Los empresarios que no pagan el agua “son traidores a Baja California”, dijo el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Puso como ejemplo a Calimax que ha ganado mucho dinero con los bajacalifornianos, “la familia Fimbres”.

Vino a la CESPT, informó en la transmisión de esta mañana de miércoles, José Fimbres por un adeudo de 11 millones por agua y en el cheque que entregó le puso “pago a lo indebido”.

El señor está pagando lo debido, mencionó el gobernador Bonilla Valdez.

La secretaria de Honestidad y Función Pública del Estado, Vicenta Espinosa, explicó que esos empresarios asesorados por sus abogados le ponen esa leyenda de “pago a lo indebido” para presentar su demanda ante los tribunales de Lo Contencioso.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó los logros de su administración en materia hídrica y recordó el pasado del estado en relación con la privatización del agua. Durante la conferencia "mañanera", afirmó que durante años, el Partido Acción Nacional (PAN) privatizó el agua, afectando el acceso del pueblo a este recurso vital.

"Hoy se está construyendo con el apoyo del gobierno de México y del estado, y con ello vamos a garantizar el agua durante los próximos años", afirmó la mandataria. Entre los proyectos destacados, mencionó la desalinizadora de Rosarito, considerada como la más grande en su tipo, que forma parte de los esfuerzos por fortalecer el abastecimiento hídrico en la región.

Además, informó que todos los municipios cuentan con disposición de agua para el consumo de los bajacalifornianos, gracias a la reforma de ley de agua impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

Marina del Pilar resaltó que Baja California se ha convertido en un referente nacional en diversos ámbitos, incluyendo la inversión histórica en movilidad, salud, desarrollo económico y bienestar social.

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En el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, en Baja California, calificando el hecho como histórico.

La medida permitirá que los municipios dejen de pagar a intermediarios por el suministro del recurso hídrico, garantizando el abasto para los próximos 30 años.

Fin a la comercialización del agua

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que esta acción forma parte de la nueva política hídrica que busca eliminar privilegios.

Señaló que anteriormente los municipios tenían que comprar el agua a un Distrito de Riego que ya no la utilizaba para actividades agrícolas, pero que obtenía ingresos millonarios por su venta.

“Recibía 200 millones de pesos al año por venderle el agua a los municipios”, detalló.

Cambios con la nueva ley

El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, explicó que la nueva Ley Nacional de Aguas elimina prácticas como:

• Transmisiones de derechos entre particulares
• Cambios de uso con fines de lucro
• Acaparamiento del recurso
• Uso ilegal del agua

Además, se reconocen sistemas comunitarios en ejidos y pueblos indígenas, fortaleciendo el acceso equitativo.

De acuerdo con autoridades, en los últimos cinco años los municipios de Baja California pagaron más de 531 millones de pesos por el suministro de agua bajo el esquema anterior.

Con la entrega de concesiones, se asegura el suministro a largo plazo y se busca fortalecer la inversión en infraestructura pública.

“Justicia hídrica” para el estado

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que esta medida representa el inicio de una nueva etapa para el estado.

Afirmó que se trata de una decisión que elimina la incertidumbre y devuelve el control del agua a la población, en lo que calificó como una era de justicia hídrica.

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El Secretario del Agua de Baja California, Víctor Daniel Amador Barragán, confirmó que la decisión de Estados Unidos de no enviar agua a Tijuana no tendrá repercusiones para la ciudad. Señaló que el flujo de agua continuará a través del Río Colorado, tal como lo establece el acta 240 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

Amador Barragán aseguró que la situación de almacenamiento en la presa El Carrizo, que se encuentra al 70% de su capacidad, y las mejoras en la infraestructura hídrica garantizan el abasto del vital líquido para la ciudadanía, eliminando preocupaciones sobre cortes en el suministro.

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Durante la administración estatal pasada, con Jaime Bonilla Valdés como gobernador, hubo la intención de aplicar cortes definitivos del servicio de agua potable a usuarios domésticos que tuvieran adeudos con las Comisiones de Servicios Públicos del estado, aún y cuando esto se encuentra prohibido en tratados internaciones de derechos humanos a los que México se encuentra adherido.  

Lo anterior fue expresado por el diputado Juan Manuel Molina García, quien al ser legislador reelecto pudo asegurar que la administración anterior envió varias propuestas de reformas constitucionales que contemplaban realizar dichas acciones.

“Los tratados internacionales estipulan que se debe privilegiar el consumo doméstico, sobre cualquier otro. Inclusive hubo reformas que nos mandaron de la administración pasada en donde intentaron que se cortará el servicio doméstico y eso siempre lo dejamos fuera”, sostuvo.  

El diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestó que hacer cortes definitivos al agua de usuarios domésticos esta totalmente descartado en Baja California, aún con el escenario de sequía que se vive actualmente, púes siempre se garantizará el mínimo vital a la población.

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Marco Antonio Moreno Mexía, secretario de Hacienda de Baja California, informó que se logró licitar un crédito a corto plazo con una nutrida participación de la Banca Comercial. 

Dicho crédito genera ofertas por un monto de 1.7 veces el monto requerido de dos mil millones de pesos, lo que tiene un impacto positivo en las finanzas públicas estatales, y por ende en el funcionamiento de las prioridades de la administración pública. 

El acuerdo gestionado por el Gobierno Estatal representa una extraordinaria mejoría a las tasas de las últimas transacciones del Estado.

Cabe señalar que se logró cerrar una tasa de fijación de precio sustancialmente más baja, cerrando con una tasa efectiva de 6.9 por ciento, mucho menor a las últimas transacciones de la administración de Jaime Bonilla, pues estas oscilaban entre el 17 y el 19 por ciento. 

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