Con punto de acuerdo, se busca que el Congreso federal exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio de su titular, Javier Jiménez Espriú, a cancelar permanente la plaza de cobro no. 34 “Playas de Tijuana”.

Fue promovido por el diputado Erwin Areizaga, del Grupo Parlamentario de Morena. 

Argumentó el legislador que la autopista Tijuana-Ensenada, inicialmente fue planeada y construida para sufragar los gastos generados del proyecto olímpico en el año 1968, su creación era con plazo determinado ya que, al cumplirse, la Federación cancelaría en su totalidad dicha plaza de cobro, sin embargo el gobierno federal al ver la utilidad que genera dicha plaza de cobro, decidió dejarla de manera permanente.

Tal decisión impacta en una afectación a los residentes de dieciocho fraccionamientos que se ubican después de la plaza de cobro Playas de Tijuana, vialidad que transita hacia el Municipio Playas de Rosarito, ya que la afectación impacta económicamente ante el cobro de peaje en la plaza antes mencionada desde hace ya varias décadas, también es generada porque no existen vías alternas libres de peaje dentro del Municipio de Tijuana para satisfacer necesidades colectivas, económicas, diurnas y actividades de esparcimiento para los habitantes de los dieciocho fraccionamientos.

El tramo carretero de esta autopista entre la plaza de cobro de Tijuana hacia Playas de Rosarito es de 18.5 kilómetros aproximadamente por lo que, el cobro por el uso de esta carretera para los residentes es de casi $3.00 pesos por kilómetro, resultando excesiva la contraprestación por el servicio público. 

Aproximadamente 1,600 de 12,000 residentes repartidos entre los dieciocho fraccionamientos, suscribieron convenio con Caminos y Puentes Federales, siendo el fideicomiso y el concesionario, para obtener el 50% de la tarifa principal de $39.00 pesos pero aún con dicho descuento se tiene una afectación económica por integrante de cada familia de hasta $546.00 pesos por semana.

Esta concesión otorgada por el Ejecutivo Federal tiene más de treinta años, lo que permite claramente concluir con las condiciones de inversión y mantenimiento plasmada en la autorización original, es decir, el concesionario recuperó y sobrepaso la suerte principal, (información que se podrá corroborar al requerirle dicha información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o sus áreas que derivan de ella).

Lo anterior dicho tiene una afectación constitucional a los ciudadanos residentes del tramo autopista Tijuana-Rosarito, violando el derecho de tránsito, donde determina que toda persona tiene derecho a viajar por su territorio sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante, entendiendo salvo conducto como el requisito económico identificado como peaje, para el cruce de dicha vialidad, siendo esta, perteneciente al municipio de Tijuana, Baja California.

Tras el fuerte accidente que cobró la vida de una persona el pasado 15 de julio en la caseta de cobro en la autopista La Rumorosa - Tecate, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró que es una obra complicada y buscarán que se habiliten carriles lo más pronto posible sin poner en riesgo la vida de los automovilistas. 

Arturo Espinoza Jaramillo, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, señaló que actualmente se realizan trabajos en el desmantelamiento de la techumbre y los equipos operativos. 

Posteriormente se realizará un análisis de los daños estructurales y se procederá a programar el tiempo estimado para la reparación de la Plaza de Cobro. 

CAPUFE informará en tiempo y forma cuando se tenga un estimado sobre la duración de los trabajos que llevarán el reinicio de las operaciones normales en la Plaza de Cobro.

Un automóvil se incendió en plena caseta de cobro Rosarito -Tijuana sobre la carretera escénica Tijuana - Ensenada.

Lo que ha generado algo de tráfico sobre la vialidad.

Al lugar acudieron elementos de bomberos para sofocar las llamas, hasta el momento se desconoce el motivo del siniestro.

No hay víctimas que lamentar, solo daños materiales.

Así es como quedó el automóvil incendiado:

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Videos de las cámaras de vigilancia de una caseta de cuota de la autopista México-Querétaro revelaron el momento de la huida de José Artemio Maldonado Mejía “El Michoacano” / “El R” / “El Rabias”, que junto con ocho de sus cómplices, se fugó de un penal del estado de Hidalgo.

En las impresiones de pantalla de las grabaciones se ve a quien se erige como líder del Cártel de Pueblos Unidos a bordo de una camioneta sobre la carretera .

A través de las cámaras de vigilancia del “Proyecto Hidalgo Seguro”, las autoridades lograron identificar seis de las camionetas utilizadas para la fuga del capo.

De acuerdo al informe de seguridad, los vehículos ingresaron al municipio de Tula, Hidalgo, a las 12:49 horas aproximadamente.

Las camionetas fueron captadas cuando circulaban sobre carretera a Michimaloya a la altura de la colonia La Malinche, de ese municipio.

Los reportes señalan que las unidades fueron utilizadas en los hechos de violencia con los que un grupo armado sustrajo del penal a “El Michoacano” y sus cómplices.

Otras de las grabaciones dan cuenta del momento en el que más tarde, Artemio Maldonado se detiene y paga su peaje a bordo de una camioneta pickup color gris.

Vestido con una chamarra azul celeste, “El Rabias” cruza esa caseta a las 4:40 con 41 segundos de la mañana, aunque no se ha dado a conocer de qué tramo carretero.

Segundos después es captada la placa de la camioneta en la que el líder criminal se traslada, sin que se aprecie de qué entidad es, pues solo se ve el número (PBM-9506).

Las imágenes ya son analizadas por las áreas de seguridad del estado de Hidalgo, así como de la federación, para determinar el rumbo al que huyó “El R”.

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La licenciada Mónica Jiménez, líder y representante del movimiento “No al cobro de la caseta en Playas de Tijuana”, exhortó a la comunidad de Playas de Tijuana a que registren sus vehículos ante Caminos y Puentes Federales (Capufe), para ser incluidos en el padrón y no ser objeto de cobro.

“Cuando iniciamos este movimiento mucha gente me dijo que sería imposible siquiera fuéramos atendidos, hoy día estamos en un momento histórico ya que los habitantes de Playas de Tijuana tenemos la posibilidad de ser incluidos en un programa federal en el que sólo si registran sus vehículos podrán transitar sin la necesidad de un pago en la caseta de cobro”, dijo la activista.

Jiménez recordó durante seis años ha insistido al grado que incluso hasta el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, incluyó en su agenda el tema al grado que mediante un acto protocolario realizado en la caseta de Playas se anunció el programa que está por concluir.

Reiteró Jiménez que lo más importante es que lejos de tratarse un movimiento más, al final es tan importante que la mancha urbana ha crecido a tal grado que quienes resultaron afectados es una comunidad que forma parte de Tijuana la cual se ve mermada en sus economías.

“Estamos en un momento en el que tenemos que hacer llegar este mensaje para que después no se genere alguna clase de inconformidad ya que los habitantes de playas, enviando la documentación que requiere Capufe, gozarán del beneficio por el que durante un sexenio hemos luchado”, dijo Mónica Jiménez.

 Para aquellos interesados que quieren disfrutar del beneficio deberán registrarse a un padrón de Capufe y enviar la siguiente documentación:

Escanear por ambos lados la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o pasaporte en caso de extranjeros, comprobante de domicilio como recibo de agua, luz o teléfono, factura del vehículo o equivalente, tarjeta de circulación o equivalente y la solicitud de IAVE debidamente completada al correo electrónico c34res@capufe.gob.mx

Para aquellos que aún no tengan solicitud pueden pedirla a la página Facebook de la activista y líder del movimiento “No al cobro en caseta de Playas”, Mónica Jiménez, https://www.facebook.com/MonicaJimenezTJ/ ya que el beneficio es para todos, siempre y cuando se registren pues el plazo concluye el 31 de marzo.

A pesar de que el grupo parlamentario del PT aseguró que con estas reformas se van a criminalizar las protestas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones reformas a las Vías Generales de Comunicación para castigar hasta con 7 años de prisión y una multa de hasta 43 mil 440 pesos, equivalentes hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien tome casetas.

Esta reforma describe en su modificación al artículo 533: “a quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpa la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpa la prestación de servicio, operación, o deteriore las vías generales de comunicación o los medios de transporte, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen por éstas, se le sancionará con una pena de dos a siete años y una multa de doscientas a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito”, define.

Al fundamentar el dictamen y desde plataforma digital, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), precisó que la intención es brindar mayor certeza jurídica y garantizar el Estado de derecho en las vías generales de comunicación.

Mencionó que se sanciona a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, en algunos de ellos, con afanes de lucro.

Es conocido, dijo, el fenómeno que se da en el país sobre el bloqueo de casetas de cobro, lo cual afecta “a que mercancías de primera necesidad no lleguen a su debido tiempo; en casos extremos paraliza la actividad económica, incrementa los precios de algunos productos y pone en riesgo la integridad y la seguridad de los usuarios de las mismas”.

El diputado Pérez Díaz precisó que en los hechos, se han visto en bloqueos a las vías generales de comunicación a personas que son seudomanifestantes. La propuesta no pretende criminalizar ni coartar el derecho a la libre manifestación.

Los bloqueos, añadió, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va del presente año, originaron pérdidas sectoriales cercanas a los siete mil millones de pesos; esto representa un golpe a las finanzas del Estado mexicano.

En el presente año, los bloqueos a las vías férreas se han incrementado 119 por ciento respecto a 2019, y en promedio su duración es de 12 días. Al paralizar puntos estratégicos se entorpece el traslado de mercancías y la actividad económica.

El objetivo es coadyuvar a dotar de las herramientas necesarias para que las y los ciudadanos cuenten con mayor seguridad y se evite el desorden, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y atender este fenómeno que daña al Estado y a la sociedad.

Con el establecimiento de las sanciones propuestas, “los que dictaminamos entendemos que son proporcionales con la gravedad de la sanción, ya que tratan de compensar el perjuicio al patrimonio de la Federación, ocasionado por quienes realizan las acciones de bloqueo y que impiden el cobro derechos de peaje y por el uso de carreteras federales”.

Se busca que quien interrumpa la prestación de servicios u operación de carreteras, vías férreas y aeropuertos se les imponga un castigo; se establecen agravantes para sancionar con mayor fuerza cuando tienen fines de lucro. La seguridad e integridad de los usuarios de carreteras de cuota está en constante riesgo, pues al no cubrir la cuota de peaje no se cuenta con una póliza de cobertura ni están protegidos ante accidentes viales.