Eduardo Arredondo, representante ciudadano por Tecate, fue designado presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.

Este acuerdo fue notificado a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para hacerlo de conocimiento a las autoridades correspondientes.

Ingeniero en Ciencias Computacionales por el CETYS, fue auditor de desempeño gubernamental en el Órgano Interno de Control de El Colegio de la Frontera Norte (2011-2013) y síndico Procurador de Tecate (2007-2010).

En la iniciativa privada ha participado en empresas de desarrollo y soluciones tecnológicas, además de ser vicepresidente de Tecnología de Información de la Cámara Nacional de la Industria de Electrónica y Tecnología de Información (Canieti), coordinador general de la comunidad Tijuana .Net y delegado de la Asociación Internacional de Comunidades .Net.

La elección realizada entre los representantes ciudadanos honoríficos faculta a Arredondo a presidir al Comité Coordinador del SEABC, órgano constitucional integrado por integrantes del CPC y de los gobiernos.

Arredondo contó con cuatro de los cinco votos de los representantes honoríficos: Omar Marrón de Tecate, Jorge Topete y Francisco Fiorentini de Mexicali, además del propio. En la sesión realizada el 8 de julio estuvo ausente el consejero Edgardo Silva, a pesar de haber confirmado su asistencia.

El documento por el que se le notificó a la SESEABC, señala que a efecto de garantizar la continuidad de trabajos de este órgano colegiado los miembros honoríficos del Comité de Participación Ciudadana, en sesión celebrada vía remota, determinaron designar Para ocupar el cargo de presidente a Eduardo Arredondo Uribe.

Acorde a los artículos 19 y 22 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el presidente del CPC será la integrante honorífico de mayor antigüedad que tendrá como atribuciones presidir las sesiones, representarlo y presidir el Comité Coordinador y al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, preparar el orden de los temas a tratar y garantizar su seguimiento entre otras facultades.

El primer período de la presidencia estuvo a cargo de Jorge Topete Calvario (11 de julio de 2018 a 11 de julio de 2019) y el segundo período correspondió a Francisco Fiorentini Cañedo (11 de julio de 2019 a 11 de julio de 2020).

Al tratarse del primer CPC que opera en Baja California, los miembros honoríficos cuentan con la misma antigüedad al haber sido designados el 11 de julio de 2018 pero no se previó el mecanismo de rotación porque solo establece que se designará al consejero de mayor antigüedad en el cargo.

"Los actuales y primigenios integrantes honoríficos y técnicos han contabilizado la misma antigüedad en el desempeño de su función, porque todos fueron designados el mismo día y su acumulación temporal corre de manera paralela", advierte el documento. 

Al igual que los otros miembros honoríficos y técnicos, Arredondo fue designado el 11 de julio de 2018 y su periodo es por cuatro años.

Los consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California criticaron la suspensión que les hizo la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del Gobierno o del Estado toda vez que no son servidores públicos ni tampoco es la autoridad competente para aplicarles ninguna medida disciplinaria.

La consejera Claudia Telles dio a conocer que los consejeros ciudadanos han sido blanco de un sinnúmero de ilegalidades a partir que presentaron un protocolo para proteger a testigos presenten denuncias por actos de corrupción y cuando alzamos la voz para que los actos de corrupción de funcionarios sean investigados y sancionados conforme a la ley para que no queden solo en papel y discurso. 

Telles advirtió que esto detonó una persecución y hostigamiento contra el Sistema Estatal Anticorrupción de algunos funcionarios de gobierno con el apoyo de dos miembros del Comité de Participación Ciudadana. 

Esta situación se evidenció con la sesión del Comité Coordinador de marzo de 2020 cuando se de odio suspender las reuniones de los órganos del SEABC, después se condicionó el presupuesto 2021 a la aprobación del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva cuyas sesiones fueron convocadas pero la inasistencia de representantes de gobierno se cancelaron al no alcanzar quorum para sesionar.

Después la SHyFP suspendió al secretario Ejecutivo, también de manera ilegal y a la directora de Administración y Servicios.

Ahora nos enfrentamos a una suspensión ilegal de esta Secretaría, dijo la consejera ciudadana cuya período concluye en 2024.

Sin presupuesto se siguió trabajando en el proyecto de la Política Estatal Anticorrupción y en la instrumentación de la Plataforma Digital Estatal, comentó.

La mañana de este miércoles los consejeros Claudia Telles, Jorge Topete, Francisco Fiorentini, Álvaro Gutiérrez y el presidente del CPC Eduardo Arredondo acudieron a la SHyFP para darle contestación por escrito.

En un acto de simulación de las firmas de representantes gubernamentales, el integrante del Comité de Participación Ciudadana, Ricardo Antonio Zurita López, utilizó un documento de archivo para supuestamente avalar la convocatoria de una reunión de trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. 

En el documento que hizo circular Zurita el 29 de abril, a las 15 horas, anexó las firmas de cinco servidores públicos de una convocatoria previa, fechada el 15 de abril de 2021, la cual careció de quórum y, por ende, correspondió a un acto diferente. 

De acuerdo a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California la convocatoria para sesionar el Órgano de Gobierno de la SESEABC debe realizarla el Presidente del CPC, en este caso Eduardo Arredondo, y ser instrumentada por la Secretaría Ejecutiva. 

La supuesta convocatoria de sesión a efectuarse el 6 de mayo, la firman Zurita López y Edgardo Silva Rivera, ambos integrantes del CPC, y los titulares de la Auditoría Superior del Estado del Congreso local, de la Secretaría de Honestidad y Función Pública del gobierno estatal, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, de las Sindicaturas de Tecate y Playas de Rosarito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la diferencia entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) al resolver que los 15 consejeros ciudadanos deben recibir honorarios, sin modificar la composición de este órgano colegiado.

Por tal motivo, el Comité Coordinador del SEA de Baja California mantiene su integración constitucional de 11 ciudadanos y 11 representantes gubernamentales.

 La resolución de la SCJN permitirá al Congreso del Estado fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción a partir de preservar el espíritu de la ley sobre la participación de los ciudadanos como un elemento toral del combate a los hechos de corrupción en nuestra entidad, señalaron los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

 Es un momento determinante porque representa una responsabilidad de los legisladores en cuanto a la respuesta institucional hacia la sociedad sobre la corrupción y la impunidad, más aún porque los ministros analizaron y resolvieron que quedara intocada la composición del CPC, agregaron.

 Durante la sesión del pleno de la SCJN, celebrada el 14 de enero, se resolvió la acción de inconstitucionalidad 119/2017 presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para invalidar diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.

 En la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California se señala la integración del CPC por 10 integrantes técnicos y cinco honoríficos; los primeros recibirán emolumentos, a diferencia de los segundos.

En esta sesión, los ministros determinaron invalidar fragmentos normativos contenidos en el primer párrafo de los artículos 16 y 17, respectivamente, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para omitir lo correspondiente a la condición de no percibir emolumento alguno por parte de los cinco integrantes honoríficos, además de precisar que el vínculo legal de los 15 ciudadanos (no 10 como se señala de manera original) será a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, sin que exista relación laboral.

 La invalidez se basó en la inequidad existente entre los integrantes técnicos y los integrantes honoríficos, al señalar que estos últimos no tienen derecho a percibir emolumentos por su participación en el CPC.

 Después de un análisis y discusión, los ministros resolvieron también que el texto del artículo 95 de la Constitución Política de Baja California permanezca intocado por lo que confirmó que al CPC lo integren 15 ciudadanos. 

Además se mantienen los nombramientos, períodos de designación de los integrantes del CPC y la validez de los actos realizados en el CPC, en la Comisión Ejecutiva y en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.

 La SCJN ordenó al Congreso de Baja California hacer los ajustes correspondientes con base en la resolución del máximo órgano de justicia del país.

La Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SEABC), informó que en el puerto de Ensenada se realizará el tercer Foro de Consulta Ciudadana “Construyamos la Política Anticorrupción de Baja California”.

Para esta actividad fueron invitados representantes de organizaciones sociales, de organismos empresariales e instituciones académicas con el propósito de participar en las mesas de trabajo a desarrollarse, este caso sobre Impunidad, Arbitrariedad, Participación ciudadana y Eficiencia y Calidad en el Servicio.

Esta actividad se desarrollará el lunes 2 de diciembre en el Auditorio de la Universidad Xochicalco, de 11 a 14 horas, en la calle San Francisco 1139 del fraccionamiento Misión.

El primer foro de consulta se realizó el 4 de noviembre en Mexicali, mientras que el segundo se hizo en Tijuana el 22 de noviembre, ambos en las instalaciones de la Universidad Xochicalco.

En la definición de la política anticorrupción, el secretario Ejecutivo del SEA, Luis Ramón Irineo, informó que además de los foros de consulta se aplicará una encuesta presencial y en medios digitales.

Las conclusiones de los foros de consulta ciudadana se integrarán al documento final de la Política Anticorrupción de Baja California, al igual que los resultados de los grupos de enfoque y de la encuesta digital sobre percepción de la corrupción en la entidad.