En votación cerrada se aprueba por el Cabildo de Mexicali eliminar el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

En sesión extraordinaria se aprueba por el Cabildo de Mexicali la Reforma constitucional referente a la desaparición del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, nombramiento de Magistrados y las modificaciones del Sistema Estatal Anticorrupción. La votación fue de 9 votos a favor y 6 en contra.

El Cabildo de Mexicali aprobó la reforma del Poder Judicial del Estado, aprobada previamente por el Congreso del Estado el pasado 31 de julio.

El regidor Héctor Ibarra Calvo, del Partido Acción Nacional (PAN), se manifestó en contra de aprobar esta reforma de ley por el Cabildo de Mexicali.

Por otra parte el residir panista Diego Echeverría se opuso a esta reforma aprobada en el Congreso del Estado, argumentando que debía analizarse y discutirse en los Cabildos de Baja California para que tenga vigencia dichos cambios constitucionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo la reforma aprobada por el Congreso de Baja California para desaparecer el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE).

El incidente de suspensión de la controversia constitucional 187/2020 se publicó esta tarde en la lista extraordinarias de notificaciones.

Establece que se concede la suspensión solicitada por el Poder Judicial del Estado.

La medida se asegura: “surtirá efectos de inmediatos y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente”.

El Gobierno del Estado propuso la reforma que también establece un nuevo esquema de designación de Magistrados a través de una terna presentada por el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado, el pasado 19 de octubre de 2020 fue aprobada.

El diputado del Partido de Baja California (PBC), Rodrigo Aníbal Otañez Licona advierte caos judicial con la desaparición del Consejo de la Judicatura.

Recordó que el Consejo de la Judicatura es vital para la impartición de justicia, ya que es el órgano de control interno del Poder Judicial, regulando la función administrativa, y organizando los concursos para aspirantes a magistrados, incluso, regulaban a jueces y magistrados.

“Ahora, ¿van a ser ellos mismos los que se van a sancionar, o a quién eligirán para nombrar nuevos magistrados y jueces? Vemos como un gran retroceso. Vemos un descontrol total en los tres poderes gubernamentales, pues hay intromisiones del Ejecutivo hacia los otros, sobre todo”, analizó.

Del gobierno estatal observa, sobre todo, que no se le ve un plan de gobierno, una línea de trabajo clara; “y es lamentable, porque afecta la vida de todos en Baja California”.

Como diputado, Rodrigo Otañez informó que ha desarrollado una dinámica interesante, con firmeza en sus convicciones personales y de su partido, el PBC, de tal manera que “no hemos cedido a presiones, hemos sido muy claros, con mucho respeto, y donde sí coincidimos, trabajar unidos para el bien de Baja California”.

A un año de inicio de esta legislatura, recordó, “lo que planteamos lo hemos cumplido, y seguimos adelante con el proyecto que nos hemos fijado, defendiendo y aportando a las causas justas”.

Por último, reiteró su invitación a los ciudadanos a que se involucren más en las tomas de decisiones públicas; “es el momento que los hagan suyos, y, en la medida que se involucren, va a mejorar nuestro entorno.

En el periodo de la emergencia sanitaria por el COVID-19 (marzo a la fecha), se realizaron seis mil 25 audiencias en el estado, el 83 % de forma virtual, reportó el Poder Judicial del Estado.

Los trabajos del Sistema de Justicia Penal Oral (SJPO) continuaron bajo estrictas medidas de higiene; se efectuaron audiencias iniciales de flagrancia, de formulación de imputación, de vinculación a proceso, para órdenes de aprehensión, intermedias, de procedimiento abreviado, entre otras.

Las autoridades del Poder Judicial de Baja California, detallaron que del 18 de marzo a la fecha se han llevado a cabo 2 mil 442 audiencias en Mexicali, 2 mil 302 en Tijuana, 461 en Ensenada, 575 en Tecate y 245 en Playas de Rosarito.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda destacó que en seguimiento al protocolo de higiene para el ingreso a las instalaciones emitido por el Consejo de la Judicatura, se ha privilegiado el uso de las herramientas tecnológicas que permiten llevar a cabo audiencias de forma virtual, en donde el imputado se encuentra solamente acompañado por su defensor, en otro espacio el ministerio público y en otro, el Juez que atiende el caso.

El desahogo de las audiencias de forma virtual ha permitido evitar aglomeraciones en las instalaciones de los juzgados y salas del sistema penal.

Jorge Ignacio Pérez Castañeda, reconoció el esfuerzo del personal que colabora en el SJPO, quienes en atención y respeto a los plazos procesales organizaron de manera virtual el desarrollo de las audiencias.

La desaparición del Consejo de la Judicatura en Baja California, tiene que revertirse a través de mecanismos legales en la Suprema Corte de Justicia, señaló Carlos Atilano Peña, abogado tijuanense.

El Congreso Local ha sido un instrumento del Poder Ejecutivo, es decir el gobernador ha utilizado a los legisladores para debilitar al Poder Judicial, añadió.

El también titular de la Coordinación de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), señaló que avala y respalda la controversia constitucional que seguramente el poder judicial promoverá ante la SCJN.

Lo que el gobernador Jaime Bonilla pretende es someter al poder judicial, nombrar a magistrados y eso sería tener el control de la justicia en el estado, advirtió.

La autonomía del poder judicial se debe defender, los colegios, asociaciones y barras de abogados estamos en contra de que se vulnere su autonomía recalcó.

El Poder Legislativo de Baja California es de mayoría morenista, de ahí la influencia del Ejecutivo sobre los diputados, refirió.

“La aprobación en lo general y en lo particular del dictamen 49 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales debilita el carácter jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, al dotarlo de un cúmulo importante de atribuciones de carácter administrativo, que incidirán en distraer a los magistrados en su actividad principal, que es la de impartir justicia y por ende estos en perjuicio de los justiciables; en el caso del Consejo de la Judicatura, no solamente esta propuesta no lo fortalece, sino que, por el contrario, lo desaparece”, señaló la diputada Eva María Vásquez Hernández durante su intervención en sesión virtual del Congreso del Estado de este viernes.