (10a.), estableció que son inconstitucionales los códigos civiles de aquellas entidades federativas en las cuales el matrimonio es entendido como la unión entre un hombre y una mujer, y que no existe razón de índole Constitucional para no reconocerlo, un avance histórico de reconocimiento de derechos de la población de la diversidad sexual. "Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social”.

Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales.

“La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha conminado al Congreso de la Unión y a los congresos de los estados a reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, y de esta forma avanzar en la igualdad de derechos y libertades de todas las personas; también para lograr la plena realización de todos los derechos de las personas LGBTI, y trabajar contra cualquier acto de discriminación...”.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la legalidad del matrimonio igualitario en todo el país; sin embargo, no es un derecho constitucional, por lo que las personas interesadas deben promover juicios de amparo para poder casarse.

Es un deber de las y los legisladores avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos humanos de la población LGBTI en todo el país, atentos al principio de igualdad y de no discriminación establecido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la construcción de una sociedad más igualitaria y reforzar los derechos a la no discriminación y a la ciudadanía plena, argumentó la legisladora.

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