La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en el Gobierno federal, con el objetivo de ampliar la información pública disponible, actualizar mensualmente los contratos gubernamentales y hacer más accesibles los datos relacionados con las filiales de Pemex y CFE, auditorías y procesos de fiscalización.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto busca ir más allá de las obligaciones actuales de la Ley General de Transparencia y consolidar el principio de máxima publicidad en la administración pública.
La funcionaria informó que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (Inai) y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción, la Plataforma Nacional de Transparencia fue estabilizada y contará con nuevas herramientas para facilitar la consulta, descarga y análisis de la información. Además, anunció que en un plazo máximo de 30 días hábiles se incorporarán nuevos contenidos de interés público.
Buenrostro detalló que el decreto se estructura en cuatro ejes principales: contrataciones públicas, filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, así como una invitación a los demás poderes y órdenes de gobierno para adoptar el principio de máxima publicidad.
Entre las principales medidas destaca que todos los contratos del Gobierno federal dejarán de publicarse de forma trimestral y estarán disponibles cada mes, con el propósito de mantener actualizada la información sobre adquisiciones y obras públicas.
Asimismo, las empresas filiales de Pemex y CFE deberán transparentar información adicional, incluyendo estados financieros, informes presentados ante autoridades extranjeras, reglas de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.
En materia de fiscalización, el Gobierno también difundirá datos sobre los programas anuales de auditoría, estadísticas, seguimiento a observaciones y el padrón de despachos de auditores externos.
La administración federal adelantó además que propondrá reformas a la Ley General de Transparencia para limitar las causales de reserva de información únicamente a asuntos de interés público y seguridad nacional, privilegiando la publicación de versiones públicas cuando sea posible.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum afirmó que el nuevo esquema permitirá garantizar el acceso a la información sin los costos que representaba el Inai, organismo que, según señaló, implicaba un gasto superior a mil millones de pesos anuales.
"Es transparencia total del Gobierno de México", afirmó la mandataria, al señalar que con el decreto ya no quedará a criterio de los servidores públicos decidir qué información puede hacerse pública, sino que existirán lineamientos claros para definir cuándo procede una reserva por razones de seguridad nacional o por la existencia de procedimientos administrativos o judiciales en curso.
Finalmente, Sheinbaum anunció que al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso enviará una iniciativa para incorporar el contenido del decreto a la Ley General de Transparencia, con el fin de convertir estas disposiciones en obligaciones permanentes para el Gobierno federal.
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