Las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos afirmaron que aunque saben que un porcentaje de sus productos forman parte de la cadena de tráfico ilícito que afecta a México, no pueden ser consideradas como cómplices de la delincuencia organizada, tal como las acusó el gobierno mexicano.
EL UNIVERSAL tuvo acceso al escrito en el que las ocho empresas demandadas por México respondieron la acusación del gobierno mexicano y pidieron a un juez de Massachusetts que desestimara el caso.
En el documento, las compañías afirman que, en todo caso, ellas, como todos los fabricantes de cualquier producto que puede usarse para cometer crímenes, facilitan “incidentalmente” la comisión de delitos pero no participan activamente de ellos.
“Las compañías que venden legalmente sus productos no son cómplices criminales solamente porque supuestamente ‘saben’ que un pequeño porcentaje de sus productos será utilizado para fines ilícitos en algún punto de la cadena de distribución”, argumentaron.
“Todos los fabricantes saben que algunos de sus productos pueden ser mal utilizados para cometer crímenes, pero eso no los hace cómplices criminales. Por mucho, ‘facilitan incidentalmente’ esos crímenes pero no ‘participan activamente’”.
EL UNIVERSAL informó que en su demanda, México acusó que las armerías han cometido lo que se conoce como “complicidad por negligencia” (negligence complicity) con la delincuencia organizada, al no endurecer sus políticas de venta y monitorear a distribuidores para que no participen en el tráfico ilegal, así como vender armas de asalto fácilmente modificables.
En su escrito, las armerías consideraron que México no tiene derecho a demandarlas por los daños ocasionados por las malas prácticas tras la venta de sus productos que llegan al crimen organizado. Las empresas establecieron que esto no puede ser su responsabilidad.
“México reclama que los demandados arman a los cárteles mexicanos. De hecho, no. Un grupo de actores criminales son quienes arman a los cárteles de México con los productos legalmente fabricados y distribuidos de los demandados”, continúa.
Señalaron que los cárteles continuarán generando violencia en México independientemente de las prácticas de las empresas fabricantes de armas.
“La violencia que México reclama es independiente a los demandados, en el sentido de que los cárteles continuarán cometiendo la misma violencia (e inflingiendo el mismo daño) independientemente de las prácticas de venta de los demandados. Afirmar lo contrario sería pura especulación”, apuntaron.
En su solicitud de sobreseimiento, las armerías indicaron que su posible responsabilidad se desvanece de mano en mano, pues sus productos pasan por un sinnúmero de intermediarios antes de llegar a los criminales.
“Los demandados colocan productos legales en el flujo altamente regulado del comercio interno de Estados Unidos, donde pasan de mano en mano a través de innumerables intermediarios; algunos terminan en manos criminales a través de los actos ilegales de personas muy alejadas de los acusados y sobre las cuales los acusados no tienen control”, justificaron.
Por ello, indicaron al juez de Massachusetts, con sede en Boston, que México puede llevar sus reclamos ante un juez mexicano en lugar de intentar hacerlo bajo las leyes de EU, pues la competencia de este caso es el lugar donde se ocasionó el daño.
Al respecto, el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, explicó que México ya respondió a este argumento.
“Ellos no tienen su asiento de negocios aquí, entonces en estricto sentido no tenemos jurisdicción. Las leyes extraterritoriales requieren que el presunto responsable esté en territorio mexicano y aunque hagan negocios con el Ejército, que es el único vínculo comercial que existe, por conducto de la Sedena, no tienen representación aquí, ¿dónde lo notificamos?
“Si las notificamos por conducto de la Convención de la Haya es posible que no se sometan a la jurisdicción mexicana y si así fuera y ganamos el juicio, la sentencia la tendríamos que ejecutar en Estados Unidos y podríamos ejecutar la parte del dinero pero ¿cómo hacer que cambien sus políticas de venta?”, dijo.
Es decir, que aunque México gane ante un juez mexicano, no habría modo de obligar a las empresas a cumplir una sentencia condenatoria.