Fue encontrado un hombre  sin vida y con lesión de arma de fuego, en el interior de un automóvil Nissan March, color gris, que era utilizado para brindar el servicio de Uber. 

El automóvil se encontraba en la calle Culiacán del fraccionamiento el Soler, de la delegación Playas de Tijuana.

Al llegar personal de Cruz Roja fue declarado sin vida en el lugar, al hombre de edad aproximada de 30 a 35 años.

Se  realizó un operativo de búsqueda para encontrar a los responsables, pero hasta el momento no se ha encontrado a los responsables.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) creó la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso (Conaho) a fin de promover la coordinación de esfuerzos entre las dependencias responsables de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia para prevenir y combatir dicho ilícito, uno de los que mayor incidencia registran, con alrededor de 142 mil casos en lo que va de este sexenio.

En un acuerdo publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se detalla que la nueva comisión estará conformada por un grupo interdisciplinario de Servidores Públicos de la SSPC.

“La Comisión tendrá por objeto promover la coordinación de esfuerzos de vinculación, prevención, operación, gestión y seguimiento de las acciones entre las dependencias responsables de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia a través de los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y municipios, en el marco de la estrategia que se desarrolle para prevenir y combatir el delito de homicidio doloso”, señala el documento.

Para efectos de este acuerdo, se entiende por homicidio a las conductas tipificadas como tales en el Código Penal Federal y los Códigos Penales de las entidades federativas.

Entre las funciones de la Comisión destacan:

- Promover, en coordinación con las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, la integración y funcionamiento de un sistema único de información criminal, en materia de homicidio doloso, en una plataforma tecnológica e informática que propicie mayor efectividad de las acciones de prevención, investigación y sanción del delito referido por parte de dichas autoridades.

- Coordinar esquemas de colaboración entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para el eficiente ejercicio de las atribuciones de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en la prevención, investigación y persecución del delito

- Proponer mecanismos de intercambio de mejores prácticas entre autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, para la eficiente operación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública;

- Desarrollar informes conforme a las necesidades del servicio o al menos bimestralmente, sobre las funciones realizadas para combatir el delito de homicidio doloso, para evaluar el avance de los planes de trabajo así como la efectividad de las acciones implementadas

- Proponer a las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, el establecimiento y operación de las unidades que previenen e investigan el delito de homicidio, así como analizar la información respectiva y formular las recomendaciones que se estimen pertinentes

- Consolidar informes trimestrales sobre el resultado de los programas de verificación y supervisión para su presentación ante las autoridades federales, estatales y municipales involucradas

- Impulsar el fortalecimiento de las unidades que previenen e investigan el delito de homicidio en el ámbito federal, de las entidades federativas y municipales, con base en la evaluación de sus capacidades presupuestarias, materiales, tecnológicas y humanas para una eficiente operación de las políticas de prevención e investigación

- Promover con las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, la revisión y actualización de protocolos sobre la actuación ministerial, pericial y policial para una eficiente prevención, investigación y sanción del delito

- Coadyuvar en el desarrollo de campañas de prevención a través de la Unidad de Prevención de la Violencia y del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

- Diseñar e impulsar campañas de orientación para la denuncia, en coordinación con las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como con concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, y conformar grupos de trabajo que se reunirán periódicamente, conforme a las necesidades del servicio o al menos una vez al mes, los cuales se organizarán conforme a las funciones que les sean asignadas en materia de análisis y prospectiva, coordinación y vinculación interinstitucional, asuntos especiales así como operaciones con instancias de seguridad pública y procuración de justicia.

El personal comisionado deberá realizar acciones en materia de técnicas de prevención del delito y con el Ministerio Público en técnicas de investigación, coadyuvar en el ámbito de su competencia con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, diseñar las acciones y operaciones que se implementen para tal efecto, y generar líneas de acción táctica contra personas, grupos y organizaciones delictivas, para fortalecer el trabajo operativo de las autoridades competentes en materia de investigación y persecución de dicho delito.

Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, concentran el 49% de los homicidios dolosos del país, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Al presentar el informe mensual de seguridad correspondiente a junio, la funcionaria federal detalló que a pesar de concentrar el mayor número de víctimas de homicidio en Guanajuato hay una tendencia a la baja.

“También en el caso de Michoacán, aquí han venido con tres meses a la baja… Y, en el Estado de México se está trabajando muy en coordinación con las órdenes de aprehensión de los homicidas y feminicidas, y está habiendo una tendencia a la baja.

Sin embargo, el caso de Baja California, reconoció que en los dos últimos meses ha habido una tendencia a la alza, al igual que en Jalisco y Chihuahua, que los dos últimos meses ha tenido incrementos.

Sobre la estrategia de seguridad en los 50 municipios prioritarios, donde se concentra una gran cantidad de homicidios, la titular de la SSPC reportó que hubo una disminución de 14.5% del semestre de 2022 contra el semestre del 2021.

“Esto quiere decir que en 34 municipios se registró una disminución de 24% y en 16 municipios se registró un incremento de 19%.

En las gráficas que mostró los municipios de Celaya, Irapuato, Guanajuato; Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona, Michoacán; Tlajomulco, Jalisco; Mexicali, Baja California; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Nezahualcóyotl, Tultitlán, Chimalhuacán, Estado de México; Puebla, Puebla; Iguala, Guerrero; entre otros.

Con las 2 mil 910 víctimas de homicidio y feminicidio registradas en mayo, que se convirtió en el mes más violento del año, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sumó en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 121 mil 642 asesinatos en tres años y medio, superando así los 120 mil 463 acumulados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Al presentar este lunes el informe de incidencia delictiva correspondiente al mes pasado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó 2 mil 833 víctimas de homicidio doloso y 77 de feminicidio en el país, con lo que mayo se convirtió en el mes más violento desde mayo de 2021.

“En relación a los homicidios dolosos, aumentó entre abril y mayo, sin embargo, este mayo de 2022 es el más bajo desde hace cinco años”.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gabinete de seguridad, Rodríguez Velázquez aseguró que este delito de alto impacto mantiene una tendencia a la baja con una disminución de 7.8 por ciento, en comparación con el máximo histórico de 2018.

La funcionaria presumió que, de enero a mayo, ha habido un promedio diario de 84 víctimas de homicidio doloso en el país, menor a los registrados en los mismos periodos de 2019, 2020 y 2021.

Reiteró que seis estados siguen concentrando 48% de los asesinatos: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.

Respecto a los 50 municipios más violentos, la titular de la SSPC reportó que entre enero y mayo hubo una baja en conjunto de 16.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Precisó que 16, entre ellos Celaya, Zamora, Cancún, Tlajomulco y Ecatepec, registraron un aumento en homicidios de 20.7 por ciento en promedio, mientras que en 33 hubo una disminución de 28 por ciento.

“Hoy se trabaja con estrategia, con inteligencia y con acciones concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales. Estamos en el camino correcto en el que se considera cero impunidad”, indicó.

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Las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos afirmaron que aunque saben que un porcentaje de sus productos forman parte de la cadena de tráfico ilícito que afecta a México, no pueden ser consideradas como cómplices de la delincuencia organizada, tal como las acusó el gobierno mexicano.

EL UNIVERSAL tuvo acceso al escrito en el que las ocho empresas demandadas por México respondieron la acusación del gobierno mexicano y pidieron a un juez de Massachusetts que desestimara el caso.

En el documento, las compañías afirman que, en todo caso, ellas, como todos los fabricantes de cualquier producto que puede usarse para cometer crímenes, facilitan “incidentalmente” la comisión de delitos pero no participan activamente de ellos.

“Las compañías que venden legalmente sus productos no son cómplices criminales solamente porque supuestamente ‘saben’ que un pequeño porcentaje de sus productos será utilizado para fines ilícitos en algún punto de la cadena de distribución”, argumentaron.

“Todos los fabricantes saben que algunos de sus productos pueden ser mal utilizados para cometer crímenes, pero eso no los hace cómplices criminales. Por mucho, ‘facilitan incidentalmente’ esos crímenes pero no ‘participan activamente’”.

EL UNIVERSAL informó que en su demanda, México acusó que las armerías han cometido lo que se conoce como “complicidad por negligencia” (negligence complicity) con la delincuencia organizada, al no endurecer sus políticas de venta y monitorear a distribuidores para que no participen en el tráfico ilegal, así como vender armas de asalto fácilmente modificables.

En su escrito, las armerías consideraron que México no tiene derecho a demandarlas por los daños ocasionados por las malas prácticas tras la venta de sus productos que llegan al crimen organizado. Las empresas establecieron que esto no puede ser su responsabilidad.

“México reclama que los demandados arman a los cárteles mexicanos. De hecho, no. Un grupo de actores criminales son quienes arman a los cárteles de México con los productos legalmente fabricados y distribuidos de los demandados”, continúa.

Señalaron que los cárteles continuarán generando violencia en México independientemente de las prácticas de las empresas fabricantes de armas.

“La violencia que México reclama es independiente a los demandados, en el sentido de que los cárteles continuarán cometiendo la misma violencia (e inflingiendo el mismo daño) independientemente de las prácticas de venta de los demandados. Afirmar lo contrario sería pura especulación”, apuntaron.

En su solicitud de sobreseimiento, las armerías indicaron que su posible responsabilidad se desvanece de mano en mano, pues sus productos pasan por un sinnúmero de intermediarios antes de llegar a los criminales.

“Los demandados colocan productos legales en el flujo altamente regulado del comercio interno de Estados Unidos, donde pasan de mano en mano a través de innumerables intermediarios; algunos terminan en manos criminales a través de los actos ilegales de personas muy alejadas de los acusados y sobre las cuales los acusados no tienen control”, justificaron.

Por ello, indicaron al juez de Massachusetts, con sede en Boston, que México puede llevar sus reclamos ante un juez mexicano en lugar de intentar hacerlo bajo las leyes de EU, pues la competencia de este caso es el lugar donde se ocasionó el daño.

Al respecto, el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, explicó que México ya respondió a este argumento.

“Ellos no tienen su asiento de negocios aquí, entonces en estricto sentido no tenemos jurisdicción. Las leyes extraterritoriales requieren que el presunto responsable esté en territorio mexicano y aunque hagan negocios con el Ejército, que es el único vínculo comercial que existe, por conducto de la Sedena, no tienen representación aquí, ¿dónde lo notificamos?

“Si las notificamos por conducto de la Convención de la Haya es posible que no se sometan a la jurisdicción mexicana y si así fuera y ganamos el juicio, la sentencia la tendríamos que ejecutar en Estados Unidos y podríamos ejecutar la parte del dinero pero ¿cómo hacer que cambien sus políticas de venta?”, dijo.

Es decir, que aunque México gane ante un juez mexicano, no habría modo de obligar a las empresas a cumplir una sentencia condenatoria.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), hizo un llamado urgente a los tres órdenes de gobierno para darle atención y seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Baja California, declarada por la Secretaría de Gobernación a través de CONAVIM el 25 de junio del 2021.

Al finalizar el 2021, desafortunadamente Baja California ocupó el primer lugar nacional en mujeres víctimas de homicidio doloso por tasa de cada 100 mil mujeres, de acuerdo a datos publicados por el SESNSP.

“En el marco del Día Internacional de la Mujer, se hace más latente el hecho de que nuestro estado cuenta con una Alerta de Violencia de Género a la que no se le ha dado prioridad. No se ha garantizado la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra, ni el acceso a la justicia” expresó Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

Agregó: “ desde el Consejo Ciudadano hacemos un llamado para la urgente implementación de las medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño expuestas en la declaración de la Alerta, y en el mismo sentido, proponemos” :  

1. Informe mensual los días 25 de cada mes del avance en el cumplimento de las medidas.

2. Instalar un protocolo para la coordinación del Estado y Municipio (convenios de colaboración)

3. Visitas domiciliaras a las usuarias del servicio de 911 para el registro cualitativo del caso y determinar nivel de riesgo, plan de seguridad y taller de autocuidado para las mujeres en situación de violencia y talleres de manejo de ira para los agresores.

4. Campaña informativa y de difusión permanente.

5. Sistema Estatal de Atención y Prevención de la Violencia hacia la Mujer en sesión permanente.

6. Prioridad en el Plan Estatal de Desarrollo.

“Esperamos que las autoridades tomen el tema con la seriedad debida, las mujeres, igual que todas las personas, deben ser tratadas con dignidad”, concluyó.