No hay claridad ni transparencia en el contrario de arrendamiento de equipo para recolección de basura que hizo el ayuntamiento de Ensenada, aunado a que representa un gasto más para las arcas municipales, señaló la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo.

Indicó, que al inicio de la administración, se le dio “la confianza” al alcalde Armando Ayala Robles, con la renta de camiones recolectores, aunque esto significara no dar una solución concreta al problema.

“Había un rezago en la recolección de basura y no había solvencia económica, pero, no ha cambiado nada. No funcionó el servicio de Ecoterra, el cual sería un proyecto complementario y ahora no se ha hecho una análisis de costo beneficio, y se vuelve a hacer un contrato”, dijo.

La edil, afirmó que el nuevo contrato no contempla la compra de los camiones, por lo que ha sido cuestionado por los ediles, y se solicitó el documento que establece bajo qué condiciones se dio el arrendamiento a Lumo Financiera del Norte.

Indicó, que se gastará mucho dinero y al final de la administración no habrá equipo para mejorar el servicio de recolección de basura; dicho contrato, contempla un periodo de 6 meses con pago de más de 11 millones de pesos, con valor residual en caso de compra, de hasta 25 mdp.

“Si en un año se gastan 26 mdp con Ecoterra, más el de Lumo se pagará casi 60 millones de pesos anualmente, lo que resulta irresponsable porque no hay austeridad que pregonaron”, enfatizó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en el Gobierno federal, con el objetivo de ampliar la información pública disponible, actualizar mensualmente los contratos gubernamentales y hacer más accesibles los datos relacionados con las filiales de Pemex y CFE, auditorías y procesos de fiscalización.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto busca ir más allá de las obligaciones actuales de la Ley General de Transparencia y consolidar el principio de máxima publicidad en la administración pública.

La funcionaria informó que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (Inai) y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción, la Plataforma Nacional de Transparencia fue estabilizada y contará con nuevas herramientas para facilitar la consulta, descarga y análisis de la información. Además, anunció que en un plazo máximo de 30 días hábiles se incorporarán nuevos contenidos de interés público.

Buenrostro detalló que el decreto se estructura en cuatro ejes principales: contrataciones públicas, filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, así como una invitación a los demás poderes y órdenes de gobierno para adoptar el principio de máxima publicidad.

Entre las principales medidas destaca que todos los contratos del Gobierno federal dejarán de publicarse de forma trimestral y estarán disponibles cada mes, con el propósito de mantener actualizada la información sobre adquisiciones y obras públicas.

Asimismo, las empresas filiales de Pemex y CFE deberán transparentar información adicional, incluyendo estados financieros, informes presentados ante autoridades extranjeras, reglas de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.

En materia de fiscalización, el Gobierno también difundirá datos sobre los programas anuales de auditoría, estadísticas, seguimiento a observaciones y el padrón de despachos de auditores externos.

La administración federal adelantó además que propondrá reformas a la Ley General de Transparencia para limitar las causales de reserva de información únicamente a asuntos de interés público y seguridad nacional, privilegiando la publicación de versiones públicas cuando sea posible.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum afirmó que el nuevo esquema permitirá garantizar el acceso a la información sin los costos que representaba el Inai, organismo que, según señaló, implicaba un gasto superior a mil millones de pesos anuales.

"Es transparencia total del Gobierno de México", afirmó la mandataria, al señalar que con el decreto ya no quedará a criterio de los servidores públicos decidir qué información puede hacerse pública, sino que existirán lineamientos claros para definir cuándo procede una reserva por razones de seguridad nacional o por la existencia de procedimientos administrativos o judiciales en curso.

Finalmente, Sheinbaum anunció que al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso enviará una iniciativa para incorporar el contenido del decreto a la Ley General de Transparencia, con el fin de convertir estas disposiciones en obligaciones permanentes para el Gobierno federal.

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El Ayuntamiento de Tijuana que encabeza la alcaldesa Montserrat Caballero fue reconocido en el Foro de Infraestructura Abierta: Datos Abiertos para Transparentar la Obra Pública en México.

Con cinco obras postuladas, Tijuana fue en el municipio que más proyectos de obra colocó, recibiendo así el primer lugar en materia de infraestructura abierta.

Este evento es parte de una iniciativa promovida por el INAI, México Evalúa, Infraestruture Transparency Initiative, Open Contracting Partnership, Comisión de Estado Abierto y de Transparencia Proactiva, el cual busca contribuir a la generación, administración y divulgación de datos y documentos sobre los proyectos de infraestructura y las contrataciones que se llevan a cabo durante su desarrollo.

Durante su ponencia en el panel “De la teoría a la práctica”, la alcaldesa Montserrat Caballero destacó la importancia de la apertura de datos a la ciudadanía y la rendición de cuentas en cualquier obra de infraestructura. 

“En Tijuana no había transparencia por los gobiernos anteriores y hoy vemos las consecuencias: edificios que se caen, puentes que colapsan, pero ahora (con infraestructura abierta) mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos”, expresó.

Apuntó también que con la rendición de cuentas, a los ciudadanos se les brinda certeza jurídica de qué es lo que se hace con su dinero y quiénes y cómo serán los responsables de trabajar las obras que les brindarán dignidad y seguridad en materia de infraestructura.

El XXlV Ayuntamiento participa desde febrero 2022 en la iniciativa Infraestructura Abierta, que a lo largo de más de un año constó de siete etapas.

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Las lluvias que se registraron en la región, han hecho evidente la mala calidad de los asfaltos, la falta de supervisión en las obras de pavimentación, la pobre infraestructura vial y la falta de mantenimiento y limpieza de los pluviales, afirmó la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, Carmen Íñiguez Casanova.

Si bien es cierto, dijo, las lluvias han sido copiosas y son necesarias para recargar los mantos acuíferos, la saturación del suelo es evidente, produciendo escurrimientos en las diferentes zonas de la ciudad, evidenciando la mala calidad de los materiales utilizados en las obras de reencarpetado o rehabilitación de las calles, en las que pueden apreciarse baches, socavones, hundimiento de registros, lodo y basura.

"Para los residentes de Ensenada, es fácil identificar las zonas que año tras año registran inundaciones, las que además requieren de grandes inversiones para corregirlas, entre estas: la calle segunda y los vados por donde pasa el arroyo Ensenada, por mencionar algunas" dijo.

Agregó que esas zonas anegadas, no tienen la más mínima esperanza de ser atendidas por parte de las autoridades, ya que es más fácil culpar a los gobiernos anteriores que gestionar inversiones o recursos para ello. 

A través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación atestiguamos la problemática que varios colonos y ciudadanos enfrentaron, hubo quienes sufrieron afectaciones en sus bienes, en sus carros o para llegar a sus trabajos, expresó. 

Íñiguez Casanova señaló que se deben auditar las obras que el gobierno realiza, para constatar la calidad de los materiales y la forma en que se llevan a cabo los trabajos, no es posible que el ciudadano pague sus impuestos, y pague más por servicios públicos que no recibe, como el alumbrado, obras o vialidades en buen estado. 

Afirmó que el ciudadano está cansado de escuchar como los gobiernos de Morena solo culpan al pasado, ya tienen años gobernando y no lo hacen bien, están más ocupados en los temas electorales que en hacer obras y gobernar para el pueblo.

Va un reconocimiento para los bomberos, policías y personal de protección civil, ya que sin contar con el equipo o las unidades necesarias, atendieron a la población afectada por las intensas precipitaciones, puntualizó.

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Con una inversión superior a los 4.5 millones de pesos, el gobierno de Ensenada recibió un donativo de tres camiones tipo de redilas para fortalecer la operatividad de los departamentos que integran la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

En el evento realizado en el vado de la calle Tercera en la Zona Centro, el presidente municipal reconoció el compromiso de Energía Costa Azul (ECA), pues estos camiones forman parte del equipamiento que la empresa donará mediante el Plan de Inversión Social en beneficio de la población ensenadense.

Con este nuevo equipamiento se reforzarán las acciones que diariamente realizan las cuadrillas de Mantenimiento; Limpia; Panteones, Parques y Jardines, para cumplir con el compromiso de mejorar la prestación de los servicios públicos y embellecer el municipio.

Carlos Flores, gerente de Desempeño Social y Comunicaciones de Energía Costa Azul LNG, enfatizó que desde que la empresa entró en funcionamiento, ha mantenido su compromiso a largo plazo con Ensenada y el Plan de Inversión Social, es la materialización de dicho compromiso.

Detalló que este año que está por terminar, se pusieron en marcha 24 acciones por más de 288 millones de pesos, de las que concluyeron 14 que ya fueron donadas al municipio por un monto superior a los 150 millones de pesos.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), para reorganizar el funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de magistrados de dicho órgano, plantea entre otros aspectos, ampliar de tres a cuatro años la presidencia, grabar las sesiones, dotar de atribuciones a la Sección Tercera especializada en sanciones a servidores públicos y la obligatoriedad de guardar absoluta confidencialidad de los casos.

Adicionalmente prevé nuevas causales para la remoción de los magistrados, entre las que sobresalen tener “notoria ineptitud o descuido” en el desempeño de sus funciones, no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo de la función judicial, acosar u hostigar sexualmente valiéndose de su posición jerárquica sobre otra persona de su entorno laboral o intervenir para la contratación de parientes, cónyuges o concubinas en órganos jurisdiccionales o áreas administrativas del tribunal.

La iniciativa turnada a las Comisiones de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción para su análisis y dictamen establece la obligación de los servidores públicos del TFJA de guardar “absoluta reserva y confidencialidad de la información” de los procedimientos que se substancien a fin de evitar faltas administrativas.

Adicionalmente prevé nuevas causales para la remoción de los magistrados Foto: Especial

Evidencia de reuniones

Plantea además que las sesiones del tribunal puedan ser grabadas a fin de tener evidencia precisa de lo que ocurre en las reuniones, con lo cual, señala la iniciativa, se privilegiará la transparencia en las funciones del organismo.

En caso de que la propuesta del titular del Ejecutivo sea aprobada en San Lázaro, el TFJA podrá conocer sobre la terminación del servicio de agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones policiales federales, mientras el pleno resolvería asuntos de responsabilidades en que se involucre a las y los magistrados de salas regionales,

También propone que los integrantes de la Sección Tercera del TFJA sean elegibles para ocupar la presidencia del tribunal y en donde la persona decana tendrá preferencia para la nominación correspondiente, situación que el texto vigente no está permitida.

El proyecto incorpora la obligación de los magistrados de razonar sus votos particulares dentro de los diez días siguientes a la fecha de la sesión que emita la sentencia correspondiente.

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