La Comisión Nacional de Derechos Humanos busca evitar que el Congreso de Baja California cometa un yerro legislativo más, ya que pretenden eliminar el delito de tortura. El pasado 29 de junio, el diputado local Gerardo López Montes, presentó una iniciativa que reforma el artículo 289-Bis y que deroga la fracción X del artículo 293 y los artículos 307-Bis y 307-Ter del Código Penal para el Estado de Baja California, con lo que se busca eliminar la figura de tortura de dicho instrumento jurídico.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, exhorta al Congreso del Estado de Baja California para que, al analizar la iniciativa referida, se observe lo siguiente:

1. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del ius cogens, lo que obliga a los Estados no solo a prohibirla y sancionarla, sino a prevenir que ocurra, pues resulta insuficiente una intervención después de la imposición de tortura, cuando la integridad física o moral de los seres humanos ya ha sido irremediablemente dañada. En consecuencia, los Estados están obligados a aplicar todas aquellas medidas necesarias para evitar que se consume la tortura.

2. La tortura está estrictamente prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos, ya que pertenece al núcleo duro de derechos, por lo que constituye una norma inderogable e imprescriptible.

3. Diversos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, recomendaron a México adoptar una Ley General para prevenir y sancionar la tortura de acuerdo con los estándares internacionales.

4. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ─aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1984, la cual entró en vigor, el 26 de junio de 1987─, fue firmada y ratificada por el Estado Mexicano, el 18 de marzo de 1985 y el 23 de enero de 1986, respectivamente.

5. Con el objeto de reforzar nuevas medidas para alcanzar los objetivos de la Convención y de fortalecer la protección de las personas privadas de la libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el 18 de diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, el cual México firmó el 23 de septiembre de 2003 y ratificó el 11 de abril de 2005.

6. En ambos instrumentos internacionales se crean órganos que vigilan el cumplimiento de sus objetivos, ya que la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece, en su artículo 17, la creación del Comité contra la Tortura, cuya finalidad consiste en supervisar la aplicación de dicha Convención.

7. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, establece la obligación de todas las autoridades para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En ese sentido el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Así mismo, impone la obligación de que “las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”

8. El 26 de junio de 2017, se promulgó La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LPISTOTPCID)1, la cual busca crear y homologar políticas públicas y procedimientos a fin de que haya coherencia y unidad en los criterios para combatir la tortura a nivel nacional, por lo que, en sus artículos transitorios, establece una serie de obligaciones para los tres órdenes de gobierno, de los que, a propósito de la iniciativa presentada, se destaca:

Transitorios

…

Tercero. En un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la legislatura de cada entidad federativa deberá armonizar su marco jurídico de conformidad con el mismo.

Cuarto. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, deberán adoptar y publicar los protocolos y criterios a que se refiere la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dentro de un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente Decreto.

…

Décimo Segundo. Las legislaturas de los estados y el órgano legislativo de la Ciudad de México, en los términos de la legislación aplicable, deberán destinar los recursos para el cumplimiento de las obligaciones que les competen en términos del presente Decreto.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado a la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, para que dé cumplimiento a los transitorios establecidos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, con el fin de que emita su ley respectiva en la materia, que permita garantizar los derechos básico de la población.

Human Rights Watch (HRW) acusó que "México ha guardado silencio mientras gobiernos de la región cometen violaciones de derechos humanos y violan principios democráticos".

En una carta dirigida a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se indica que "México por lo general se ha abstenido cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) votaron resoluciones para exponer o condenar abusos graves".

Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones de la división de las Américas, y Maya Wang, directora asociada de la división de Asia, mencionan: "Instamos respetuosamente a asegurar que México ponga en práctica una política exterior consistente en materia de derechos humanos, sin doble rasero". 

Ello significa, entre otras cosas, apoyar públicamente la rendición de cuentas internacional por los abusos aberrantes que comete el gobierno chino y apoyar un debate sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Asimismo, solicitamos respetuosamente que adopte medidas para asegurar que México no vuelva a participar en los esfuerzos propagandísticos del gobierno chino en Xinjiang y en otras partes. El viaje de la embajadora Méndez a Xinjiang debe reconocerse públicamente como un grave error por parte del gobierno mexicano que socava la promoción de los derechos humanos globalmente por parte de México".

Recalcan que "algunos funcionarios han intentado justificar estas acciones señalando que forman parte de la política exterior de “no intervención” de México, que supuestamente busca respetar la soberanía de los países. Esta postura termina favoreciendo a los gobiernos por sobre los derechos de las personas. Participar en debates multilaterales sobre cuestiones de derechos humanos no es una injerencia en la soberanía. Estos debates pueden ser incómodos, sobre todo para quienes son responsables de abusos. Pero el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se estableció precisamente para mantener debates, fundamentados en hechos, sobre las políticas de derechos humanos de todos los Estados miembro".

Agregan en la carta que "México desempeñó un papel importante en la creación del Consejo de Derechos Humanos y abogó activamente por conseguir el asiento que ocupa en la actualidad".

El mandato del Consejo refleja el principio de que los derechos humanos son universales y de que todos los países tienen la responsabilidad de promover y defender los derechos de todas las personas.

Como parte de numerosos acuerdos internacionales fundacionales en materia de derechos humanos, y como miembro actual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México tiene la responsabilidad de promover y defender los derechos humanos en su territorio y en el exterior, y de alzar su voz cuando otros países incumplen sus obligaciones internacionales de derechos humanos".

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En medio del primer Festival de la Mujer Rural, la visibilidad de este sector de la población, debe de ser tomada como prioridad, así lo comentó Melba Adriana Olvera Rodríguez, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado.

Explicó que todo esto se debe a que en 2008, la ONU reconoció la labor de las mujeres en el área como una gran aportación. Apuntó que la visibilización de ellas, no solamente se da en el marco de la igualdad de género, sino que también ayuda para aumentar el desarrollo económico y aumentar el progreso de la sociedad.

¨Una sociedad mundial en donde las mujeres rurales tienen el mismo acceso que los hombres, a los recursos, es una sociedad que crece en desarrolló¨ explicó en entrevista.

Mencionó que reportes de la ONU apuntan a que si hombres y mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos el desarrollo de los países crecería del 2.4 a 5 por cierto, además de que la pobreza alimentaria disminuiría considerablemente.

Olvera señaló que también se debe de ubicar a otros sectores de las mujeres rurales que son, las indígenas y con discapacidad. Recalcó la importancia de cerrar la brecha que aún existe entre los dos géneros. 

También, mencionó que la legislación debe de estar acorde a las necesidades y que la subsecretaría está atenta y en contacto con las y los legisladores para poder llevar a cabo, la agenda necesaria para la inclusión total.

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Los asesinatos de los periodistas Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas, perpetrados en Baja California y Veracruz, respectivamente, son un "doloroso recordatorio de la alarmante violencia dirigida contra la prensa en México", afirmó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Este miércoles la ONU-DH condenó enérgicamente los hechos y llamó a las autoridades a garantizar una investigación pronta y exhaustiva que agote la posibilidad de que los crímenes estén vinculados con su actividad periodística.

“Los recientes asesinatos del señor Martínez Esquivel y el señor Gamboa Arenas son un doloroso recordatorio de la alarmante violencia dirigida contra la prensa en México.

La difamación, las amenazas, las agresiones y los ataques más graves en contra de personas periodistas, como la desaparición y el asesinato, constituyen dramáticas violaciones no solo en contra de las víctimas directas, sino también contra el derecho a la información, la libertad de expresión y el pluralismo de toda la sociedad democrática”, señaló el representante de la ONU-DH en nuestro país, Guillermo Fernández-Maldonado.

La ONU-DH pidió a las autoridades a desarrollar una investigación efectiva y exhaustiva de estos graves ataques, considerando todas las líneas de investigación relevantes, incluyendo la hipótesis de un vínculo entre los asesinatos y la labor periodística realizada por las víctimas, de acuerdo con los estándares internacionales y el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, adoptado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en octubre de 2018.

Recordó que la investigación debe permitir esclarecer no sólo a los autores materiales, sino las razones de los mismos y, en su caso, las personas responsables intelectualmente de estos ataques.

Indicó que durante el año pasado documentó al menos 8 asesinatos y 2 desapariciones de periodistas que pudieron derivar o estar relacionados con su actividad periodística y las condiciones en las que la ejercen.

Asimismo, añadió, documentó el asesinato de dos guardias de seguridad mientras custodiaban las instalaciones de un medio de comunicación.

La ONU-DH expresó sus condolencias a las familias, colegas y amistades de los dos periodistas y llama a las autoridades a garantizar la atención efectiva a sus familiares.

Afirmó que Alfonso Margarito Martínez Esquivel era un periodista con una larga trayectoria en la cubertura de notas relacionadas con temas de seguridad y violencia para diversos medios nacionales e internacionales en Tijuana, Baja California. Fue asesinado afuera de su domicilio en Tijuana el 17 de enero de 2022.

En tanto que e periodista José Luis Gamboa Arenas era director del medio digital Inforegio y en su trabajo también daba difusión a problemas de inseguridad y temas políticos. Fue asesinado en el Puerto de Veracruz, el 10 de enero de 2022.

Al seguir siendo un reto la eliminación de la violencia contra las mujeres, las instituciones debemos dejar de hacer otras cosas y priorizar acciones para darle seguimiento al mecanismo de alerta de género emitido en Baja California en junio, y del cual veremos resultados más reales con la evaluación del mismo en las próximas semanas.

Así se pronunció el Procurador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California, MIguel Ángel Mora Marrufo, en el Día Internacional para la eliminación de violencia contra las mujeres, sosteniendo que se debe entender por parte de las diversas partes, que Baja California está en este momento en estado de alerta de género y se debe dar prioridad y atención al tema.

Este día naranja, dijo, es tiempo para recordar, reflexionar y ponerse a trabajar de manera decidida todas las instancias, sociedad y gobierno, para terminar con esta violencia que siguen experimentando las niñas, adolescentes y mujeres de Baja California.

Precisó que en la entidad está decretada una alerta de género contra las mujeres, 

‘’Está instalada una sesión permanente, atendiendo las 35 medidas implementadas por la Secretaría de Gobernación, consistentes en justicia, seguridad, prevención del daño y algunas son cumplibles a largo, mediano y corto plazo’’.

Sin embargo, insistió en que siguen ocurriendo violaciones a la integridad de las féminas en la entidad, situación que debe atenderse para lograr prevenir estos actos.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) invita a la población bajacaliforniana a la ceremonia para la conmemoración del 30 Aniversario del Organismo Público Autónomo, así como a la conferencia magistral “Perspectiva de género y feminicidio” que será impartida por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

El ombudsperson de Baja California, Miguel Mora, subrayó que, en el evento, que se realizará el jueves 18 de noviembre, se recordará a las víctimas de violaciones a derechos humanos acreditadas en las Recomendaciones emitidas desde la creación del Organismo en 1991. 

De igual manera, se reconocerá la trayectoria de las y los defensores de derechos humanos que han servido a la población durante dos etapas del Organismo: 24 años como Procuraduría y seis como Comisión. 

“Para la CEDHBC lo más importante son las víctimas. Durante tres décadas, los procuradores y la presidenta que han encabezado el Organismo, así como un amplio equipo de personas, han dedicado sus esfuerzos a investigar violaciones a derechos humanos, promover el reconocimiento de su calidad de víctimas, la reparación del daño y señalar la necesidad de cambios estructurales y creación de marcos de política pública para que ya no se comentan agravios a la dignidad humana desde las instituciones de gobierno”, subrayó el presidente de la CEDHBC.

Asimismo, Miguel Mora destacó que la ceremonia contará con la participación de diversos sectores de la sociedad civil, autoridades e intervenciones de artistas en homenaje a las víctimas de violaciones a derechos humanos. 

La ceremonia de conmemoración del 30 Aniversario de la CEDHBC se llevará a cabo el jueves 18 de noviembre de 2021, a partir de las 11:00 horas, en el Teatro del Centro Cultural Tijuana (Cecut). El evento será abierto al público en general; se sugiere confirmar asistencia a través del correo electrónico 30aniversario@derechoshumanosbc.org.