El recién nombrado presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Eduardo Arredondo Uribe, externó su preocupación por el debilitamiento del SEABC.

Podemos sentirnos orgullosos de que en Baja California tenemos el SEA más ciudadano del país, cuenta con más consejeros ciudadanos y contaba con una comisión especial (digo contaba porque la actual administración le quitó facultades a los ciudadanos, regresándola a propuesta del gobernador) para designar al Fiscal Anticorrupción y cuenta con más facultades para actos de corrupción sean sancionados conforme a la ley.

Lo que inició como un gran avance en combate a la corrupción en el estado, vemos con preocupación que poco a poco se está erosionando.

El Comité de Participación Ciudadana se está quedando sin miembros ya que el comité seleccionador no ha designado los nuevos consejeros, el Comité Coordinador está detenido en sus funciones y la Secretaría Ejecutiva no cuenta con los suficientes recursos para llegar a sus objetivos.

En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno del Estado y al Congreso del Estado a redoblar esfuerzos en apoyo al Sistema Estatal Anticorrupción (SEABC).

El mandato del pueblo fue precisamente un gobierno de esperanza que sea más honesto y eficiente en la función pública, un instrumento clave para lograrlo es un SEA fuerte y ciudadano.

Como presidente del CPC estoy en toda la disposición para llegar a acuerdos para este fin, los ciudadanos nos están observando, tenemos que cumplirles.

Cabe mencionar que este 11 de julio fui designado por el apoyo mayoritario del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para ser el presidente de dicho comité por un año.

Una serie de anomalías encontradas desde Recaudación de Rentas Municipal hasta la Sindicatura Municipal, fue expuesta por un empleado de cajas que encontró movimientos irregulares en las cuentas de múltiples usuarios de Ensenada.

Conforme a la investigación, más de 200 empleados y ex empleados del ayuntamiento tienen claves de acceso a el sistema de Recaudación de Rentas, con las que han podido manipular las cuentas.

En noviembre del 2021, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, señaló que la cartera vencida de Ensenada por concepto de predial ascendía a más de 500 millones de pesos, de los cuales, 133 estaban concentrados en 30 cuentas de la zona urbana y rutal de Ensenada.

En medio de la exposición de corrupción al interior del ayuntamiento, la sindicatura municipal anunció en julio la suspensión del entonces director de informática municipal, afirmando que no obedecía a una falta grave.

Aunque la posible red de complicidades inicia en Recaudación de Rentas, la Sindicatura Municipal no tocó a ningún funcionario de esa dependencia.

Se informó que el director de informática -suspendido- se amparó, aparentemente con buenos resultados, ante esto, la Sindicatura Municipal respondió que en relación al proceso de responsabilidad administrativa 13/2022 contra el director de Informática del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, iniciado por esta Sindicatura Municipal, la titular de la dependencia Elizabeth Muños, indicó que la sentencia emitida dentro del juicio de amparo indirecto 457/2022 no ha quedado firme y esta puede ser revocada por una instancia superior.

Por ello, dice, la Sindicatura Municipal impugnará dicha determinación, mediante el recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo, por lo que esta quedará en las manos de los Tribunales Colegiados de Circuito donde se resolverá en definitiva el asunto relativo a la suspensión temporal del servidor público.

Refirió que el servidor público, no regresará al cargo, hasta que se resuelva el recurso de revisión, lo cual puede tardar de 4 a 6 meses.

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Hasta el momento sigue sin existir nombramientos dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, ni siquiera hay propuestas por parte del Poder Ejecutivo para que alguien ocupe la posición, como lo es una de sus facultades según lo estipula la ley en la materia.  

Este desinterés es interpretado por la diputada local, Daylin García Ruvalcaba, como falta una muestra de que el combate a la corrupción no es una prioridad para la actual administración en Baja California.  

“Es un hecho lamentable. Se tiene la facultad por parte del Gobierno del estado no solamente enviar (propuestas) a la Fiscalía sino también a la magistratura anticorrupción. Hay que recordar que esos espacios no están ocupados por un titular que haya sido nombrado propiamente por el Congreso. La facultad de enviar la terna es por parte del Ejecutivo y estamos esperando que tengan a bien llegar al tema que tanto nos interesa en Baja California” expresó la legisladora de Movimiento Ciudadano.  

“Esperemos que lo hagan bien, que manden buenos perfiles y la verdad es que se ve que no ha sido una prioridad de Gobierno del estado ponerle atención al Sistema Estatal Anticorrupción” agregó.  

La creación del Sistema Estatal Anticorrupción fue creado luego de aprobarse su conformación por el Congreso local desde junio del 2017. En cinco años no ha podido operar por falta de presupuesto y organigrama.

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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEABC), durante el marco del Día Internacional contra la Corrupción, se compromete a seguir trabajando como un organismo descentralizado con su propia personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión.

El 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Nacida por una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su importancia radica en la lucha contra las prácticas negativas en distintos países del mundo.

Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), creció la proporción de la población que fue víctima de corrupción en un trámite de gobierno, al elevarse a 15.7 % en 2019 del 14.6 % en 2017. 

“En la SESEABC seguimos trabajando y nos falta mucho por hacer, existen una serie de situaciones que de alguna manera han perjudicado el avance satisfactorio de un Sistema Estatal Anticorrupción tan importante para el Estado y que constitucionalmente debe trabajar, en donde viene a sumarse para que de una manera sistemática disminuya este problema tan complejo y añejo” Indico el Encargado de Despacho de Secretario Técnico, Lic. Francisco Javier Rebelín Ibarra.

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Juzgado de Distrito otorgó amparo y protección a Luis Irineo

Resolución judicial permite restablecer legalidad en SEABC rota por injerencia del gobernador y la secretaria de la Honestidad

El Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, ordenó al gobierno Baja California restituir a Jorge Topete como consejero ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. 

La resolución judicial contra el acto arbitrario y de abuso de poder permitirá restablecer la legalidad y funcionabilidad del SEABC irrumpida por la injerencia directa del gobernador del Estado, ingeniero Jaime Bonilla, a través de la secretaria Vicenta Espinoza.

En el expediente 695/2021, el juez Cuéllar le otorgó a Topete Calvario la suspensión definitiva para que no lo separen del cargo y continúe desempeñando las labores derivadas de su nombramiento, además que instruye a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del gobierno de Baja California que se "abstenga de emitir resolución" en el procedimiento administrativo sancionador. 

Las medidas protectoras del juez federal habilitan a Jorge Topete Calvario a integrar el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con plenitud de derechos y facultades, con base en la hoja número 10 del Considerando Cuarto de la resolución judicial. 

También se ordena a las autoridades estatales que no podrán dictar resolución final en el procedimiento administrativo disciplinario, hasta que el juez de amparo resuelva el fondo de los asuntos planteados, en particular la incompetencia de la SHyFP. 

Además, el Poder Judicial de la Federación otorgó el amparo y protección de la justicia a Luis Irineo Romero en contra de la medida de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, del 14 de abril del 2021, consistente en suspenderlo de su cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

En el expediente del juicio de amparo indirecto 470/202, el Juzgado Quinto de Distrito ordenó a Secretaría de la Honestidad y Función Pública dejar insubsistente el oficio de la separación de su cargo y “se le restituyan al quejoso de los derechos infringidos por las consecuencias del acto reclamado”, según el punto 55, página 28, de la sentencia.

Esta medida judicial representa, además de un triunfo sobre la arbitrariedad y el abuso de poder de la SHyFP, un paso decisivo para encausar la operatividad y restituir la legalidad del área técnica del Sistema Estatal Anticorrupción.

En diversos Juicios de Amparo interpuestos por los consejeros ciudadanos: Claudia Telles Aguilar, Eduardo Arredondo Uribe, Francisco José Fiorentini Cañedo y Fermín Álvaro Gutiérrez Villa, los jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación han otorgado suspensión para que las autoridades de la SHyFP se abstengan de dictar la resolución final en los procedimientos administrativos que desahogan, hasta que el juez federal correspondiente resuelva el fondo de las controversias.

Con estas medidas, la SHFP está imposibilitada por el momento para dictar sanción alguna. 

En su oportunidad, los jueces de Distrito habrán de resolver el fondo sobre asuntos como la incompetencia de la SHyFP para intervenir en el régimen de responsabilidades de los representantes ciudadanos (CPC), la naturaleza jurídica del cargo de representante ciudadano y la ilegalidad de los actos desplegados por las áreas de esta dependencia estatal.

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El partido mayoritario en la Cámara de Senadores, a través de su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, presentó una nueva INICIATIVA de reforma constitucional en materia regulatoria. Pretende desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), órganos constitucionales autónomos, así como a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano regulador coordinado en materia energética, a fin de crear un súper órgano denominado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).

Nota de Mexicanos Contra la Corrupción indica que la propuesta se da a conocer a menos de dos semanas de que el presidente, en su CONFERENCIA MATUTINA del 29 de mayo, considerara que órganos reguladores como la COFECE no son esenciales porque no tiene conocimiento de su denominación:

Éste otro instituto en donde se ampararon porque quieren ganar 200,000 pesos mensuales, que no sé ni cómo se llama. Imagínense, si el presidente no tiene conocimiento pues es algo que no es esencial, y no es esencial porque crearon estos organismos para simular (…) Hay un instituto que se llama instituto de telecomunicaciones, Ifetel (sic), tiene una estructura aparte de 10 consejeros, esos no ganan menos de 100,000 cada uno, 10 o nueve, más de siete, pero como 40 direcciones y asesores.

Lo anterior es de suma relevancia. Más allá de la exposición de motivos realizada por el senador Monreal, la iniciativa de reforma despierta dudas sobre si la motivación para la supresión de los organismos referidos y la creación de un nuevo órgano regulador obedece en realidad a la pretensión del Poder Ejecutivo de modificar sustancialmente la operación de los sectores que el presidente considera como no esenciales. No olvidemos que, en la misma conferencia, López Obrador sentenció: “¿Y qué? ¿Ya no hay monopolios en la comunicación? ¿Ya no hay actores preponderantes, como eufemísticamente se les llama a los monopolios? Entonces, ya no vamos a seguir con lo mismo.”

La propuesta de reforma representa un peligro para el modelo de estado regulador en México. Con el pretexto de implementar la política de austeridad republicana, este nuevo intento de que el Poder Ejecutivo recupere funciones regulatorias representa un nuevo ataque a organismos dotados de autonomía de elevada capacidad técnica.