A pesar de que el grupo parlamentario del PT aseguró que con estas reformas se van a criminalizar las protestas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones reformas a las Vías Generales de Comunicación para castigar hasta con 7 años de prisión y una multa de hasta 43 mil 440 pesos, equivalentes hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien tome casetas.
Esta reforma describe en su modificación al artículo 533: “a quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpa la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpa la prestación de servicio, operación, o deteriore las vías generales de comunicación o los medios de transporte, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen por éstas, se le sancionará con una pena de dos a siete años y una multa de doscientas a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito”, define.
Al fundamentar el dictamen y desde plataforma digital, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), precisó que la intención es brindar mayor certeza jurídica y garantizar el Estado de derecho en las vías generales de comunicación.
Mencionó que se sanciona a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, en algunos de ellos, con afanes de lucro.
Es conocido, dijo, el fenómeno que se da en el país sobre el bloqueo de casetas de cobro, lo cual afecta “a que mercancías de primera necesidad no lleguen a su debido tiempo; en casos extremos paraliza la actividad económica, incrementa los precios de algunos productos y pone en riesgo la integridad y la seguridad de los usuarios de las mismas”.
El diputado Pérez Díaz precisó que en los hechos, se han visto en bloqueos a las vías generales de comunicación a personas que son seudomanifestantes. La propuesta no pretende criminalizar ni coartar el derecho a la libre manifestación.
Los bloqueos, añadió, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va del presente año, originaron pérdidas sectoriales cercanas a los siete mil millones de pesos; esto representa un golpe a las finanzas del Estado mexicano.
En el presente año, los bloqueos a las vías férreas se han incrementado 119 por ciento respecto a 2019, y en promedio su duración es de 12 días. Al paralizar puntos estratégicos se entorpece el traslado de mercancías y la actividad económica.
El objetivo es coadyuvar a dotar de las herramientas necesarias para que las y los ciudadanos cuenten con mayor seguridad y se evite el desorden, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y atender este fenómeno que daña al Estado y a la sociedad.
Con el establecimiento de las sanciones propuestas, “los que dictaminamos entendemos que son proporcionales con la gravedad de la sanción, ya que tratan de compensar el perjuicio al patrimonio de la Federación, ocasionado por quienes realizan las acciones de bloqueo y que impiden el cobro derechos de peaje y por el uso de carreteras federales”.
Se busca que quien interrumpa la prestación de servicios u operación de carreteras, vías férreas y aeropuertos se les imponga un castigo; se establecen agravantes para sancionar con mayor fuerza cuando tienen fines de lucro. La seguridad e integridad de los usuarios de carreteras de cuota está en constante riesgo, pues al no cubrir la cuota de peaje no se cuenta con una póliza de cobertura ni están protegidos ante accidentes viales.
