El gobernador Jaime Bonilla Valdez, arremetió contra la alcaldesa de Tecate Zulema Adams, de quien dijo, se han recibido muchas quejas porque no atiende a la ciudadanía.

Durante la transmisión de este sábado en facebook, el mandatario estatal criticó a la alcaldesa de Tecate, por "pasársela en el salón de belleza y no atender a los tecatenses".

Se sienten amenazados cuando se les dice que se pongan a trabajar y luego van a la Ciudad de México a quejarse pero eso no funciona aquí, sentenció.

Estos señalamientos surgieron en respuesta a un comentario que leyó el mandatario relacionado a la postura de la alcaldesa de no cubrir una deuda con la burocracia de Tecate.

Cabe mencionar que este viernes, el semanario Zeta, publicó una nota en la que da la alcaldesa de Tecate se queja de "presiones" políticas por parte del gobierno estatal a través del secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano.

En la misma transmisión, Jaime Bonilla alabó el trabajo de otra alcaldesa, Araceli Brown, la de Playas de Rosarito, luego de la polémica apertura del restaurante del Papas & Beer.

Jaime Bonilla indicó que la reapertura de este lugar (solo el área de restaurante) se autorizó por parte del gobierno estatal y la secretaría de salud.

Se revisaron los protocolos de apertura, se determinó que sí se cumplen y se reabrió la zona, únicamente del restaurante, subrayó.

En una conferencia de prensa realizada este miércoles, Alfredo Álvarez, ex secretario general de gobierno de la actual administración, anunció oficialmente su intención de buscar la gubernatura de Baja California. 

Álvarez explicó que su decisión surge de una profunda convicción y de las razones que lo motivan a contribuir al desarrollo del estado.

El ex funcionario afirmó que buscará de manera directa la oportunidad de gobernar Baja California y reiteró su compromiso con los principios que comparte con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

Álvarez destacó que su visión para el país y el estado es de prosperidad compartida, centrada en las familias y las personas.

Durante su intervención, subrayó la importancia de respetar y mantener la soberanía, sin dejar de promover la colaboración con otros países, en línea con los valores y políticas impulsadas por la actual administración federal.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varios empresarios y negocios en Rosarito, señalándolos como parte de la red de lavado de dinero del cartel. Entre los negocios afectados se encuentran varios establecimientos controlados por Jesús González Lomelí, quien posee bares y restaurantes en la zona, como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caiman. Estos negocios han sido utilizados para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, facilitando la integración de fondos ilícitos en la economía legal de la ciudad.

Además, la red de corrupción y control en Rosarito también involucra a los hermanos Arzate, Rene y Alfonso Arzate García, quienes mantienen influencia en la región. La relación con González Lomelí y otros actores políticos ha permitido que las actividades criminales de Los Mayos se extiendan, incluyendo extorsiones y protección de operaciones ilícitas. La ex alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, junto con intermediarios como Candelario Arcega Aguirre, habrían facilitado la protección y la impunidad de las actividades del cartel, mediante la manipulación del gobierno local y el cobro de extorsiones.

La sanción de la OFAC también involucró a varias empresas propiedad de González Lomelí, entre ellas JR Alimentos Del Mar, S. De R.L. De C.V.; Grupo JRCP, S. De R.L.; Sabor Tapatio, S. De R.L. De C.V.; Operadora De Alimentos Con Origenes De Mexico, S. De R.L. De C.V.; Gotoco Alimentos Procesados, S. De R.L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R.L. De C.V.; Coco Beach Bar, S. De R.L. De C.V. ubicadas en Rosarito.

Además, Grupo Hotelero JJJ, S.A. De C.V.; Complejo Turistico JJJ, S.A. De C.V.; Operadora De Espectaculos, Alimentos Y Bebidas J&R, S.A. De C.V.; Alimentos Y Diversion Insurgentes, S. De R.L. De C.V.; Sunset Servicios Gastronomicos, S. De R.L. De C.V.; JJ Gonver, S. De R.L. De C.V.; y Cavally Antro & Bar ubicadas en el municipio de Tijuana. Estas empresas, junto con los negocios y actores políticos señalados, forman parte de la estructura que el cartel de Sinaloa, a través de Los Mayos y sus aliados, utiliza para lavar dinero, facilitar el tráfico de drogas y mantener el control en la región.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó que no cuenta con información adicional sobre las recientes sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que vinculan a la exalcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, con una red de corrupción relacionada con el Cartel de Sinaloa.

"Fue una noticia que recibimos hace apenas unas horas y esperaremos más información", afirmó la mandataria estatal, dejando en claro que la información es muy reciente y que, por el momento, no ha tenido contacto directo con la diputada a quien llamó "compañera del movimiento".

Avila Olmeda confirmó que la exalcaldesa Brown llevaba a cabo sus propias mesas de seguridad en el municipio, pero aclaró que ella no tiene conocimiento de ninguna acción o vínculo que pudiera relacionarla con actividades ilícitas. "Estamos a la espera de que las autoridades federales proporcionen más detalles sobre esta situación", reiteró.

La gobernadora también mencionó que en una reunión reciente, el general Laureano Carrillo Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sostuvo un encuentro con el cónsul de Estados Unidos en Tijuana, en el que se aseguró que se brindará apoyo en lo que requieran las autoridades del vecino país en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en Baja California afirmó que los representantes de seguridad del estado estuvieron presentes en dicha reunión y que uno de los temas principales fue el apoyo para la detención del líder de los "Rusos". Sin embargo, respecto a la noticia sobre la exalcaldesa Brown, no fue mencionado ningún detalle, y las autoridades aseguraron que estarán dispuestas a colaborar en lo que indique el gobierno federal mediante una petición formal de apoyo.

Finalmente, respecto a los empresarios de Rosarito señalados por lavado de dinero, el general Carrillo Martínez aclaró que no tienen información sobre ello ni fueron mencionados en la mesa de seguridad, por lo que estarán atentos a cualquier información futura al respecto.

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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La alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, entregó su Tercer Informe de Gobierno al Instituto Estatal Electoral de Baja California, destacando los logros alcanzados durante su gestión. En un evento que tuvo lugar en Mexicali, Brown subrayó que, gracias a estrategias fiscales efectivas, se logró una inversión de 693 millones 462 mil pesos en obra pública, lo que ha contribuido al crecimiento y desarrollo del Quinto Municipio. 

La alcaldesa enfatizó que el respaldo de la ciudadanía en su reelección refleja el progreso de la ciudad y reiteró su compromiso de seguir trabajando para cumplir con las metas propuestas, agradeciendo a todos quienes han respaldado la transformación de Playas de Rosarito.

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